"Sí, me preocuparía tener micrófonos en el despacho, pero en otras ocasiones pienso que si los tendría ganaría en confianza ante la sociedad". Así ha respondido el nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a las preguntas del diputado republicano Gabriel Rufián quien quería saber si tenía escuchas ilegales en el despacho, como ocurrió con otro ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz y cuyas conversaciones con el entonces director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, donde ambos trataban investigaciones contra líderes soberanistas fueron desveladas por Público en junio de 2016.

Rufián no ha esperado a la respuesta de Marlaska, porque ha abandonado la Comisión de Interior antes de que el ministro abordara esta respuesta. El nuevo titular de Interior no ha aclarado tampoco a otra de sus preguntas, si había visto el documental sobre "Las cloacas de Interior", que destaca, según Rufián, "hechos gravísimos sucedidos en el ministerio" y que son graves "para cualquier persona, vote o lo que vote y piense lo que piense".

El nuevo ministro del Interior ha comparecido durante cinco horas ante el Congreso de los Diputados, donde los portavoces de Ciudadanos y el PP, Miguel Gutiérrez y Martín Toledano, han recurrido al terrorismo como ariete contra el Gobierno, a cuenta de un acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco.

"Por favor, no utilicen a las víctimas, no utilicen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha pedido Marlaska a estos dos grupos al tiempo que reconocía haberse sentido "dolido" cuando ha oído los reproches.

"No hay ningún tipo de pacto, no hay ningún tipo de pago" ha enfatizado Marlaska al tiempo que expresaba que el que piense o crea que hubiera ocupado el cargo con esta condición "estaría muy equivocado".

"Estamos en 2018 con una realidad y una situación con ETA disuelta, disuelta por nosotros no por ellos", ha explicado. Marlaska ha insistido en que se trata de afrontar la realidad y aplicar la ley, con el tratamiento penitenciario e individualizado de cada caso cuando ETA se ha disuelto. Y ha desmentido que se hayan acordado nombre alguno en contra de lo difundido.

Al ministro del Interior le ha parecido "triste" que el PP se haya expresado en esos términos y ha reporchado a este grupo parlamentario que durante su gestión al frenteo del Ejecutivo se acercó a presos terroristas cuando ETA estaba muy activa y que la 'vía Nanclares' fue boicoteada desde 2012.

Así, ha recordado que el Gobierno del PP realizó los "grandes traslados" de presos de ETA en los años 1996 y 1997, cuando la banda estaba plenamente activa.

Dada su larga trayectoria como juez de la Audiencia Nacional, Grande-Marlaska ha dicho conocer cómo desde 2012, fecha en la que comenzó el Gobierno de Mariano Rajoy, se boicoteó la denominada "vía Nanclares", una medida del anterior Ejecutivo socialista que beneficiaba a los reclusos de la banda que renunciaban a ella, los arrepentidos, y que propiciaba el contacto de víctimas y victimarios.

Ha sido el momento más duro de su intervención, después de haber recibido insinuaciones del PP de que había sido nombrado ministro del Interior para llevar a cabo el acercamiento de los presos de ETA.

"Quien lo crea, estaría muy equivocado", ha enfatizado el titular de Interior, quien ha apelado a su historia como juez y a su labor en la lucha contra el terrorismo, siempre al lado de las víctimas.

"Voy a seguir en esa misma postura. Es difícil que después de 30 años me separe de la línea", ha insistido Marlaska mientras reiteraba que los acercamientos forman parte del tratamiento penitenciario que se realizará de forma individualizada y no van a ser colectivos.

Encontronazo con Bildu por las torturas

Otro momento tenso durante su intervención de cinco horas ha sido el rifirrafe que ha mantenido con la portavoz de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia, quien le ha preguntado por un informe encargado por el Gobierno vasco y que refiere 4.113 casos de torturas desde 1960 en el País Vasco.

Marlaska le ha pedido a la diputada de  Bildu que aporte las sentencias o resoluciones judiciales que acreditan estas supuestas torturas. "Hay informes que pueden decir 4.000, 5.000 ó 6.000, me podrá decir lo que quiera, pero ya le digo que no. No hay resoluciones judiciales que digan 4.000 o 5.000. Si queremos podemos generar las verdades, pero acostúmbrese a que la verdad es la verdad judicial", ha insistido el ministro del Interior.

Beitialarrangoitia ha seguido la línea de crítica de Bildu, que cuestiona el nombramiento de Marlaska, y le ha vuelto a reprochar que la mayoría de las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de denuncias por torturas ha sido cuando él era juez de la Audiencia Nacional. El ministro ha respondido que las sentencias del TEDH  no son por torturas "sino por no investigar de forma exhaustiva" denuncias de supuestas torturas y que España es de los países con menos sentencias condenatorias. 

 El TEDH ha condenado a España hasta en cinco ocasiones por no investigar suficientemente las denuncias de detenidos y donde el ministro era el juez instructor de la causa o tenía responsabilidad sobre ella. Se trata de los casos de Igor Portu y Mattin Sarasola (2018); el de Beatriz Etxebarria (2014); de Oihan Ataun Rojo (2014);​de Patxi Arratibel Garciandia (2015); y de Xabier Beortegui Martínez (2016).

Armas largas

Por su parte, el portavoz de PDeCat, Joan Guillaumes, ha reclamado del Gobierno el aumento pendiente de 500 efectivos de los Mossos d'Esquadra y la compra de armas largas, "teniendo en cuenta que estamos en un nivel de alerta antiterrorista 4", así como su incorporación a los sistemas de coordinación europeos.

Incluso ha recurrido a la ironía, al aludir a que no no se iban a utilizar para armar a un futuro Ejército catalán, como sostenían algunas informaciones en su día. [En octubre de 2017 el Gobierno del PP paralizó la adquisición de 800 fusiles de asalto y subfusiles, justo cuando días antes se había celebrado el referéndum independentista en Catalunya].

"Me enteraré y trasladaremos esa cuestión", ha respondido Grande-Marlaska mientras reconocía que no es un experto en armas y que no sabía si las que pide el PDCat  dependen del Ministerio de Defensa al tiempo que elogiabael trabajo en materia de seguridad que realizan los Mossos d'Esquadra y su colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil.