Este artículo se publicó hace 5 años.
Iglesias, en manos del juez Marchena y del fiscal Navajas
El alto tribunal decidirá ahora si el vicepresidente del Gobierno cometió un delito de denuncia falsa en el caso ‘Dina’, como propone el juez Manuel García Castellón, así como si colaboró en los delitos de delitos de revelación de secretos y daños informáticos al acceder al contenido de la tarjeta del móvil de su ex asesora y si la destruyó antes de devolvérsela.
Madrid--Actualizado a
El futuro penal del vicepresidente del Gobierno segundo, Pablo Iglesias, está en manos de dos juristas de dilatada trayectoria: Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y el fiscal de Sala Luis Navajas, después de que el instructor del caso Tándem, Manuel García Castellón, haya elevado al alto tribunal una exposición razonada donde aprecia indicios de delito del líder de Podemos en el llamado caso Dina, la pieza donde investiga el robo del móvil de Dina Bousselham, una exasesora con la que tenía relación.
El primer pronunciamiento llegará del fiscal Navajas, no en vano el juez central de instrucción 6, Manuel García Castellón, no consultó el parecer del ministerio público este miércoles cuando remitió su exposición razonada al Supremo.
El informe previo del fiscal no era preceptivo para García Castellón, sostienen en fuentes jurídicas, ya que la ley sólo lo establece para las cuestiones de competencia. Esto es, para dilucidar qué órgano es el encargado de investigar y enjuiciar, que en el caso de Iglesias es el Supremo al ser miembro del Gobierno.
Un precedente fue la exposición razonada sobre Pablo Casado, el presidente del PP, en el caso máster que tampoco contó con un informe previo del Fiscal. Fue enviada en 2018 al Supremo por la jueza del caso máster, Carmen Rodríguez-Medel, titular del juzgado de instrucción 51, caso que fue archivado por el alto tribunal.
El fiscal Navajas deberá informar si ve indicios de delitos. Será después, una vez conocida la posición del ministerio público, cuando el Supremo decida si abre o no causa contra el secretario general de Podemos.
La decisión final corresponde a la Sala de Admisiones sobre causas especiales (las que afectan a aforados) de la Sala de lo Penal del Supremo.
Esta Sala de Admisiones se renueva cada cuatro meses en base a las normas de reparto y, desde el 1 de octubre, está compuesta por cinco magistrados: Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo del Arco, Ana María Ferrer y Eduardo de Porres.
La mayoría de esta Sala es de tendencia moderada. Entre ellos hay dos de marcada línea progresista (Martínez Arrieta y Ferrer) y dos de línea conservadora (Marchena y De Porres). Cuatro de ellos formaron parte del tribunal del 1-O.
La Sala de Admisiones, si admite la exposición razonada, designaría un instructor, conforme a las normas previas de reparto. No puede ser ninguno de sus integrantes.
Sería este instructor el que arrancaría el suplicatorio, al elevarlo al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, el único que puede dirigirse a la presidenta de las Cortes General, Meritxel Batet.
Es posible que dicha Sala archive la exposición razonada y no actúe contra Pablo Iglesias. El motivo: la jurisprudencia del alto tribunal exige la existencia de indicios fuertes sobre los delitos supuestamente cometidos y no meros indicios.
Los hechos relacionados con Pablo Iglesias respecto al delito de denuncia falsa que describe el auto no son muy fuertes. Y respecto al resto de los delitos, Dina Bousselham transmitió al juzgado que perdonaba a Pablo Iglesias.
Son los relacionados con el acceso del secretario general de Podemos a la información, mensajes y fotografías de la tarjeta micro-SD de su ex asesora y a su inutilización.
El mazazo de la Sala de lo Penal
García-Castellón recibió un mazazo hace tres semanas, cuando tuvo que cesar la investigación sobre Pablo Iglesias después de que sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordara que debía devolver la condición de perjudicado a Iglesias y remitir la causa al órgano competente.
El juez de la Audiencia Nacional no puede archivar los supuestos delitos perdonados por la ex asesora porque Iglesias figura como perjudicado en esta causa.
Este embrollo procesal es el que ahora llega al Tribunal Supremo. En especial, al presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y el número dos de la carrera fiscal, Luis Navajas.
Ambos son famosos, entre otras cosas por haber dado sonoros manotazos sobre la mesa cuando se cuestionó su independencia. Marchena renunció en 2018 a presidir el Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la filtración de un mensaje de Whatsapp del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, del PP donde decía que, a través de él, este partido controlaría la Sala Segunda del alto tribunal. Y Navajas estalló hace dos semanas en una entrevista al denunciar las presiones que había recibido al informar contra las querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia.
García Castellón, en el ojo del huracán
Es ya habitual que los entornos de los partidos políticos arremetan contra el juez que instruye la causa que les perjudica. El PP tiene varios trofeos en su haber, como fue el juez Pablo Ruz, cesado en su comisión de servicios en la Audiencia Nacional donde instruía el caso Gürtel y los famosos papeles de Luis Bárcenas mientras la trama de José Manuel Villarejo robaba la documentación al extesorero del PP para dificultar la investigación judicial.
Manuel García Castellón (Valladolid, 1952) se ha convertido en la diana de las críticas por enviar una exposición razonada al Supremo. En ella detalla indicios de delito en Pablo Iglesias por simular con fines electorales que era víctima de la trama del comisario Villarejo cuando se presentó como perjudicado por la filtración del contenido del móvil de su ex asesora Dina Bousselham.
Juez de carrera discreto, García Castellón sacó la oposición en 1982. Fue decano de los juzgados de Valladolid, a donde saltó a la Audiencia Nacional. Llegó a ser tesorero de la Asociación Profesional de la Magistratura, de tendencia conservadora.
En 1995 se convirtió en titular del juzgado central de instrucción número 6, y llevó investigaciones como contra el entonces poderoso banquero Mario Conde o el asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP, a manos de ETA.
En el año 2000 fue nombrado magistrado de enlace en París por el Gobierno de José María Aznar a propuesta de Ángel Acebes, entonces ministro de Justicia. En el año 2012, fue nombrado para el mismo puesto en Roma por el Gobierno de Mariano Rajoy, a propuesta de Alberto Ruiz-Gallardón.
Regresó a su plaza tras 17 años de vida en París y Roma, con rango diplomático y elevado sueldo.
Su juzgado lleva casos tan sensibles como la supuesta organización criminal formada por policías que lideraba Villarejo (Tándem), o los casos Lezo o Púnica, estos últimos relacionados con corrupción de líderes del PP y financiación ilegal de dicho partido.
Tuvo que regresar después de que el juez Eloy Velasco pidiera el traslado al ver que Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, y su mayoría conservadora se negaba a conceder un juez de refuerzo. Dicha decisión colmó la paciencia de Velasco: renunció agotado, quemado y decepcionado.
El juzgado ya estaba desbordado, pero ahora aún más. Lleva casos de grandes delincuentes económicos, traficantes de droga, yihadistas... Por si fuera poco, la pandemia les rompió el eje porque frenó su actividad y la reciente reforma que impulsó el PSOE ha dado un año más a las investigaciones complejas... y a los problemas de dicho órgano judicial.
García Castellón consiguió un juez de refuerzo para su juzgado, Alejandro Abascal. Incluso se enfrentó a Lesmes porque no quería renovar a este magistrado.
Ahora tiene dos: Abascal y Joaquín Gadea, quien no tiene funciones jurisdiccionales y es el que ha redactado la exposición razonada elevada al Supremo.
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