La historia que investigó el juzgado en la pieza Iron (hierro en inglés) se basaba en los supuestos y cuantiosos pagos que Villarejo recibió por un encargo en julio de 2013 de un grupo de socios de Herrero y Asociados SL, el cuarto despacho de España de servicios jurídicos para la gestión y defensa de patentes. 

Teóricamente, el comisario fue requerido para apoyar a este bufete en un conflicto por "competencia desleal": un grupo de exsocios se había escindido del despacho en junio de 2012 para crear otro (Balder IP Law SL) y, según los pagadores de Villarejo, se habían llevado la base de clientes y patentes gestionadas por Herrero y Asociados clonando los datos sin permiso.

La supuesta misión de Villarejo era conseguir pruebas para demostrar que los socios salientes habían obtenido irregularmente dicha base de datos y que ofrecían servicios a los clientes de Herrero, robándoles negocio con malas artes.

El juzgado imputa a los socios de Herrero y Asociados SL por contratar a un policía en activo, y al comisario jubilado y su equipo por acceder a bases de datos y comunicaciones de uso exclusivamente policial con el objeto de monitorizar a esos socios salientes; es decir, para una actividad privada.

El relato sobre los motivos del encargo a Villarejo y los servicios que se le solicitan sería creíble si no fuera por varios hechos que admiten poca duda y que vinculan la contratación del comisario con la pieza Empresarios del caso Emperador.

En primer lugar, la salida de los socios disidentes se produce en junio de 2012, pero los que se quedan en Herrero y Asociados no instan acciones por competencia desleal hasta un año más tarde, en junio de 2013.

Por otro lado, Balder IP Law se constituye como despacho el 1 de junio de 2012. Es decir, justo entre la apertura judicial del caso Emperador (2011) y la operación policial que se desencadena en octubre 2012 y que acaba con detenciones, imputaciones y riesgo real de petición de medidas cautelares para algunos investigados. Medidas como el embargo de cuentas o la intervención de aquellas empresas que la fiscalía entendiera necesarias para las operaciones de repatriación de dinero negro que ya se investigaban en la pieza Empresarios (abierta dentro del caso Emperador).

Es precisamente después de que la cara visible y líder del bufete Herrero, José Antonio Hernández, sea llamado a declarar como investigado en esta pieza (mayo de 2013), cuando se inician acciones contra los socios disidentes (junio 2013) y se contrata a Villarejo (julio de 2013).

A todo esto hay que sumarle las menciones al caso Emperador por parte de Villarejo a sus clientes en las nueve conversaciones que figuran en el sumario. Se trata de referencias continuas, casi siempre en tono de advertencia y avisando de que sabe de la participación de más socios del bufete en el asunto Emperador. Les asusta incluso con la posibilidad de una investigación ya en marcha contra el bufete al insinuar que pudieran estar siendo ya objeto de escuchas ordenadas por el juzgado.

El protagonismo del caso Emperador queda también patente en la abundante documentación sobre el encargo que Villarejo recibe, que archiva bajo una carpeta llamada "IRON" y que consta en el sumario. De hecho, una parte de esta información es incluida por el comisario en su informe-propuesta para el bufete Herrero que titula "Preliminar".

Por último, no se puede pasar por alto el interés de Villarejo por aproximarse a otros ricos empresarios imputados o en riesgo de imputación en esta pieza. Un acercamiento que coincide exactamente con la publicación de decenas de artículos sobre posibles nuevas imputaciones por parte del círculo de periodistas del comisario. De hecho, esta fue la única parte del procedimiento que les suscitó interés y que, a buen seguro, creó no poca intranquilidad a mucho empresario adinerado afectado.

Cronologías paralelas del caso 'Emperador' y el "conflicto" de Herrero y Asociados

Esta suma de coincidencias fue despreciada por el juzgado. Si se hubiera tenido en cuenta, se debería haber verificado la verdadera naturaleza de la contratación del comisario por Herrero y Asociados. Y, luego, proceder a analizar la más que probable estrategia de prevención del bufete ante la citación de Hernández y ante una hipotética imputación de otros socios del despacho en la pieza Empresarios. Teniendo en cuenta que esta pieza investigaba repatriaciones de dinero negro, no es descartable que Herrero y Asociados buscara el favor del comisario para evitar posibles peticiones posteriores de intervención cautelar de las cuentas o del negocio del bufete.

Una argucia típica en estos casos en los que se teme la intervención judicial de las cuentas de una compañía es ejecutar un alzamiento de bienes previo. Es decir, transferir parte del negocio en riesgo a otra estructura mercantil que no esté afectada por el procedimiento. Esto se ejecuta mediante una venta simulada o una escisión por separación societaria, exactamente lo que sucede en Herrero y Asociados cuando se reclaman los servicios de Villarejo.

Para protegerse de una acusación de alzamiento de bienes no es infrecuente intentar vestir de autenticidad estas transferencias de activos con demandas judiciales a las contrapartes (compradores y escindidos) relacionadas con alguna controversia común en este tipo de operaciones. Una práctica que encaja como anillo al dedo con los enrevesados "proyectos" de Villarejo para sus clientes.

En esta hipótesis, la misión del comisario habría sido entonces la de dar realismo a la escisión del bufete con una "investigación" o querella a los socios supuestamente disidentes por "robo" de parte del negocio de Herrero. Del sumario se desprende que Villarejo se embolsó, de junio a noviembre de 2013, y desde cuatro de sus empresas, un mínimo de 250.000 euros (sin IVA).