El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, José De La Mata, ha abierto juicio oral contra la cúpula de las clínicas low cost iDental por un fraude a la Seguridad Social de casi 24 millones de euros, sin contar los intereses, cerrando así otra de las piezas separadas de investigación en la que se articula esta macrocausa seguida por delitos de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública, blanqueo y alzamiento de bienes.

En concreto, De La Mata, en línea con la solicitud de la Fiscalía y de la acusación que ejerce la Tesorería de la Seguridad Social, ha acordado enviar a juicio a los administradores originales de iDental Antonio Javier García Pellicer y Vicente Castañer Blasco, así como a sus sucesores al frente de la compañía: Luis Sans, los hermanos José María y Juan Garrido López y Domingo Bejarano por delitos contra la Hacienda pública.

Según explica en su auto, desde el año 2014 iDental se basa en un modelo de negocio "consistente en un gran entramado societario opaco, con organigramas empresariales complejos y con la colaboración en unos casos de testaferros, para prestar la actividad médico dental mediante la apertura de clínicas y talleres en toda España y en el extranjero".

Este entramado empresarial cuenta con dos tipos de sociedades: Las mercantiles titulares de las clínicas y talleres donde se desarrolla la actividad profesional, que generan deuda a la Seguridad Social por importe de 11,1 millones de euros en impagos de la cotización de sus trabajadores intereses incluídos; y las sociedades interpuestas o pantalla y sus testaferros, constituidas con el "propósito de defraudar" y que deben cerca de 21 millones de euros contando asimismo con recargos e intereses.

Conforme detalla De la Mata, el funcionamiento diario de las clínicas consistía en ofertar tratamientos odontológicos a un sector de población de ingresos medios-bajos, bajo compromiso de descuentos y facilitando su financiación, ya que con su intermediación, el coste lo financiaban entiddades diversas de modo que el cliente quedaba como deudor de la financiera "y al albur del tratamiento clínico" que le iban administrando en iDental.

El sistema colapsa en octubre de 2017 por las deudas contraídas con proveedores y prestamistas, carente ya de financiación nueva y el impago acumulado de nóminas y seguros sociales, dejando de prestar los tratamientos clínicos y miles de personas afectadas por todo el país.

Castañer Blasco y García Pellicer habían llegado a montar medio centenar de sociedades en torno a iDental pero llegado un momento, extinguen 34 de ellas, todas con deudas a la Seguridad Social, y dejan el grupo empresarial en 21 para planificar su venta. Acaba en manos del fondo Weston Hill Asset Management a través de una sociedad interpuesta y el control pasa a manos de Sans Huecas y los hermanos Garrido.

Los beneficios de la operación, según De La Mata, irán a parar a las cuentas y sociedades personales de Castañer Blasco y García Pellicer mientras las deudas de las 34 sociedades disueltas quedan pendientes y la deuda de las 21 que se mantuvieron, en la medida que no fue saldada en el momento de la venta, se transmite a sus adquirentes.

Los nuevos gestores, a través de sus sociedades interpuestas, compraron el grupo bajo un compromiso de refinanciación con los iniciales prestamistas que "no se ha llegado a cumplir nunca" y lograron mantener el entramado empresarial con la financiación de inversores externos del otro grupo de clínicas dentales que era de su propiedad, Institutos Odontológicos Associats SL (IOA) y que "desviaron" a iDental. De hecho, el juez sostiene que utilizaron "sin reparos" los fondos que esa empresa recibía de terceros en cuantías que ascienden a 56 millones de euros, lo que permitió salidas de capital a todo el grupo.

Multas millonarias

"Con este modus operandi y sin dejar de generar deuda de manera sistemática y contumaz, iDental mantuvo su actividad a la vez que se fueron despatrimonializando las 21 sociedades hasta su extinción o concurso de acreedores", explica el auto, que detalla que Luis Sans y los hermanos Garrido lograron "la frustración de la recaudación de las cuotas de la Seguridad Social" utilizando "abusivamente los propios mecanismos de apariencia de legalidad con la TGSS para ocultar sus objetivos".

De hecho, los tres habrían obrado de manera similar en IOA, pues desde octubre de 2017, este grupo y las 12 entidades que lo conforman generaron una deuda propia de 1,32 millones de euros que unido a intereses y recargo hacen un total de 1,6 millones de euros.

El juez ha impuesto a García Pellicer, Castañer Blasco y Bejarano Calabuig fianzas de dos millones de euros, mientras para Sans, los hermanos Garrido la ha fijado en 30,1 millones de euros y para González Sánchez la ha estipulado en 27,9 millones. Se trata de una cantidad equivalente a un tercio de la multa que afrontarían en caso de ser condenados.