Las multas que impone el Estado por incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, siguen al alza, pese a que la norma está recurrida en el Tribunal Constitucional por una buena parte de los grupos que integraban el Congreso de los Diputados en 2015 y pendiente de una reforma que se inició al final de la anterior legislatura y que decayó con la convocatoria de elecciones generales.

Según recoge el Anuario Estadístico del Ministerio de Interior del año 2018, las sanciones impuestas en materia de Seguridad Ciudadana durante el pasado año registraron un leve incremento con respecto a 2017, de 48.561 a 48.922, lo que supuso un incremento del 2,5% en la cuantía recaudada por el Estado, que ingresó 18,1 millones de euros por infracciones relacionadas con manifestaciones y concentraciones, respeto y colaboración con las fuerzas de seguridad, documentos personales de identificación, vandalismo y ocupación de inmuebles, entre otros aspectos.

En la estadística anual de Interior destaca el incremento de la cuantía de las sanciones impuestas por vulneración del artículo 37.4 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que establece como infracción leve “las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal”. En 2018, el Estado ingresó 3,15 millones de euros, un 1,8% más que el año anterior, a cuenta de la imposición de 21.258 sanciones por este concepto, lo que supone una media de 58 multas al día.

Este artículo fue uno de los más criticados por organizaciones sociales, sindicales y de izquierdas cuando se aprobó la ley, puesto que la determinación de la falta de respeto y consideración únicamente puede ser fijada por el representante de las fuerzas y cuerpos de seguridad que interpone la denuncia, al tratarse de una sanción administrativa en la que no tiene que intervenir la autoridad judicial. De resultas de la ambigüedad de este articulado, que prevé sanciones de hasta 600 euros, se produjeron casos llamativos como el de un profesor de la Universitat Politecnica de Catalunya que en 2016 fue multado por haberse dirigido en catalán a un agente de la Policía Nacional en el control de pasaportes del aeropuerto de Barcelona.

Uno de los artículos de la Ley Mordaza impugnados ante el Tribunal Constitucional en un recurso presentado en mayo de 2015 y aún pendiente de resolución, el artículo 37.01, ha sido otro de los que ha experimentado un incremento en la cuantía ingresada por el Estado debido a la vulneración de su enunciado: “La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores o promotores”. Según refleja la Estadística Anual de Interior, el pasado año se impusieron 138 sanciones en aplicación de este artículo, con una cuantía total de 38.750 euros, lo que supone un incremento del 67% con respecto a los 23.140 euros recaudados en 2017.

Desobediencia a la autoridad y el DNI

Por otro lado, el incumplimiento del artículo 36.6, que hace referencia a la resistencia o desobediencia a la autoridad, así como a la negativa a identificarse ante ella, fue motivo de 13.413 multas en 2018, un 3% más que el año precedente. A cuenta de esas multas, el Estado ingresó 8,17 millones de euros, 232.892 euros más que lo que había recaudado en 2017 por esa misma infracción considerada grave y, por tanto, sancionable con multas de 601 hasta 30.000 euros.

La negligencia en la custodia del DNI también es motivo de sanción en la Ley Mordaza, ya que en su artículo 37.11 se considera una falta grave perder o extraviar el documento tres o más veces en el plazo de un año, infracción que en 2018 originó la imposición de 250 multas con una cuantía total de 27.250 euros, unos ingresos que fueron un 74% mayores a los de 2017.

Otro de los artículos de la Ley Mordaza que registra un incremento de las sanciones impuestas es el 36.3, por desórdenes en vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos cuando se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana. La memoria de Interior refleja 6.700 sanciones por esta infracción, 446 más que el año anterior, y con una cuantía que superó los 4,1 millones de euros.

En cuanto a la ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos y contra la voluntad de su propietario o arrendatario, cuando no sea constitutiva de infracción penal, que se halla regulada en el artículo 37.7, la memoria recoge 1.179 sanciones, 95 menos que en 2017, pero con una cuantía total superior, 183.102 euros, cerca de 14.000 más que el ejercicio precedente.

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 fue uno de los asuntos que quedó pendiente de la anterior legislatura cuando ya estaba bastante avanzada una ponencia para modificar parte de su articulado por acuerdo de fuerzas de izquierdas y nacionalistas, fundamentalmente. La convocatoria de las elecciones generales en abril y su repetición el próximo 10 de noviembre, al no haberse alcanzado una mayoría para formar gobierno, han vuelto a aplazar la modificación de esta polémica norma.

La mayoría de los trabajos de la ponencia para la reforma de la ley en el Congreso habían ido encaminados a la búsqueda de fórmulas para acotar sus contenidos, al considerar la mayoría de los grupos que uno de los principales problemas de la norma es la indefinición en su articulado.

Esta ley, sin embargo, sigue pendiente de la decisión que tome el Tribunal Constitucional, que todavía no ha resuelto el recurso que presentaron en junio de 2015 diputados de PSOE, IU, Compromís-Equo, Coalición Canaria, Geroa Bai y UPyD por supuesta vulneración de una docena de artículos de la Constitución española. Los derechos afectados, según los recurrentes, son fundamentalmente los de tutela judicial efectiva, manifestación, reunión y expresión.