Ignacio González afirma que la venta 3.000 pisos sociales a 'fondos buitre' fue un proceso "pulcro e inmaculado"

MADRID.- El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha calificado el proceso de venta de casi 3.000 pisos sociales del Plan Joven del Ivima a fondos de inversión como "transparente, pulcro, inmaculado", al tiempo que ha asegurado durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea que "no se ha producido circunstancia que vulnere la ley".

González se ha pronunciado en esos términos preguntado sobre el informe de la Cámara de Cuentas que sostiene que en la operación se incumplieron el principio de transparencia y claridad de las actuaciones administrativas de la contratación pública, aplicables también a las operaciones de venta de bienes inmuebles de todo el Sector Público, así como otros principios que rigen la contratación pública, un informe que no conoce, según ha señalado en respuesta al portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado.

También a este respecto, González ha afirmado que las conclusiones de la Cámara de Cuentas le merecen "por lo menos el mismo respeto" que las versiones de los responsables que han pasado por la comisión defendiendo el proceso, al tiempo que ha citado en reiteradas ocasiones la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) del pasado 25 de octubre en la que desestima un recurso interpuesto por los afectados contra dicha venta y que esgrime que en el procedimiento de venta "se respetaron los principios de concurrencia y publicidad".

A la pregunta de Aguado de quién tomó la decisión de vender en bloque las 32 promociones de vivienda pública, González ha respondido que fue una decisión del Consejo de Gobierno en un contexto de "necesidad de obtener ingresos y reducir gastos" para conseguir equilibrio presupuestario, y ha precisado que el Consejo de Gobierno "actúa colegiadamente según la ley".

Aguado ha pedido al expresidente que explicara por qué se había decidido vender vivienda pública en bloque a un fondo de inversión, provocando un "quebranto patrimonial" de casi cien millones de euros, como indica el citado informe de la Cámara de Cuentas, a lo que González ha respondido que "no se vende solamente vivienda" sino que "se opta por muchas otras medidas" y que "el Gobierno no ha decidido vender viviendas a un fondo" sino "vender patrimonio" y "luego quien se presente ya es otra cosa".

González se ha preguntado además dónde está el quebranto, al tiempo que ha señalado que las viviendas no estaban valoradas en 300 millones, sino que habían sido tasadas en unos 168 millones y se vendieron a 201 millones en un concurso "público y transparente", un 20% por encima de la tasación, "por lo tanto no hay ningún quebranto patrimonial, hay una apreciación del 20%".

El primer turno de pregunta-respuesta protagonizado por Aguado y González ha sido tenso, pero el segundo entre el diputado de Podemos Ramón Espinar y González aún más. "Aquí las preguntas las hago yo y usted contesta", ha espetado Espinar a González, quien le ha reprochado que en vez de preguntas hiciera "juicios de valor".

Espinar ha recordado a González que el concurso no fue abierto sino cerrado, al que invitaron a 12 licitantes, de los que quedaron 3, y le ha preguntado por qué no ofrecieron las viviendas a los ciudadanos a un precio más bajo, como hicieron con los fondos de inversión, a lo que González ha respondido que hay un procedimiento que permite la "selección previa y selección objetiva" y que era "imposible hacer una venta individualizada" en una situación de crisis donde muchas personas que querían comprar no tenían acceso a crédito.

"Se hace por bloque porque lo permite la ley y se considera que es el mejor sistema para que se pueda vender salvaguardando todos los derechos de los inquilinos", ha aseverado, haciendo hincapié en que los inquilinos conservan su derecho a comprar.

De hecho, González ha insistido en que la operación no ha supuesto "ningún perjuicio" ni a los inquilinos ni a los ciudadanos, puesto que se garantizan los derechos de los primeros y el precio de venta es superior al de tasación, y ha hecho referencia a la citada sentencia, que señala que "la situación de los arrendatarios permanece tras la venta sin sufrir modificación alguna, puesto que el adquiriente queda obligado a respetar todas las condiciones".

Tanto Espinar como la portavoz del PSOE, Encarnación Moya, han señalado que la ley del Suelo establece que el beneficio que pueda generar el patrimonio público del suelo debe revertir en dicho patrimonio y que, en cambio, el presupuesto del Ivima se ha ido reduciendo año tras año, ante lo que González ha aclarado que con los ingresos de la operación "se hace frente a la deuda y a las inversiones del Ivima".

Asimismo, en respuesta a Moya, ha dicho que no conocía la relación entre el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Pablo Cavero, con Goldman Sachs, y ha señalado que "las cuestiones relativas a los conflictos de intereses las tienen que resolver los afectados".

Cavero, por su parte, ha negado que tuviera ningún conflicto de intereses con entidades inmobiliarias o de ahorro y ha defendido la venta para conseguir recursos y poder vender así otras mil viviendas a familias necesitadas y reparar otras 1.200. El exconsejero ha aludido a la situación económica previa a la enajenación de estas viviendas. "En 2012, cuando miembros de la oposición pedían el rescate, la situación no era fácil y nuestro objetivo era cumplir el déficit y era importante cumplir con la Unión Europea", ha dicho.

Cavero ha recordado que en las últimas décadas el Ivima ha vendido casi 70.000 viviendas de forma individual a los inquilinos. "Pero en estos años estos ingresos que siempre recibía el Ivima iban cayendo a raíz de la crisis. Y nosotros queríamos seguir con la política social. La función principal en la crisis fue la gestión de lo público. Y ha sido ejemplar en Madrid, que es una de las pocas comunidades que cumple con el objetivo del déficit y tratar de mejorar los ingresos y bajar los gastos", ha sostenido.

El ahora concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha manifestado que gracias a los 200 millones recaudados por la venta patrimonial del fondo buitre "se amortizó la deuda hipotecaria de esas inversiones" del Ivima. "E invertimos en arreglar mil viviendas vacías a familias de especial necesidad y otras 1.200 paradas que estaban en construcción al 30 y 50%. Después de años de crisis la capacidad del Ivima era limitada", ha reconocido.

A preguntas del portavoz de Ciudadanos (C's) en la comisión, Ángel Zafra, Cavero ha afirmado que "la génesis de la idea de la venta de viviendas está en el equipo de Gobierno". Más concretamente, ha señalado que distintos equipos de gestión fueron los que detectaron ese lote de 3.000 viviendas "para obtener liquidez". Y, además, ha precisado que se eligieron esas viviendas porque eran del Plan Joven con beneficiarios jóvenes con una renta de hasta 50.000 euros.

Cavero ha destacado que no colaboró en el detalle de los pliegos porque no es técnico, pero ha avalado los informes realizados de Patrimonio, Abogacía de la Comunidad y la tasación porque "para poder enajenar una patrimonio público hay que hacer una tasación". Más adelante, ha acusado a C's de apuntarse "a la ola de populismo" en esta comisión de investigación.

Por su parte, Moya le ha preguntado por las relaciones que tenía con Goldman Sachs, uno de los fondos que adquirió el paquete de viviendas, y por una comparecencia en 2013 en la que alabó a este fondo. El exconsejero ha aseverado que dejó sus participaciones en empresas privadas cuando llegó a la Consejería y que, por tanto, "no tiene ningún conflicto de intereses".

La socialista también le ha preguntado si propuso el nombramiento de Ana Gomendio, exdirectora gerente del Ivima e imputada por esta causa, a lo que el ahora concejal respondió que sí. Y además, ha aclarado que mantuvo antes de su nombramiento dos horas y media de conversación con ella y le comentó que no tenía intereses particulares con una sociedad mercantil.

Interrogado por si hubiera aprobado la misma operación si hubiera trabajado en el sector privado, teniendo en cuenta que el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas apunta a un daño patromonial de 98 millones de euros para la Comunidad por la venta, Cavero ha respondido también afirmativamente.

"Por un lado está el valor contable de las viviendas y luego el valor del mercado. El Ivima no actualiza el valor real de los pisos. Fue una operación que generó más de 33 millones sobre el valor de tasación real. Por tanto, me parece una buena operación", ha resumido.

Moya le ha inquerido también por si se ausentó en la reunión del Consejo de Gobierno durante la enajenación de esa vivienda pública y "si fue capaz de quitarse la chaqueta de Goldman Sachs y no trabajar para los especuladores".

Encarnación Moya (PSM): "¿Era usted el hombre de Goldman Sachs en Madrid? Creemos que es responsable políticamente de algo que ha sido un expolio de los madrileños"

"¿Era usted el hombre de Goldman Sachs en Madrid? Creemos que es responsable políticamente de algo que ha sido un expolio de los madrileños, de un proceso opaco que creemos que estaba plantificado para el objetivo de enriquecer a esos fondos, a esos especuladores. Ya sabemos cuál es su aval, en cualquier país democrático estaría ya fuera de la política y si tuviera dignidad, abandonaría su cargo", ha afirmado.

El exconsejero de Vivienda ha respondido a la parlamentaria socialista afirmando que la Junta de Andalucía ha vendido 70 edificios públicos a un fondo de inversión. "Ustedes predican una cosa en Madrid y otra en Andalucía", ha apuntado.

Por su parte, el portavoz de Podemos en la comisión, Marco Candela, ha criticado que con esta operación "ha vulnerado el derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid". "Usted especuló para lucrarse. Váyase usted a su casa, váyase usted", le ha espetado el parlamentario de Podemos, que le ha reprochado al consejero que "no le haya respondido a ninguna pregunta".

Ante estas acusaciones, sumadas a las alusiones a la Sicav relacionada con Goldam Sachs de la que era socio el edil, Cavero ha recordado a Candela que en su condición de aforado está "cubierto jurídicamente", pero que si "este cúmulo de barbaridades" las dijera fuera de la Asamblea le interpondría varias querellas.

Por último, en su turno de intervención, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha acusado a los distintos grupos de "mezclar todo para difamar, porque algo queda". También ha restado valor al informe de la Cámara de Cuentas indicando que "informes hay muchos y no es un dogma de fe". "Ustedes tratan de embarrar, siempre con insidias. Aquí no hay nada al respecto de corrupción", ha concluido.

Podemos también reclamó en su día la comparecencia del hijo del expresidente José María Aznar y de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella por su posible relación con el entramado empresarial que compró 1.890 viviendas públicas del Ivima. Varios medios de comunicación publicaron que José María Aznar Botella es consejero de Gesnova Gestión Inmobiliaria Integral, que mantiene "importantes vínculos" con empresas del fondo Blackstone, que participaron en la operación de compra.