Juicio al procésEl número 2 de Vox participará directamente en el juicio a los independentistas

Javier Ortega Smith ha compatibilizado hasta hoy su cargo como número dos de Vox con su trabajo como letrado del partido ultraderechista, personado como acusación particular en el caso del procés,  que en las próximas semanas comenzará a juzgar el Tribunal Supremo. Lo hizo antes de las elecciones andaluzas de diciembre, en las que irrumpieron en las instituciones cosechando 12 escaños, y desde su formación aseguran a Público que seguirá haciéndolo cuando arranque el juicio, previsiblemente a finales de este mes.

Vox quiere desmantelar las autonomías e ilegalizar los partidos independentistas, y a la vez ejerce como acusación en la causa del procés. No hay mecanismo que lo impida

El partido de Santiago Abascal se jacta de exigir la "suspensión de la autonomía catalana" como primer punto de su programa; ataca el modelo del Estado de las autonomías y promete desmantelarlo si logra tocar poder, e incluso presume abiertamente de querer ilegalizar los partidos independentistas, pero el secretario general de los ultraderechistas está decidido a seguir desempeñando ambos roles. Y no hay mecanismo legal para impedírselo, como reconocen fuentes jurídicas conocedoras del caso, ni el Supremo está dispuesto a expulsar a los suyos de la causa, pese al interés electoralista con el que su partido contempla esta causa.

El macrojuicio al procés es el mejor altavoz que podrían conseguir, y así lo reconocen a este diario desde la formación ultraderechista. Si bien, también sostienen que la responsabilidad última de que se beneficien de esta resonancia corresponde a los medios de comunicación; si logran que este contexto les sirva para amplificar su mensaje sobre "la unidad de España" es porque así lo permiten los medios, insisten.

La causa servirá como perfecto altavoz para los ultraderechistas: podrán interrogar a Junqueras, el resto de acusados y los testigos, y se garantizarán importantes espacios mediáticos de un juicio que será televisado en directo

Con ello, y pese a su evidente interés político en lo que respecta a este caso, Ortega Smith podrá interrogar al vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, y a los otros 11 acusados de cometer un supuesto delito de rebelión, a los que no se cansa de tildar de "golpistas", tanto en los platós como en el Supremo -donde comparta estrado con el abogado Pedro Fernández Hernández-. El juicio también permitirá a los ultras interrogar a los testigos, e interaccionar directamente con el Tribunal.

Se espera que el proceso se prolongue durante meses, y durante este tiempo será retransmitido en directo, en sesiones de mañana y tarde: tiene garantizado un espacio considerable en televisiones, radios y otros medios de comunicación, y sin duda marcará la agenda política de un año en el que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado aún no está clara,  con un Ejecutivo dependiente de los votos de los partidos catalanes, y con elecciones europeas, autonómicas y municipales convocadas en mayo.

Un ejemplo "sangrante" de interés político

No es extraño que los partidos políticos se personen en causas judiciales, si bien en este caso el interés electoralista de Vox es "flagrante", como apunta Julio Pérez Gil, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Burgos. "En ocasiones la acusación puede servir como válvula de seguridad; en otras puede suponer una politización o uso indebido de la justicia". "En este caso es muy sangrante y muy evidente", apostilla.

Pérez Gil: "En ocasiones la acusación puede servir como válvula de seguridad; en otras puede suponer una politización o uso indebido de la justicia". "En este caso es muy sangrante"

En conversación con este diario, Pérez Gil explica que no es posible expulsar a un particular o a un partido de la acusación, salvo que incurra en "fraude procesal evidente". "Otra posibilidad es que se les impongan las costas", plantea, recordando el caso del sindicato ultra Manos Limpias.

Su tesis doctoral estudia esta figura, contemplada en el Artículo 125 de la Constitución, desarrollada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículos 101 en adelante), y, según el catedrático de la Universidad de Burgos, acotada en abundante jurisprudencia. También reconoce que es contrario a su existencia en el marco actual: "No compensa, genera mayores perjuicios que beneficios", razona, recordando que en el resto de países europeos esta figura desapareció "con la creación del Ministerio Fiscal".

Además, personarse en una causa permite acceder a "información esencial" de la misma, y por ello esta técnica ha sido utilizada, entre otros, por el excomisario jubilado y pieza clave de las Cloacas de Interior, José Manuel Villarejo Pérez, hoy en prisión provisional. Sin ir más lejos, ell PP llegó a ser expulsado de la acusación en Gürtel, en respuesta a sus esfuerzos por favorecer al extesorero del partido, Luis Bárcenas.

Por otro lado, en la causa del procés se integra, en el equipo de defensa de Josep Nuet, exdiuputado de En Comú Podem y coordinador de EUIiA , el abogado Enrique Santiago, también secretario general del PCE. No obstante, los roles de defensa y acusación son muy distintos, Santiago ejerce como abogado en muchas otras causas, y no tiene sobre sí el foco mediático que pende sobre Vox, ni lanza mensajes diarios en relación a esta causa.

La defensa de Cuixart intentó apartar a Vox, sin éxito

En otro orden de cosas, la posición privilegiada de Ortega Smith y su partido llevó a la defensa de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural y uno de los 12 acusados a los que juzgará el Supremo, a pedir al Alto Tribunal que expulsase a Vox de la causa. La primera vez que lo intentó fue el 24 de octubre, si bien recurrió la negativa del Supremo -6 de noviembre- y esta misma semana incluyó esta petición en su escrito de conclusiones. Cuixart se enfrenta a una petición fiscal de 17 años de cárcel por un delito de rebelión, mientras que el partido ultraderechista solicita 62 años por dos supuestos delitos de rebelión y alternativamente, dos de sedición, y uno de organización criminal.

El escrito de su defensa planteaba que el "único" interés de Vox por ejercer como acusación "obedece a la voluntad de utilizar dicha personación como polo de atracción electoral"; que sus "exclusivas finalidades partidistas " suponen la "utilización fraudulenta de la acusación particular", y que uno de los pilares de su propuesta política se asienta en el "desconocimiento y negación del derecho a la autonomía de las naciones y regiones". Su objetivo central es, en definitiva, "disponer del altavoz mediático que supone la ocupación del estrado de la acusación en la fase del juicio oral en un proceso penal de relevancia pública", apostillaba el texto.

En su respuesta, el Alto Tribunal razonó que “el marco jurídico actual” permite la presencia de Vox, y recordó que el estudio de los "móviles" que mueven a la acción popular a personarse en la causa "no es, desde luego, indispensable" para permitirles ejercer como acusación popular.

El Supremo, que aprovechó también para insistir en la importancia de regular esta figura -contando con que esta regulación "excluya el riesgo de trasladar al proceso penal la contienda política"-, reconoció que la acusación se sitúa "como parte", y por tanto "no es un tercero imparcial". También estableció que la acusación debe actuar "conforme a las exigencias de la buena fe". Lo hizo menos de un mes antes de que los ultraderechistas irrumpieran en el Parlamento de Andalucía con un discurso fuertemente contrario con la organización autonómica y contra los dirigentes independentistas catalanes. E incluso contra sus ideas.