La Federación Suiza de Abogados ha abierto un expediente penal-administrativo a Dante Canonica, el director de la fundación Lucum. De este modo, se determinará su papel en la cuenta que este abrió a su nombre y en la que se depositaron los 64,5 millones de euros que el Gobierno de Arabia Saudí envió a Juan Carlos I en 2008. Se pretende dirimir si cumplió las normas que se exigen a los abogados que actúan de intermediarios financieros.

La decisión de investigar a Canonica, según fuentes próximas al caso citadas por El País, parte del Organismo de Autorregulación de la Federación Suiza de Abogados (OAR-FSA), que engloba a más de 11.000 abogados suizos y ejerce las funciones que prevé la ley del país en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. Asimismo, sus investigaciones están sujetas a la supervisión de la FINMA, la autoridad federal que regula y supervisa el mercado financiero de Suiza, una entidad similar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en España.­­­­­­­­­­ Los expedientes como el que se ha iniciado contra el director de la fundación panameña suelen saldarse con sanciones económicas.

Según el citado medio español, Canonica no se desplazó a Arabia Saudí ni hizo gestiones para comprobar por qué el Ministerio de Finanzas de ese país envió, los 64,5 millones al rey emérito. El director de Lucum habría confiado en Arturo Fasana, gestor externo de la cuenta bancaria. Este aseguró que dicho dinero esa un "pure gift" ("puro regalo", en inglés) del rey Abdalá Bin Abdelaziz a su "hermano" español. Tampoco habría tratado de hablar con Al Jubeir, que en ese momento era embajador de Arabia Saudí en Washington y fue quien supuestamente le habría comunicado a Fasana la llegada del dinero.

Además, según El País, no habría informado de esta operación a las instituciones suizas que luchan contra el blanqueo de capitales. Sí sabía, además, que este montante no se había declarado a la Hacienda española.

Hace tan solo unos meses, la Fiscalía suiza cerró una investigación por blanqueo de capitales en la que se investigaba el traspaso de 100 millones de dólares por parte de Arabia Saudí a Juan Carlos I en el marco de los negocios por el AVE a la Meca.

Entonces, se exoneró a Arturo Fasana, a Dante Canónica, así como a Corinna Larsen y el banco Mirabaud, en una causa que no se dirigía formalmente contra el rey emérito.