El estallido del llamado 'Catalangate' ha tensado las relaciones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Govern de la Generalitat. El president de Catalunya, Pere Aragonès, advirtió desde Madrid este jueves al líder del Ejecutivo central que tendrá que tomar "decisiones" tras conocerse que decenas de líderes independentistas, él incluido, han sido espiados mediante el sistema Pegasus.

Desde Moncloa son conscientes del enfado de los dirigentes catalanes y lo comprenden, según fuentes consultadas por Público. El objetivo es "restaurar la confianza". Pero cómo se concretará eso, todavía no está claro. El Gobierno de Sánchez se aferra a las relaciones de diálogo establecidas con la Generalitat para minimizar el posible impacto de los avisos de ERC sobre sus apoyos en lo que queda de legislatura. 

Ambos presidentes han mantenido contactos a través de mensajes telefónicos durante estos días, tal y como confirmaron este jueves tanto Aragonès como la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. "Se desprende cierto compromiso de que se va a investigar, pero esto no se soluciona con palabras. Esto es grave. Necesitamos garantías de que no está ocurriendo y de que no va a ocurrir", señalaba el president catalán. "Si es necesario, incrementaremos todas las acciones que sean oportunas. No queremos echar atrás todo lo caminado", destacó por su parte Rodríguez. 

Pero la realidad, según transmiten las fuentes consultadas por este medio, es que la concreción de qué se va a hacer todavía no ha llegado. Pero en Moncloa están muy confiados en que la situación se va reconducir porque "este Gobierno no ha espiado a nadie". "Las relaciones entre ambos gobiernos no están rotas del todo, los equipos siguen hablando, los presidentes han hablado", señalan, siendo conscientes de la "complejidad" y "dificultad" que tiene este asunto. 

En este punto aparece un mensaje claro desde el Ejecutivo que lidera Sánchez. "La apuesta por el diálogo desde el primer día de legislatura es clara", insisten. Moncloa recuerda que no sólo la Mesa de Diálogo, convocada en septiembre por última vez pese a las presiones de ERC, ha supuesto un avance.

"Se han reactivado las Comisiones Bilaterales después de una década. Por primera vez en una década se han hecho transferencias a la Generalitat de Catalunya y han ganado competencias que no tenía. Se han establecido comisiones para no judicializar asuntos. Han sido muchos ámbitos y un Gobierno que está haciendo todo eso no se va a dedicar a espiar a independentistas", argumentan. 

Aparece también una palabra clave: "desjudicialización" del conflicto. Un concepto que fue usado ya en rueda de prensa el pasado martes por la portavoz del Gobierno. Y que repiten estos días de forma insistente todas las fuentes consultadas en Moncloa. "Consideramos que hemos acreditado durante estos años suficiente solvencia respecto a nuestro espíritu de diálogo y entendimiento como para poderlo invocar ahora también", destacan fuentes gubernamentales. 

Conscientes de la "dificultad" creada en estos momentos, el Gobierno recuerda que "han sorteado ya muchas". "No se ha roto nada, vamos a seguir trabajando para recomponer el diálogo con la Generalitat", apuntan. ¿Significa esto que se van a ver ambos presidentes, Sánchez y Aragonès? La respuesta es que todavía no se sabe, aunque tampoco se descarta al cien por cien. 

La última vez que coincidieron los dos máximos dirigentes fue el pasado 13 de marzo en la isla de La Palma con motivo de la Conferencia de Presidentes. El Gobierno incluyó un punto específico en el orden del día para tratar asuntos relacionados con la guerra en Ucrania. Era la condición que había puesto Aragonès para asistir a la cumbre. 

Rodríguez tuvo palabras de halago para Aragonès en una entrevista realizada este jueves en TVE, en un intento de rebajar la tensión vivida estos días. "Quería poner en valor el esfuerzo que el president ha hecho con Catalunya para devolver tranquilidad y recuperar normalidad", dijo. Desde el Gobierno de Sánchez destacan continuamente que la situación catalana no tiene nada que ver con la de 2017 o 2019. "El Gobierno quiere seguir en esa relación de confianza", afirmó la portavoz.

Pero queda despejar la incógnita de cómo lo van a hacer. Una posible vía, que ha sido puesta encima de la mesa esta semana, es la constitución de la Comisión de secretos en el Congreso. Para ello se necesita un acuerdo muy amplio, de 210 diputados, algo que no parece fácil. En paralelo, tanto ERC como otros grupos aliados del Gobierno han solicitado oficialmente crear una comisión de investigación. La presión de los socios se incrementa y la mayoría de la legislatura, alertan desde los partidos afectados por el espionaje, está en peligro.