La Asociación Memorialista Ranz Orosas (AMRO) ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado y el Tribunal de Cuentas la retirada por parte del Ayuntamiento de Madrid de las placas con nombres de víctimas del franquismo del Memorial del Cementerio de la Almudena, y acusan al Consistorio de un posible delito de prevaricación.

Según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso EFE, los memorialistas consideran que el Gobierno liderado por José Luis Martínez Almeida podría haber incurrido en un posible delito de prevaricación al paralizar este monumento, a falta de tres semanas para su finalización. "Han arrancado un trozo de democracia", aseguran.

El Gobierno municipal ha procedido a retirar las placas del memorial en el que el anterior equipo comenzó el pasado mes de mayo a grabar los 2.934 nombres de los asesinados por el franquismo en la capital entre 1939 y 1944 -se habían instalado placas con la identidad de solo un tercio-, y cuyas obras se paralizaron en julio tras la llegada de PP y Ciudadanos al Consistorio al considerar estas formaciones que no cumplían las recomendaciones del Comisionado de Memoria Histórica.

El Ayuntamiento frenó la instalación del memorial porque el monumento "no seguía las premisas de imparcialidad dadas por el Comisionado y era contrario a sus recomendaciones", han indicado a EFE fuentes municipales.

Según subrayan, el Comisionado aconsejaba en su informe "honrar a todas las víctimas, sean del periodo bélico republicano o del periodo franquista" para evitar, "en aras de una mayor pacificación social, la producción de nuevos agravios al tratar de evitar otros".

También recomendaba, indican desde el Consistorio, la instalación de dos placas "de similar relevancia y visibilidad en memoria de ambos grupos de víctimas y que no figurasen nombres en la placa".

Tras su retirada, la organización memorialista ha presentado ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por el "desmantelamiento" del memorial cuyas obras de montaje, con un presupuesto de 210.00 euros, comenzaron en el pasado mes de mayo y ya se había ejecutado el 80 % del proyecto.

Los demandantes remarcan que es un "deber ineludible de los distintos órganos municipales la defensa de los intereses de las arcas públicas y de la corporación". La entidad ha remitido otro escrito al Tribunal de Cuentas en el que reclaman un estudio de la responsabilidad contable del Ayuntamiento de Madrid, sobre el manejo de los fondos públicos en lo referido a este desmantelamiento.

El nuevo plan del Ayuntamiento de Madrid para el memorial es "unificar ese reconocimiento en un solo monumento que abarque a todas las víctimas que allí fueron fusiladas entre 1936 y 1944", quitando los nombres de las placas, señalan fuentes municipales.