El juez de Instrucción número 31 de Madrid ha acordado la apertura de juicio oral contra el ex ministro de Economía Rodrigo Rato por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio.

El magistrado Antonio Serrano-Arnal entiende que no ha lugar a la apertura de juicio oral por la supuesta comisión de los delitos de falsedad continuada e insolvencia punible, por lo que no será juzgado por estas conductas. En esta resolución, contra la que no cabe recurso, se declara competente para el conocimiento y fallo de la causa a la Audiencia Provincial de Madrid.

La Fiscalía Anticorrupción pide casi 70 años de cárcel para el ex ministro de Economía por defraudar más de 8,5 millones de euros. Le acusa de once delitos contra la Hacienda Pública, pidiendo penas de entre cuatro y seis años de cárcel por cada uno; uno de blanqueo de capitales, por el que reclama seis años; otro de insolvencia punible, por el que pide cuatro años; otro de corrupción en los negocios.

A lo largo de la investigación judicial, se han identificado incrementos no justificados en el patrimonio de Rato entre los años 2005 y 2015 por un importe total de 15.633.056,87 euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior que tampoco fueron declarados a la Hacienda Pública. Las cuotas defraudadas ascenderían a 8.586.121,67 euros en esos ejercicios fiscales.

El magistrado, que también abre juicio a otras 17 personas, físicas y jurídicas, requiere a Rato para que en el plazo de un día preste una fianza de 65,1 millones de euros a fin de garantizar la posible responsabilidad civil derivada del proceso.

El pasado 1 de marzo, el titular del juzgado decidió procesar al exvicepresidente del Gobierno y a otras 16 personas, físicas y jurídicas, por posibles delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y presunta elusión fiscal.

En aquella lista faltaba el ex consejero ejecutivo de Bankia José Manuel Fernández Norniella, "amigo" y supuesto colaborador de Rato a ojos de los investigadores, aunque por error, ya que sí se encuentra entre los acusados que tendrán que sentarse en el banquillo.

La apertura de juicio oral se conoce apenas dos meses después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara para el exministro penas de prisión de entre cuatro y seis años por cada uno de los once delitos contra la Hacienda Pública que le atribuía, seis años por blanqueo, cuatro por insolvencia punible, otros cuatro por corrupción en los negocios, y tres por falsedad documental.

No será juzgado por insolvencia punible y falsedad continuada

No obstante, el juez deja ahora fuera del procedimiento los supuestos delitos de insolvencia punible y falsedad continuada, al entender que en ningún momento ni las pesquisas ni la propia causa se han centrado en tales infracciones. Se trata, por tanto, "de evitar acusaciones sorpresivas que introduzcan en el procedimiento hechos no sometidos a contradicción, causando con ello una efectiva indefensión material de los acusados".

Rato será juzgado como autor de once delitos contra la Hacienda Pública entre los ejercicios 2005 y 2015, un delito de blanqueo de capitales y otro de corrupción entre particulares en la concesión de las campañas publicitarias de Bankia a las agencias Zenith y Publicis en su etapa al frente de la entidad.

El resto de acusados

Junto a Rato, figuran entre otros como acusados por delito fiscal el abogado Domingo Plazas; el que fuera administrador de varias sociedades vinculadas a Rato, Miguel Ángel Montero, o el ex secretario general de Teléfonica, Ramiro Sánchez de Lerín.

En el de blanqueo de capitales se encuentra también el que entonces era su cuñado, Santiago Alarcó, mientras que en el de corrupción entre particulares está Fernández Norniella, antigua "mano derecha" del exministro; la secretaria de Rato, Teresa Arellano; Miguel Ángel Montero; Domingo Plazas; el exdirector de Comunicación Externa de Bankia Miguel Robledo, y una de sus empleadas, Beatriz Colomer. Por su parte, las sociedades Publicis y Zenith figuran asimismo como responsables penales por el delito de corrupción.

Más de 220 millones en fianza para todos los acusados

Asimismo, el juez impone más de 220 millones de euros en fianzas al conjunto de acusados, que deberán prestarlas en un día para asegurar futuras responsabilidades; de no hacerlo, el juzgado dictará el embargo de sus bienes. De esa cuantía, 65,1 millones deberán ser aportados por Rato, 40,4 millones por Domingo Plazas y 27,5 por Santiago Alarcó.

En el caso de Sánchez de Lerín, se ha fijado una fianza de 10,3 millones de euros; el auto prevé que su responsabilidad solidaria por los delitos supuestamente cometidos entre 2013 y 2015 se determine en ejecución de sentencia, con la declaración de la responsabilidad civil subsidiaria de Telefónica.

Dada la naturaleza de los hechos, la Audiencia Provincial de Madrid será el órgano encargado del conocimiento y fallo de la causa.