Bustinduy abre expedientes sancionadores a gestoras de pisos turísticos por prácticas engañosas
Consumo inició una investigación en diciembre a grandes empresas que, entre otras prácticas, en sus anuncios para el alquiler de pisos turísticos se hacen pasar por particulares.
Las prácticas engañosas pueden acarrear multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
Madrid-
"Fran y Marta" o "Marco" son lo que en plataformas como Aribnb se conocen como "superanfitriones", perfiles de personas o familias modélicas que alquilan sus pisos, supuestamente en determinadas temporadas del año, las más turísticas, con el objetivo de tener algunos ingresos extra para mejorar su calidad de vida y darle un futuro mejor a sus hijos.
Pero detrás de estos perfiles se ocultan grandes empresas gestoras de pisos turísticos que manejan un negocio de miles de viviendas. El pasado mes de diciembre, la Dirección de Consumo, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, inició una investigación sobre este asunto.
El objetivo, motivado por las pesquisas y sospechas recogidas hasta el momento, era dilucidar si realmente había grandes gestoras de pisos haciéndose pasar por particulares para granjearse la confianza de potenciales inquilinos que prefieren gastar su dinero si detrás del alojamiento hay una familia de carne y hueso con su propia historia, y no una gran corporación que factura millones de euros.
La investigación se ha saldado, según una nota del ministerio dirigido por Pablo Bustinduy, con la apertura de expedientes sancionadores a varias grandes gestoras de pisos turísticos por prácticas engañosas.
Consumo requirió información a varias empresas que operan en todo el territorio nacional comercializando alojamientos turísticos en régimen de alquiler. Los datos recopilados constatarían que estas empresas estarían ocasionando "lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada".
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"Información falsa o que pueda inducir a error"
En concreto, en la investigación la Dirección General de Consumo ha detectado que estas grandes gestoras estarían ofreciendo "información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios", lo que supondría una práctica engañosa susceptible de alterar el comportamiento económico, como define el Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal.
Esto, recuerdan desde el ministerio, es, por ejemplo, indicar en el anuncio que quien gestiona un alojamiento turístico es una persona particular, o varias, cuando en realidad se trata de una empresa.
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Estas prácticas se considerarían engañosas en base al Artículo 27 de la Ley de Competencia Desleal, donde se detalla que "afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional" así como "presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario" son acciones contrarias a la normativa.
Según el precepto legal, recuerdan desde el ministerio, estas prácticas pueden llegar a calificarse, además, como infracciones graves, con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito que haya obtenido cada empresa por haberlas llevado a cabo.
En todo caso, la Dirección General de Consumo recalca que la apertura de estos expedientes no prejuzga el resultado final de los mismos. En diciembre, el ministerio liderado por Bustinduy abrió un procedimiento sancionador a Airbnb por publicidad ilícita, al detectar que esta gran empresa ofertaba pisos turísticos sin la licencia requerida para ello.
Consumo ya abrió un expediente sancionador a Airbnb por publicidad ilícita y mantiene abierta una investigación a inmobiliarias
Previamente, Consumo había advertido a la plataforma de la necesidad de retirar "de forma inminente" miles de anuncios que podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales.
Asimismo, Consumo mantiene abierta otra investigación (que inició en octubre del pasado año) contra varias agencias inmobiliarias por prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, como la obligación de pagar una comisión por facilitar el arrendamiento.
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