El Gobierno pacta con CCOO y UGT una subida salarial de hasta un 9,5% para los funcionarios en tres años

CCOO y UGT han aceptado este lunes la propuesta del Gobierno para la subida salarial de los funcionarios de hasta un 9,5% en los próximos tres años, mientras que CSIF lo ha rechazado. Este acuerdo quedará recogido en los Presupuestos Generales del Estado.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha confirmado, a través de un comunicado, que "la Mesa General de Negociación de la Función Pública ha aprobado hoy la propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública para mejorar las retribuciones de los empleados públicos".

Esta subida beneficiará a 2.717.570 empleados públicos, de los que 513.721 pertenecen al sector público estatal, 1.611.697 son empleados públicos de las comunidades autónomas y 592.152 son trabajadores de las entidades locales.

El alza de 2023 tendrá una parte fija del 2,5% y una variable del 1%, que se divide en 0,5 puntos si la suma del índice de precios armonizado (IPC) de 2022 y del IPC armonizado adelantado de septiembre de 2023 supera el 6%, y otros 0,5 puntos si el PIB nominal de 2023 llega al 5,9%. La de 2024 contempla un incremento del 2% fijo, más un 0,5 % variable si el IPC armonizado de 2022, 2023 y 2024 supera el 8%.

La secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha afirmado que quienes han "avalado y ratificado esa subida salarial" son los "mismos sindicatos que esta mañana en la mesa de diálogo social hemos dicho que se ratifica en el seno de nuestras organizaciones sindicales".

En la mañana de este lunes CCOO ya avisó de que "está condicionado a una correcta relación en la aprobación, en las próximas semanas, de ese acuerdo en otras materias muy importantes que acompañan al salarial y que tienen que ver con la recuperación de determinados recortes de Gobiernos anteriores". Sin embargo, la organización ha puntualizado que la subida salarial sigue "siendo insuficiente".

El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, ha mostrado su "absoluto rechazo" a la propuesta del Gobierno porque, ha subrayado, implica que los empleados públicos van a "volver a perder capacidad adquisitiva".