Las defensas del procés llevan semanas alternando el perfil bajo con las intervenciones puntuales para desmentir a los policías nacionales y guardias civiles llamados como testigos por las acusaciones, pero en estos días han pasado de nuevo al contraataque.

La 11 semana del juicio en la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo arrancaba con las declaraciones de nuevos testigos de las acusaciones, y se cerraba con las comparecencias de los testigos de las defensas: cargos políticos, responsables de Diplocat y académicos respondían este jueves a las defensas entre advertencias y reproches del presidente del tribunal, Manuel Marchena, que interrumpió a testigos, letrados y acusaciones en varios momentos.

Tras los duros testimonios contra sus defendidos de los agentes policiales, sus letrados trabajaban para contrarrestar estos relatos, desmontar sus acusaciones, y sustentar con declaraciones su versión sobre cómo fue en realidad el procés. El pacifismo de Oriol Junqueras y Raül Romeva, vicepresident y conseller de Exteriores de la Generalitat, respectivamente; el carácter de documento académico del denominado Libro Blanco, o el hecho de que Diplocat nunca haya sido un brazo propagandístico del Govern en el extranjero, eran los principales mensajes que trataban de transmitir. Siempre, presentados entre valoraciones sobre el carácter pacífico del procés y de las concentraciones de esas jornadas -entre ellas la del 20 de septiembre de 2017, ante la sede de la Consellería de Economía, clave para el relato de las acusaciones-.

Y, si el exdiputado de la CUP David Fernàndez, afirmaba que la violencia por parte los ciudadanos que acudieron a votar en el referéndum soberanista del 1-O fue “marginal”, “puntual”, el parlamentario de ERC Ruben Wagensberg afirmaba que la actitud de los concentrados era 100% pacífica”, y que se trató de “una jornada festiva".

A su vez, el diputado de ERC Jordi Orobitg aseguró que la protesta del 20-S se desarrolló “en un ambiente festivo, con cánticos”. Un joven de 18 años tuvo que abandonar el lugar por la “reprimenda” que recibió de todos los asistentes, tras lanzar “una botella de agua vacía” a la fachada de la Consellería, relataba.

Todos ellos han rebajado el relato sobre la supuesta tensión en esta protesta, repetido por los testigos de la Guardia Civil que ya han desfilado ante el tribunal, e incluso por la propia secretaria judicial que participó en el registro de esta sede, Montserrat del Toro.

La entrada y salida del edificio, rodeado por miles de personas, era “fluida y normal”, según la secretaria de Junqueras, Silvia Sabat. "Había un ambiente de tranquilidad, lúdico y de protesta”, apuntaba el senador de ERC Joaquim Ayats. "La gente cantaba, hubo un castell”, recordaba el senador de ERC Bernat Picornell.

No faltaban tampoco los datos y anécdotas sobre el “pacifismo” de los procesados, fundamentalmente de Oriol Junqueras y Raül Romeva. "Él nunca estaría en un proyecto político que contemplara la violencia como una opción", afirmaba la alcaldesa de Sant Vicenç dels Horts, María Teresa Aymerich.

El exdirector y fundador del centro Unesco de Catalunya, Félix Martí, recordaba a su vez que Romeva quiso ejercer como especialista “en desarme y procesos de paz” en este centro, y con este fin pasó un año en Sarajevo (Bosnia Herzegovina) tras la guerra (finales de los 90), cuando aún “había francotiradores” en la ciudad.

La verdadera naturaleza del Libro Blanco

Para el instructor de la causa, el juez Pablo Llarena, el Libro Blanco de la Transición Nacional, que data de los tiempos de Artur Mas como president de la Generalitat, es el origen de la hoja de ruta independentista, si bien dos de sus autores han negado la mayor este jueves. Los Catedráticos de Derecho Constitucional Enoch Alberti y Joan Vintró, que formaron parte del organismo que elaboró el documento, el Consejo Asesor para la Transición Nacional, aseguraron que el texto no era una guía a seguir por los dirigentes independentistas, y que ni siquiera cobraron por su elaboración.

Según su relato, era “un documento académico”, que en ningún caso perseguía ser “el pilar de una estrategia política”. “En absoluto marcaba una hoja de ruta para la independencia”. “Pretendía estudiar, desde un punto de vista general, las vías posibles para celebrar la consulta y los diversos escenarios, tanto si se hacía con acuerdo con el Estado, como si no se podía realizar", afirmaba Alberti.

Diplocat no era un brazo propagandístico del Govern

En otro orden de cosas, y como ocurrió en sesiones anteriores, directivos de Diplocat o representantes de otras entidades ante esta corporación -financiada casi en un 90% por la Generalitat-, ha incidido en que su labor en absoluto era la que le atribuyen las acusaciones, esto es, ejercer como una suerte brazo propagandístico de la Generalitat en el exterior.

Jacint Jordana, directivo del ente, incidía en que en realidad éste perseguía dar a conocer la realidad social, cultural y política catalana en otros países. A su vez, Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y representante de la Corporación ante este organismo, explicaba que Diplocat se dedicaba a la “diplomacia pública”, y no a la “acción exterior”. Perseguía la "promoción social, cultural y económica” de la realidad catalana, incidía.

En la misma línea, el representante de la Federación Catalana de Cajas de Ahorro ante esta corporación, Antoni Millet, hablaba de la labor de “paradiplomacia” o de “relaciones públicas internacionales”.

Las broncas de Marchena

En otro orden de cosas, quien ha estado particularmente activo este jueves ha sido el presidente del tribunal. Marchena iniciaba la sesión rechazando la petición del letrado Jordi Pina de dar a las defensas la oportunidad de interrogar en último lugar a todos los testigos, y pasaba a acotar con firmeza todas las intervenciones, tanto para evitar “disertaciones académicas” como para frustrar discursos alejados de la cuestión. Ha intervenido en prácticamente todos los interrogatorios.

El ejemplo más destacado llegaba tras la intervención de Albertí, que intentaba explicar su visión académica del derecho de autodeterminación. Marchena ha rechazado que pudiera convertirse en “perito jurídico”, pese a su “brillante producción académica”. “No podemos permitir que el juicio se convierta en una lección de un constitucionalista a los magistrados del Supremo”. “No puedo consentir que el juicio se convierta en una disertación de una constitucionalista”, abroncaba.

“Esto es un insulto para los miembros del tribunal”, espetaba a Benet Salellas, abogado de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural quien interrogaba al testigo -y quien propuso su citación-. A la letrada Olga Arderiu, responsable de la defensa de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, le afeaba que consultase al testigo sobre cuestiones relacionadas con el Reglamento y el funcionamiento del Parlament. “Está examinando a un acreditado constitucionalista sobre la naturaleza de los actos parlamentarios”, afeaba.

También interrumpió a Pisarello, que se remontó a la época de Manuel Azaña para recordar que entonces ya se debatía en Catalunya sobre la autodeterminación. “Por favor no le recuerde al tribunal aspectos históricos respecto a los que existen también otras fuentes bibliográficas", cortó.