¿Será un juicio contaminado? El tribunal del caso Ausbanc tendrá que decidir este miércoles si continúa juzgando al líder de esta asociación de consumidores, Luis Pineda, y al del sindicato ultra Manos Limpias, Miguel Bernad, o si por el contrario suspende el juicio.

En los trámites de las cuestiones previas al inicio de la vista oral, los abogados suelen sacar toda su artillería para inventar invalidad el juicio.

En el caso de Ausbanc, este trámite se resuelve este miércoles. El brillante y controvertido Miguel Durán es el abogado de Pineda: está a los mandos de la defensa tras superar una enfermedad. Y buscará la nulidad.

La contaminación del juicio puede provenir del excomisario José Villarejo, de cuyo entorno se sospecha que pudo surgir la denuncia anónima en febrero de 2015 ante la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigó en tiempo récord la supuesta trama de corrupción que se escondía detrás de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc).

Luis Pineda se sienta en el banquillo en esta causa. Pero también figura como perjudicado en el caso Villarejo que investiga la Audiencia Nacional. Y el BBVA es investigado en esta última causa por haber pagado al menos 211.750 euros al excomisario Villarejo para investigar a Ausbanc y Pineda.

Pineda sostiene en su denuncia ante la Audiencia Nacional que es víctima de un complot montado por el policía tras sus denuncias contra el BBVA por las cláusulas suelos y que el precio habría sido seis millones de euros. 

Los tribunales suelen dejar la solución de estas cuestiones previas para cuando dicten sentencia, donde de manera razonada exponen si se aceptan o no dichas alegaciones. Y en el caso de Ausbanc es muy posible que el tribunal anuncie esta decisión este miércoles. Así lo defenderá la Fiscalía y la acusación popular que ejerce Podemos.

No obstante, cuando se levante el secreto del sumario de las piezas del caso Villarejo se podrá adoptar la suspensión o no del juicio si afecta a la esencia de los delitos que ahora se juzgan.

En la vista se juzgará la supuesta connivencia entre Ausbanc y Manos Limpias para extorsionar a cambio de retirar acusaciones y presionar a bancos para obtener dinero en forma de publicidad so pena de atacar su reputación con informaciones.

Pineda y Bernard se enfrentan a peticiones del fiscal de 118 y casi 25 años de cárcel, respectivamente, por integrar una trama extorsiones.

En el banquillo se sientan otros nueve acusados, entre ellos Virginia López Negrete, la abogada de Manos Limpias que dirigió la acusación contra la infanta Cristina de Borbón en el 'caso Nóos'. La Fiscalía solicita para la letrada cerca de doce años de cárcel.

Está previsto que el juicio se prolongue hasta el 24 de abril.

Los procesados están acusados de delitos de estafa, blanqueo de capitales, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en las subvenciones y pertenencia a organización criminal.

Se acusa a sus líderes, entre otras cosas, de tratar de negociar la retirada de la acusación de Manos Limpias contra Cristina de Borbón a cambio de un acuerdo de entre dos y tres millones de euros.

Financiaba las acusaciones de Manos Limpias

El fiscal expone en su escrito de acusación que Pineda "planeó un sistema para exigir la entrega de cantidades dinerarias importantes bajo las advertencias, explícitas en ocasiones y veladas en otras, de arremeter contra dicho activo reputacional por medio de la publicación de noticias desfavorables, presionando también en ocasiones con ejercitar acciones judiciales contra dichas entidades".

Para reforzar la presión contra las entidades y lograr acuerdos económicos a partir de finales de 2012 empleó a Manos Limpias, a la que además financiaba para ejercer la acusación popular contra determinadas personas contando con el apoyo de Bernad.

Entre los acusados se encuentran ex empleados de Ausbanc. Desde la directora de los servicios jurídicos, la encargada del departamento de publicidad, el director de Comunicación a la responsable de eventos, además de un tesorero y el director adjunto. Las peticiones de pena de la Fiscalía abarca para ellos desde los 16 a los 66 años de prisión.

Entre las entidades supuestamente afectadas en la causa figuran Crédit Services, Caja Madrid-Bankia, Sabadell, Volkswagen, Caixabank o Banco Santander, informa Efe.

El BBVA ha retirado su acusación, al igual que Caixa Geral y Radio Televisión de Andalucía y Canal Sur Radio y Televisión.