Jácome y el PP adjudican 2,6 millones en Ourense a la empresa del constructor que confesó cinco delitos de corrupción en Gürtel

El Ayuntamiento de Ourense, gobernado en minoría por el independiente Gonzalo Pérez Jácome en coalición con el Partido Popular, acaba de aprobar una concesión de 2,6 millones de euros para la empresa Aralia Servicios Sociosanitarios, propiedad del empresario leonés José Luis Ulibarri, quien será juzgado el próximo mes de noviembre por su implicación en la trama Gürtel.

Se trata de dos contratos referidos a la limpieza de los edificios municipales y administrativos de Ourense, desde guarderías y polideportivos a bibliotecas y centros sociales pasando por la sede municipal, con un presupuesto base de licitación de 1,13 y 1,45 millones de euros cada uno, respectivamente.

El Bloque Nacionalista Galego ha denunciado que la adjudicación vulnera una moción de esa formación aprobada por el pleno en el 2015 que comprometía al Ayuntamiento de Ourense a incluir en sus licitaciones cláusulas que garantizaran que las empresas inmersas en casos de corrupción o con antecedentes judiciales no se llevasen los contratos. Según recuerda el portavoz nacionalista, Luis Seara, aquella propuesta fue aprobada con los votos en contra del PP y de Democracia Ourensana, el partido de Jácome.

El alcalde alega que impedir que la empresa de Ulibarri pueda optar a esos contratos "sería prevaricar" y que en el caso de la concesión del servicio de limpieza el Ayuntamiento se ha limitado a cumplir con la legalidad. Jácome, cuyo grupo cuenta con tan sólo tres ediles en una corporación de veintiséis, llegó en junio pasado a un acuerdo con el PP para mantener la alcaldía a cambio de la entrada de los populares en el Gobierno local y de seguir apoyando en la Presidencia de la Diputación al secretario provincial de ese partido, José Manuel Baltar.

José Luis Ulibarri es un conocido empresario de la construcción que se enriqueció con el boom inmobiliario de los años ochenta y noventa del siglo pasado, y que entró en el sector de la comunicación adquiriendo y participando televisiones locales y regionales, emisoras de radio y periódicos, con acuerdos con Unidad Editorial (Unedisa), la sociedad editora de El Mundo, y con EsRadio, propiedad de Federico Jiménez Losantos.

En el 2008 fue imputado -la figura procesal que hoy corresponde a investigado- en la trama Gürtel, por su presunta participación en varias de las decenas de adjudicaciones irregulares que, por valor de 149 millones de euros, investigaron los tribunales sobre la red diseñada por el PP y por Alfonso Correa en ese municipio madrileño para financiar al partido y obtener mordidas mediante la adjudicación ilegal de contratos públicos.

Ulibarri ingresó en prisión en el 2018 por su implicación en otro caso, Enredadera, referido al cobro de comisiones por la adjudicación de contratos en la primera década de este siglo en varios ayuntamientos, diputaciones provinciales y organismos públicos, entre ellos el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). También fue imputado en la operación Púnica.

En julio pasado, el empresario envió una carta a la Audiencia Nacional confesando su participación en la Gürtel y reconociéndose culpable de los delitos de prevaricación, fraude, falsedad, contra la Hacienda pública y tráfico de influencias. El juicio sobre la pieza de la trama referida a Bohadilla, con veintisiete personas físicas y trece personas jurídicas sentadas en el banquillo, entre ellas el PP, acusado como partícipe a título lucrativo, iba a comenzar el pasado día 20. Pero se ha retrasado hasta noviembre.

Los dos contratos adjudicados por el Ayuntamiento pertenecen a un lote de tres en el que la segunda empresa adjudicataria, curiosamente, es Onet Iberia Soluciones, a la que Ulibarri vendió Seralia, una de sus empresas de limpieza de infraestructuras y jardinería, después de que empezaran sus problemas con la justicia.

Según la Plataforma de Contratación del Estado, los tres lotes se sacaron a concurso por un presupuesto base de licitación de 2,78 millones de euros. En las puntuaciones de las ofertas recibidas, Aralia quedó la primera en los dos lotes que se adjudicó, y Onet, segunda. A la inversa, Onet presentó la oferta más puntuada y Aralia, la segunda, en el tercer lote, por valor de 199.496 euros. 

Luis Bará asegura que "no resulta nada edificante ni ético que el Ayuntamiento adjudique contratos a una empresa implicada en dos de los más sonados casos de corrupción del Estado", recuerda que Ulibarri ha confesado sus delitos y que, según la investigación policial, "se valía de sus relaciones con cargos políticos y concejales para encontrar ventajas en los concursos públicos a los que se presentaba" con sus empresas.

Fuentes próximas a Gonzalo Pérez Jácome han respondido que lo que se desprende de la denuncia del BNG "es que el Ayuntamiento de Ourense debería prevaricar y escoger una oferta diferente a la mejor de entre las presentadas".

"El caso es que no existe ningún impedimento legal para que esa empresa se presente a ningún concurso público, ni para que, una vez que pudo presentarse, resulte elegida", y que no depende del Ayuntamiento "deslegitimar a una empresa para que pueda concurrir a este tipo de concursos".

"Tendrá que ser la justicia quien se lo impida y no consta que eso haya sucedido", añaden las citadas fuentes, que concluyen que "no está en manos de una entidad local hacer nada al respecto mientras la justicia no se pronuncie".