La banca gana —de nuevo—; dos partidos se reparten los asientos en el órgano de Gobierno de los jueces; Estrasburgo asesta un nuevo varapalo a España… Si 2018 ha sido un año particularmente convulso a nivel político, la Justicia tampoco ha logrado salvarse de sufrir sus propias sacudidas, con el correspondiente daño a su credibilidad.

De la polémica sentencia sobre las hipotecas al anuncio del nombramiento del presidente del CGPJ antes incluso de comunicar la lista definitiva de candidatos a ser vocales en este órgano, pasando por la condena a La Manada, estos son algunos de los frentes de la Justicia en un año negro. La huelga de jueces y fiscales de este lunes es la guinda del pastel.

El nombramiento del presidente del CGPJ antes de designar vocales

La del pasado lunes es la enésima polémica en lo que va de año. Gobierno y PP anunciaron su pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces. Y, si el PSOE de Pedro Sánchez defendía la importancia de acabar con la politización del Consejo, el acuerdo con el Partido Popular estableció que el presidente de este órgano será el magistrado conservador Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

La Ley Orgánica del Poder Judicial deja muy claro que son los veinte vocales -también pactados, a razón de 9 conservadores y 11 progresistas- quienes deben elegir al presidente del CGPJ y el Alto Tribunal, pero ambos partidos decidieron anunciar el nombre acordado, antes incluso de que se conocieran los nombres de los vocales a los que apoyarán en Congreso de los Diputados y Senados, garantizándose su elección dado el actual equilibrio de fuerzas en ambas cámaras.

Esto ha generado una cascada de reproches por parte de las asociaciones judiciales, e incluso el anuncio de un recurso ante la Sala Tercera del Supremo contra el nombramiento de Marchena, redactado por la Asociación Francisco de Vitoria. "Mi compromiso: regenerar la vida democrática es hacer un CGPJ verdaderamente independiente del Gobierno", escribía en diciembre de 2014 el actual presidente del Gobierno y entonces líder de la oposición desde su perfil en la red social Twitter.

El impuesto hipotecario: la banca gana (otra vez)

Para distintos expertos en el sector, posiblemente el escándalo de la sentencia de las hipotecas sea el más grave para el sistema judicial en años. Y todo ha ocurrido en menos de un mes.

En la primera semana de noviembre, y por sólo dos votos de diferencia -15 a 13-, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo estableció que son los clientes quienes deben y debían correr con el pago de este impuesto, librando a la banca de tener que devolverles miles de millones de euros.

La intervención del presidente de Sala, Luis María Díez Picazo, fue particularmente controvertida: Díez Picazo tuvo opción de forzar el empate en la votación, pero decidió apostar por la banca. Ante esta tesitura, el Ejecutivo de Sánchez apostó por aprobar en Consejo de Ministros su real decreto de reforma del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para que los bancos sean quienes paguen este impuesto en las hipotecas. De ahora en adelante.

El delito de rebelión y el varapalo de tribunales europeos sobre Catalunya

En otro orden de cosas, a escasos meses del juicio al Procès en el Supremo, Oriol Junqueras y los principales líderes independentistas cumplieron en noviembre todo un año en prisión provisional; en el caso de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart ya van por un año y un mes de privación de libertad, a la espera del juicio.

Esta medida ha sido criticada por destacados juristas, como la de imputar a los dirigentes independentistas encarcelados un delito de rebelión, al no apreciar violencia en su conducta. El propio presidente del Gobierno ha pasado de un extremo a otro; si hace meses daba por hecho que sí se había dado este delito, las últimas declaraciones de Sánchez en el Senado —con cita al exministro del PP Federico Trillo incluida— apuntaban en la dirección contraria. Y así viraba también la posición de la Abogacía del Estado.

La guinda del pastel tiene que ver con el rechazo de varios países europeos a las extradiciones reclamadas por España vía Euroorden, un mecanismo denostado por el PP y particularmente por su líder, Pablo Casado. El más sonado de estos casos: la decisión del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein (Alemania) de aceptar la extradición del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, únicamente por un delito de malversación, el menos grave de los argumentados por el juez Pablo Llarena. De hecho, las formaciones independentistas se han servido de los portazos de Alemania o Bélgica para apuntalar su relato sobre las deficiencias de la Justicia española.

Una ministra de Justicia cuestionada (y reprobada)

Las grabaciones de conversaciones entre la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el excomisario José Manuel Villarejo Pérez, hoy en prisión provisional por la supuesta comisión de varios delitos, arrasaron con el crédito de la titular de Justicia. Tampoco ayudó el hecho de que ella afirmase no haberse reunido con el excomisario vinculado a las Cloacas de Interior años antes de ser ministra, para luego retractarse ante las múltiples evidencias de que estos encuentros sí tuvieron lugar.

Tras aferrarse al cargo pese a las fuertes presiones de todos los grupos políticos -incluso el socio preferente del Gobierno, Unidos Podemos, criticó su permanencia al frente de Justicia-, Delgado fue reprobada por el Congreso de los Diputados y por el Senado. Irónicamente, la actual titular de Justicia y su antecesor, Rafael Catalá, también reprobado por la Cámara Baja, son los máximos responsables de la negociación que desembocó en el pacto que aupará a Marchena hasta la presidencia del CGPJ.

La sentencia contra La Manada

La violación de La Manada a una joven en 2016, y la condena a estos agresores a 9 años de cárcel fue duramente contestada a nivel social, más en el año de las reivindicaciones feministas materializadas en la multitudinaria manifestación del 8-M. La percepción social generalizada fue que la pena era insuficiente. De hecho, el propio presidente del Gobierno entonces, Mariano Rajoy, respondió a esta sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra anunciando que el Ejecutivo revisaría el concepto de violencia que figura en el Código Penal para los casos de violación. Los agresores fueron condenados a prisión por “abuso sexual”, pero no por agresión, al no apreciar el tribunal que hubiese ni violencia ni intimidación: "Vamos a estar siempre con las víctimas. Si es preciso, se cambia la ley". "Lo importante es trabajar para que no tengamos que comentar nunca más una circunstancia como esta", reaccionó Rajoy.

El voto particular de Ricardo González, uno de los jueces, poniendo en duda el testimonio de la víctima, acabó por incendiar aún más la situación. Recientemente, el presidente del TSJ de Navarra, Joaquín Galve, estimó que la resolución sobre los recursos presentados a esta sentencia podrían emitirse “más o menos” en los plazos estimados. Esto es; al inicio de diciembre, aproximadamente.

A este caso se puede añadir el de Juana Rivas, condenada a cinco años de prisión por la sustracción de sus dos hijos para alejarlos de su padre, al que denunció por maltrato. "Hay que ponerse en el lugar de esta madre", dijo también Rajoy.

Estrasburgo da la razón a Otegi: no tuvo un juicio justo

Al arranque de noviembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo (Francia), dio la razón a Arnaldo Otegi y a otros cuatro dirigentes de la izquierda abertzale, al dictaminar que no tuvieron un juicio justo ni un tribunal imparcial. El coordinador de EH Bildu fue juzgado, condenado y encarcelado por el caso Bateragune, y Estrasburgo ha sentenciado por unanimidad que efectivamente se violaron sus derechos, si bien ha optado por no obligar a España a indemnizarle. Otegi sigue inhabilitado para ocupar cargos públicos hasta 2012, pero ya amagó con recurrir, tras conocer la sentencia del TEDH.

Más de Estrasburgo: quemar fotos del rey es libertad de expresión

Quemar una foto del rey es libertad de expresión, aunque los tribunales españoles digan lo contrario. En marzo de este año, Estrasburgo condenó a España por imponer una pena de cárcel a dos manifestantes que quemaron una foto del rey en 2007. El TEDH impuso a España que indemnizase con 14.400 euros a los dos jóvenes catalanes que quemaron el retrato del monarca Juan Carlos de Borbón en el transcurso de una manifestación.

Según el Tribunal, la quema de fotografías forma parte de "la crítica política". “El interés de un Estado de proteger la reputación de su propio jefe de Estado no puede justificar otorgarle un privilegio especial o protección frente al derecho a informar y expresar opiniones a su sujeto", sentenció Estrasburgo.

El “me cago en Dios” de Willy Toledo

"Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso". Este mensaje del actor Willy Toledo, publicado en su perfil de la red social Facebook en julio de 2017, le ha llevado a ser procesado por un supuesto delito contra los sentimientos religiosos.

En esta publicación, el actor criticaba la apertura de juicio oral contra tres manifestantes que participaron en la procesión satírica del ‘Santísimo Coño Insumiso’, en Sevilla. La Asociación de Abogados Cristianos denunció este comentario, y la Fiscalía decidió investigar a Toledo. El actor fue detenido en septiembre, tras no comparecer ante el juez en las dos ocasiones en las que fue llamado a declarar por esta denuncia. La Fiscalía, además, ha pedido al juzgado madrileño que lleva la causa que investigue a Toledo por otros comentarios vertidos en la misma red social. Su solicitud ha sido rechazada.

Tres años y medio de cárcel al rapero Valtonyc

"Puta policía y puta monarquía"; "Cuando digo Gora ETA delante de un guardia civil, por eso te encierran y no por ser un hijo de puta como Urdangarín". Estos son algunos de los versos del rapero Valtonyc que sirvieron a la Audiencia Nacional para condenarle a tres años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, calumnia e injurias graves a la Corona.

La pena contra el cantante José Miguel Arenas Beltrán fue ratificada por el Tribunal Supremo, y Valtonyc huyó a Bélgica. España ha pedido su extradición, y la Justicia belga ha optado por consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sobre la aplicación de la ley penal española. Pretende saber si debe aplicar la norma de 2012, cuando se dieron los hechos considerados delictivos, o la actual, más severa.