La inhabilitación política de los presos del 'procés', la gran incógnita de los indultos

La gran incógnita de los indultos que este martes concederá el Gobierno a los nueve presos del 'procés' se refiere a la inhabilitación política de todos ellos,  condenados a entre nueve y trece años de prisión y al mismo tiempo de inhabilitación absoluta para ocupar cargo público y presentarse a las elecciones. Por ejemplo, en el caso de Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), condenado a la mayor pena de todos ellos, su pena de inhabilitación se extinguirá el 5 de julio de 2031, según la liquidación de condena que hizo la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La carrera política de Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat cuando se celebró el referendum de independencia del 1 de octubre de 2017, puede darse prácticamente por perdida. A no ser que el indulto que le concederá el Gobierno este martes se extienda total o parcialmente a esta otra condena que supone la inhabilitación política. Lo que sí pueden hacer los presos del 'procés' es ocupar cargos internos en partidos políticos, como es el caso de  Junqueras en la presidencia de ERC. La pena de inhabilitación absoluta produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos, aunque sean electivos.

Según fuentes consultadas por Público, es probable que los indultos del Gobierno afecten parcialmente a la inhabilitación, pero descartan que el perdón sea completo, y prevén que pueda mantenerse este impedimento 'político' para los presos de 'procés'  en torno a unos cinco años, lo que imposibilitaría tanto a Junqueras como a los otros ocho condenados --Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull-- puedan presentarse en unas listas electorales para las próximas elecciones catalanas.

¿Qué dice la ley sobre los indultos y las condenas de inhabilitación? El artículo 6 de la Ley de Indultos indica que "el indulto de la pena principal llevará consigo el de las accesorias que con ella se hubiesen impuesto al penado, a excepción de las de inhabilitación para cargos públicos y derechos políticos y sujeción a la vigilancia de la Autoridad, las cuales no se tendrán por comprendidas si de ellas no se hubiese hecho mención especial en la concesión". Es decir, el decreto de indulto del Gobierno debe hacer expresa referencia a la pena de inhabilitación que reza en la condena para que el perdón se aplique también a la imposibilidad de ejercer la política. 

Un caso parecido, aunque en el ámbito judicial y no en el político, fue el indulto al exjuez Javier Gómez de Liaño, en diciembre del año 2000, de su condena de 15 años de inhabilitación para ejercer en la carrera judicial por prevaricación en el caso 'Sogecable'. El indulto le exoneró de esa pena, pero con matices. "Vengo en indultar a don Francisco Javier Gómez de Liaño y Botella, la pena de inhabilitación especial, con todas sus consecuencias, lo que supone el reintegro a la Carrera Judicial, manteniéndose, sin embargo, la incapacidad para desempeñar cargo en la Audiencia Nacional o en cualquier Juzgado de la misma, durante el plazo de veinticinco años". 

En el caso de Gómez de Liaño, el Gobierno, entonces presidido por José María Aznar, concedió el indulto pese a contar con el informe contrario del tribunal sentenciador, exactamente igual que ocurre con los presos catalanes.

Delitos de sedición y de malversación

Precisamente por el informe negativo a la medida de gracia del Tribunal Supremo, los indultos totales parecen estar descartados en el caso de la sentencia del 'procés'.  El tiempo de condena que se suprimirá depende de los delitos que se indulten. Los nueve fueron condenados por un delito de sedición y, de ellos, sólo cuatro lo fueron también por otro de malversación "en concurso medial" con el primer delito, es decir, ambos están interrelacionados. Si la malversación no resultara perdonada, estos cuatro presos -- Junqueras, Romeva, Turull y Bassa--, con las condenas más altas, podrían seguir en prisión en torno a un mes o mes y medio más tras la concesión del indulto parcial, según fuentes consultadas por este diario. En el caso de los otros cinco presos, la concesión del indulto significará, a partir de su publicación en el BOE, la "automática" puesta en libertad, una vez que el Tribunal Supremo dicte los autos de excarcelación.