No han pasado 15 días desde que el PSOE y Sumar mantuvieron su última disputa a cuenta de la política de vivienda desplegada por el Gobierno, y la pugna ha vuelto a reabrirse con mayor intensidad entre ambas partes.

Los socialistas impulsaron de manera prioritaria una línea de avales para fomentar la compra de vivienda entre los jóvenes, una medida que criticaron los de Yolanda Díaz porque, a su juicio, lo urgente era aprobar el índice de precios de referencia de los alquileres que contenía la ley de vivienda y que estaba pendiente desde la aprobación de esta norma, en mayo del pasado año.

Ambas medidas estaban en el acuerdo de coalición, pero la segunda, la de los alquileres, se fijaba como prioritaria. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha hecho público el índice este martes; se trata de una aplicación en la que, después de introducir una serie de datos (ubicación y estado del inmueble, certificación energética, servicios y zonas comunes del edificio...) se establece una horquilla de precios (mínimo y máximo) en la que, objetivamente, se deberían ofertar los alquileres.

El índice sirve para declarar zonas de mercado tensionado (una decisión que corresponde a las administraciones territoriales, no a la Administración General del Estado), y obliga a los grandes propietarios (los que poseen más de 10 viviendas) a adecuarse a la horquilla marcada. Los pequeños propietarios no están obligados a hacerlo, aunque el baremo pone a disposición de los arrendatarios una información que les sirve para saber si la oferta de alquiler está inflada.

Los límites de la ley de vivienda y del eventual índice eran conocidos por todas las partes (también por Unidas Podemos cuando se aprobó la norma, y posteriormente por Sumar), pero la publicación de este baremo ha abierto una nueva pugna entre los partidos que conforman el Gobierno.

La vivienda, "un combate decisivo" para Sumar

Los de Yolanda Díaz trasladan que el índice les ha provocado "una gran preocupación" porque, "por los datos que hemos conocido", los precios más altos de sus horquillas no sólo no ayudarían a que bajasen los precios del alquiler, sino que en algunos casos podrían provocar una subida.

"Es un índice que deja horquillas demasiado altas, es decir, que los precios por arriba permiten o que no se bajen los precios o, incluso, que algunos los pudieran subir; eso no sirve para nada e incluso puede ser contraproducente", explicó este martes el portavoz del grupo de Sumar en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón. 

La semana pasada, este grupo mantuvo una reunión en la Cámara Baja en la que se decidió que el de la vivienda era "una cuestión nuclear, un combate decisivo" para la legislatura, aunque esto pueda erosionar el Gobierno de coalición en algún momento. La clave, explican, es que la situación de los alquileres provoca la detracción de los recursos de la economía productiva (salarios, pensiones...) a la economía rentista.

"No podemos subir el SMI o las pensiones para que el incremento caiga por el agujero de las rentas; todas las políticas sociales que hacemos no pueden acabar favoreciendo a los caseros", aseguró este martes Errejón. "En el mejor de los casos, lo que podemos esperar es que no suban los precios del alquiler, pero es que hoy en España los precios ya son un abuso. Y en esto como Gobierno no nos podemos equivocar", advirtió el portavoz parlamentario.

En este contexto, desde Sumar avanzan dos decisiones; la primera es abrir una ronda de encuentros con colectivos (contra la pobreza, economistas, sindicatos de inquilinas) para lanzar "una batería de medidas de acción social, política e institucional para garantizar el derecho a la vivienda". El objetivo es el de reconectar con el movimiento por el derecho a la vivienda, principal impulsor de la elaboración de una ley de vivienda que finalmente no les terminó de convencer.

El índice se hará efectivo en 10 días

"Si el PSOE titubea en la cuestión de la vivienda y mantiene la posición de los rentistas, en Sumar estamos con el movimiento por la vivienda y con los colectivos que sí quieren pinchar de verdad la burbuja de los alquileres", trasladan desde el espacio dirigido por Díaz.

La segunda decisión adoptada es la de pedir al Ministerio de Vivienda abrir una negociación para reformular el índice de precios. Aunque la aplicación ya está activa y contiene unas horquillas determinadas, desde Vivienda se ha trasladado que se abre un plazo de 10 días hábiles para que se conozca en aras de cumplir con la transparencia y los plazos fijados por la legislación (y para que las comunidades que deseen hacerlo puedan declarar sus zonas tensionadas), por lo que hasta el 13 de marzo el índice no será efectivo (aunque se podrá seguir consultando).

"Llamamos a Vivienda a negociar, todavía quedan días para negociar y queremos que rectifiquen", zanjó Errejón. La política de vivienda vuelve a ser un motivo de enfrentamiento en el seno del Ejecutivo, y cada paso que se ha dado y medida que se ha tomado parece haber distanciado más a ambos socios.