Melilla y la hipocresíaMelilla y la hipocresía

El pasado viernes al menos 37 personas murieron intentando cruzar la valla de Melilla. Según la versión oficial de lo sucedido, algunos murieron aplastados y otros al caer al suelo desde lo alto de la valla, de más de seis metros de altura. Sin embargo, hay imágenes que muestran agresiones de la policía marroquí y además, organizaciones no gubernamentales, han denunciado que algunas víctimas agonizaron bajo custodia policial sin recibir asistencia médica. 

Uno de los temores de las ONG es que Marruecos entierre a los migrantes muertos sin practicar autopsias ni identificarlos.

A pesar de provenir de países en guerra no cuentan con vías seguras para llegar a nuestro país. Esto contrasta enormemente con el caso de los ucranianos que huyendo también de la guerra han recibido acogida en España. Más de 130.000 ucranianos han llegado a nuestro país desde que se iniciara el conflicto. 

Según varias ONG que trabajan en Marruecos, las fuerzas de seguridad marroquíes cruzaron la valla de Melilla para golpear, detener y devolver en caliente a varias personas que habían logrado cruzar la valla.

El propio Pedro Sánchez puso este tuit en 2017 en respuesta a una petición de Helena Maleno en change.org para acabar con las devoluciones en caliente en la Frontera Sur: "Sí, Helena. Pedimos la derogación total de la Ley Mordaza y rechazamos rotundamente las devoluciones en caliente".

Pedro Sánchez ha aplaudido la labor de las fuerzas de seguridad marroquíes en la valla de Melilla

A pesar de ello Pedro Sánchez ha salido estos días a agradecer la labor a las fuerzas y cuerpos de seguridad de España y Marruecos en lo que ha calificado de "asaltos violentos". 

Esta es una idea en la que ha incidido en una entrevista concedida a Enric Juliana y Jordi Juan en La Vanguardia. En ella vincula directamente la reanudación de los vínculos con Marruecos tras el reconocimiento de la postura de Rabat respecto del Sáhara con la necesidad de que Marruecos mantenga el control de la frontera sur. 

Estas declaraciones se producen en el marco del cambio de la postura histórica del PSOE respecto al Sáhara que buscaba reforzar los vínculos con Marruecos. 

Recordemos que mediante una carta al rey Mohamed VI, Sánchez reconocía la autonomía marroquí y el plan de Rabat para el Sáhara.

Este gesto pretendía recomponer las relaciones con Marruecos, que se habían roto tras la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, y reactivar su papel en el control fronterizo. Las consecuencias de este gesto no se hicieron esperar, y Argelia amenazó con romper las relaciones de amistad que mantenía con España. Este sábado, Argelia ha calificado de "matanza" lo sucedido en Melilla. 

El colectivo de Helena Maleno, 'Caminando fronteras', que hace un seguimiento de las desapariciones sobre el terreno, ha contabilizado 4.400 muertes en la frontera sur durante 2021. Esta cifra es más del doble de la que se dio en 2020, cuando se reportaron 2.170 víctimas mortales.

Aquellos que consiguen sobrevivir a los naufragios de las pateras, a la violencia en las fronteras, a las concertinas, a las deportaciones en caliente, a las separaciones familiares forzosas… se enfrentan a denegaciones sistemáticas de peticiones de asilo y a barreras sociales, legales y burocráticas. 

Según estimaciones del movimiento estatal Regularización Ya, con los que tendremos la oportunidad de hablar más adelante, más de 500.000 personas, un tercio de los cuales son niños y niñas, se encuentran en situación burocrática de irregularidad en nuestro país. 

Las personas migrantes en situación de irregularidad se utilizan además como mano de obra de reserva para realizar trabajos de gran dureza y mal pagados. Tal es el caso del campo donde el 60% de los migrantes que trabajan como jornaleros lo hacen de forma irregular o el de las trabajadoras domésticas, el 22% de ellas trabaja sin papeles. 

Mantener a todas estas personas en situación de irregularidad, además de una vulneración de los derechos fundamentales, es un negocio enorme para algunos.

Y aquí está la clave a la hora de desmontar el discurso de la extrema derecha: es un negocio para unos pocos empresarios, que tratan de hacer pasar sus intereses particulares como un interés de país. Pero es mentira que la regularización de personas migrantes suponga una amenaza para el bienestar común.

Según una estimación de la Universidad Carlos III la aportación neta media de los trabajadores regularizados a las arcas públicas se incrementaría por encima de los 3.250 euros por persona y año. Teniendo en cuenta que en España hay como mínimo 500.000 personas en situación de irregularidad, esto supondría 1.625 millones de euros extra para sanidad, educación y políticas sociales.