MADRID.- El Gobierno ha aplazado de nuevo la aprobación del real decreto ley que ha elaborado y que crea un sistema extrajudicial de negociación, de tal manera que fuerza al consumidor a aceptarlo frente al banco en lugar de acudir a los tribunales.

La decisión ha sido adoptada por la bronca suscitada este jueves al conocerse el borrador que maneja el Ejecutivo y que ha originado protestas de juristas, organizaciones de consumidores y partidos de la oposición, según reconocen fuentes gubernamentales.

El PSOE también había transmitido al Gobierno que no iba a contar con su apoyo en el Parlamento, debido a las "irregularidades" que contenía el borrador, indican fuentes de esta formación política. También había dudas en Ciudadanos sobre este documento.

El documento, elaborado por Economía, ha sido difundido en exclusiva este jueves por Público. El borrador fuerza al consumidor a pactar con el banco, dadas las condiciones que incluye. Por ejemplo, en caso de discrepancia permite que la entidad no pague las costas procesales si pierde el pleito, ni los gastos de notario, ni tampoco incluía el pago de intereses devengados.

Por si fuera poco, permite otras fórmulas de compensación, en lugar de lo que dice la Ley en caso de allanamiento del banco: el pago en metálico con sus intereses.

Numerosos juristas, como Verónica del Carpio o Ignacio Gomá han protestado en las redes sociales y en los blogs jurídicos a causa de las condiciones que incluía el borrador de decreto. A estas publicaciones se han sumado mensajes de protesta enviados por parte de notarios, letrados de la administración de justicia y perjudicados, entre otros.

El PP busca el consenso con el PSOE, que necesita para la posterior tramitación del decreto ley en el Congreso de los Diputados, según fuentes socialistas.

También había dudas entre Ciudadanos, partido que, al igual que los socialistas, ha recibido en las últimas 24 horas numerosas llamadas de juristas alertando del desequilibrio que situaba este decreto al consumidor frente al banco, lo que incumple la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El grito en el cielo

Al mismo tiempo, varias organizaciones de consumidores, como la OCU, habían puesto el grito en el cielo en las últimas horas al conocer el contenido del borrador que manejaba Economía y que fue desvelado por Público.

Fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press se escudan en que se pretende consultar con el Banco Central Europeo (BCE) al afectar al sector financiero. El Banco de España estima en 4.200 millones de euros el impacto para los bancos.

Este borrador es fuente de disputa entre los titulares de Economía y Justicia, mientras el ministerio de Sanidad –del que dependen los consumidores- no ha dicho nada al respecto tras la sentencia del TJUE del pasado diciembre que considera que una cláusula suelo, si es abusiva, lo es desde que se firmó y no desde 2013 como pretendía el Supremo.

Es la segunda vez que el Gobierno aplaza su decreto, después de que no enviara al Consejo de Ministros del 23 de diciembre un código de buenas prácticas para facilitar la devolución de lo cobrado de manera abusiva por los bancos y que incluía la jurisprudencia del Supremo según la cual las cláusulas son nulas si no han sido explicadas de manera transparente y con escenarios previsibles de comportamiento de los tipos de interés.

Por su parte, el Tribunal Supremo tiene previsto celebrar un pleno jurisdiccional a finales de mes para resolver las varias decenas de casos que había dejado paralizados a la espera de la sentencia del TJUE y para trasladar su doctrina a España.