ZARAGOZA. - Manuel Ollé, profesor de Derecho Penal Internacional, es el abogado responsable del equipo jurídico en la Audiencia Nacional sobre el proceso por genocidio en el Sahara Occidental. Ollé, coordinador de esta investigación que abarca los delitos cometidos contra los refugiados entre los años 1975 y 1992, considera que la propuesta del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, de procesar a once altos cargos y militares del Gobierno de Marruecos es "un logro en la carrera por la dignidad y los derechos humanos de las víctimas".

¿Por qué es un logro en sí mismo el auto del juez Ruz?

Porque, por primera vez, se pone por escrito y en una resolución judicial el hecho de que existió una auténtica finalidad de eliminar al pueblo saharaui. El auto demuestra que hubo una clara voluntad de acabar con él por parte de las fuerzas ocupantes marroquíes. Desde el punto de vista jurídico, las víctimas saharauis y los responsables de las asociaciones de derechos humanos han visto cómo se les ha dado la razón: los hechos que se habían cometido en ese pueblo eran constitutivos de un crimen de genocidio. Además, también se pone de manifiesto que España tiene jurisdicción y competencia en lo acontecido.

¿Cuáles han sido las claves para llegar hasta aquí?

El primer paso más importante en este proceso fue la propia admisión en 2006 de la querella, en un momento incierto. El proceso no hubiera podido continuar adelante sin la absoluta independencia del poder judicial, por encima del político. El tercer escalón ha sido el admirable trabajo y lucha constante por parte de las víctimas y asociaciones que arrimaron el hombro desde el primer momento y realizaron un esfuerzo tremendo viniendo a declarar desde los campos de Tinduf. El cuarto momento clave fue la modificación de la Ley de Justicia Universal, cuando el juez Ruz confirmó la continuidad del procedimiento y que no afectaba la ley. Dijo que no solo se perseguía (el crimen) al amparo del principio de Justicia Universal sino también al amparo del principio de territorialidad. La última de las claves es el apoyo del proceso, desde el primer momento, por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El último informe del fiscal José Perals apoyando el procesamiento de estos once responsables ha sido un factor muy importante.

¿El hallazgo de la fosa común en 2013 es otro de esos escalones?

Es la última clave fáctica. El hallazgo de la fosa y las investigaciones realizadas por dos profesionales de una categoría tan grande como el forense Paco Echevarría y Carlos Beristáin demostraron que existía la finalidad de hacer desparecer a las víctimas y evitar que se encontrara algún rastro de los desaparecidos. Demuestra la crueldad con la que eran tratados los saharauis, durante las torturas, las ejecuciones extrajudiciales y tantas otras aberraciones.

Y, ¿por qué llega ahora?

El derecho penal internacional es un bebé que comienza en estos momentos su etapa de adolescencia. Los principios de Núremberg congelaron el derecho penal internacional. Ha sido a partir de 1997 y 1998 cuando se ha dado el desarrollo de la Corte Penal Internacional, el momento a partir del cual parece que hemos recuperado la conciencia de que estos graves crímenes no podían quedar impunes. Lamentablemente, la defensa de los derechos humanos en todos los grandes crímenes que se cometieron durante el siglo pasado ha tenido una respuesta tardía. Pero más vale esa respuesta tardía y no que se haya consumado y perpetuado la impunidad de estos hechos.

¿Qué supondrá para el proceso la marcha del juez Ruz de la Audiencia Nacional?

Tanto el juez Garzón, que admitió la querella, como el juez Ruz, han sido determinantes en el caso. Ahora, la marcha del proceso no es cuestión de nombres ni jueces, sino de continuar con el procedimiento. El nuevo juez es muy competente y comprometido con la justicia, como es su obligación, pero también con los derechos humanos. Sólo con que continúe la estela de estos anteriores, el procedimiento seguirá adelante.

¿Qué es ahora lo más complicado?

Traer a los procesados, o a alguno de los procesados, ante los tribunales españoles. El juez Ruz ha decretado siete órdenes internacionales de detención con fines de extradición pero lógicamente, y ojalá me equivoque, Marruecos, como ha hecho siempre con las comisiones rogatorias y la cooperación judicial que se le ha pedido, va a hacer caso omiso. En España no tenemos el proceso en rebeldía, por lo que no se puede realizar el juicio si la persona en cuestión no está en el propio acto del juicio. Y ese será el escollo más importante.

Porque no se espera la cooperación de Marruecos...

Desde 2006 Marruecos no ha atendido ninguna de las solicitudes que hemos realizado. En este sentido, detener a un ciudadano marroquí y entregarlo a las autoridades españolas me parece algo sumamente difícil.