Los impuestos a la banca y a las eléctricas alejan el pacto de rentas y anticipan un reparto del coste de la inflación

El pacto de rentas se planteó en un principio como la principal solución al impacto económico causado por la pandemia del coronavirus, la evolución de los precios de la energía y la invasión de Rusia a Ucrania. En un primer momento, desde La Moncloa se apeló a la necesidad de alcanzar un gran acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y las patronales que apuntaba a una "moderación salarial", lo que provocó algunos choques importantes entre el PSOE y Unidas Podemos.

Desde el espacio confederal mostraron su desacuerdo con este planteamiento y rechazaron alejarse de la hoja de ruta que se había diseñado para elevar de manera gradual el salario mínimo y para actualizar las pensiones de acuerdo al IPC. "La culpa de la inflación no es de los salarios", repetían continuamente desde Unidas Podemos para tratar de combatir ese marco de moderación salarial.

En la actualidad, el enfoque parece completamente distinto. La mesa de diálogo entre patronales y sindicatos para alcanzar un pacto de rentas (término que las organizaciones sindicales rechazan desde el primer momento) está completamente desactivada y nunca hubo una posibilidad real de alcanzar acuerdos; y en el seno del Ejecutivo parece haberse impuesto que la solución ante la situación económica y la inflación es repartir sus costes y que los que más tienen, contribuyan más.

No se trata solo de un discurso (que también comparte en público la parte socialista del Gobierno), sino que las primeras medidas de los Presupuestos Generales de 2023 y del reinicio del curso político que se dará tras el parón estival son precisamente dos impuestos que buscan gravar los beneficios de aquellas empresas que no han visto afectados sus márgenes de negocio por la creciente inflación.

Los impuestos a las entidades financieras y a las grandes empresas eléctricas (que se comenzarán a tramitar en septiembre en el Congreso de los Diputados) son, en palabras del portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López, "un reparto equitativo y justo de las cargas, costes y sacrificios de la crisis".

El Ejecutivo se ha centrado en estos dos sectores concretos porque son los que mantienen e, incluso, ven incrementados sus beneficios en un contexto en el que prácticamente el resto de sectores (y sobre todo la ciudadanía) pierde poder adquisitivo.

En un primer momento, el pacto de rentas que se puso sobre la mesa por parte del Gobierno recordó a los denominados Pactos de La Moncloa, por los que los trabajadores y la ciudadanía sufrieron una década de pérdida de poder adquisitivo en plena salida del franquismo y comienzo de la transición.

Sin embargo, tras el fracaso de la mesa de diálogo entre los agentes sociales, los últimos meses parecen haber despejado de manera más clara el paisaje que deja la inflación y la situación económica: mientras la mayoría de la población y del tejido empresarial (sustentado principalmente por pequeñas y medianas empresas) pierden poder adquisitivo y ven reducidos sus beneficios, las grandes empresas de sectores como el eléctrico y el financiero ven incrementados sus márgenes de negocio.

No se trata de que el pacto de rentas que se defendía desde la parte socialista del Gobierno haya desaparecido, sino que tanto en el relato ofrecido como en las medidas desplegadas, los beneficios empresariales, los márgenes de negocio y, en general, la justicia fiscal, se han instalado como temas centrales en el mismo. 

"Mientras unas empresas y personas sufren las consecuencias de la crisis, otras están obteniendo beneficios extraordinarios, y esta proposición es para que aporten parte de esos beneficios en la solidaridad común. Se trata de avanzar hacia un pacto de rentas, y es la solidaridad la que sostiene el pacto. Un elemento de este pacto es la fiscalidad", defendió este jueves Patxi López.

Entre 2023 y 2024, los dos impuestos tienen previsto recaudar 7.000 millones de euros. Además de estos dos tributos, en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 estará sobre la mesa la redefinición de las bases del Impuesto de Sociedades para mejorar su capacidad recaudatoria.