El obispo de la diócesis de Ourense, Leonardo Lemos Montanet, ha decidido despedir a dos trabajadoras de la residencia para mayores de O Carballiño (Ourense) que gestiona la Fundación Hermanos Prieto Asilo de Ancianos, de confesión católica, y cuyo patronato, que él preside, está formado además por el arcipreste y el alcalde de la localidad.

Según la Confederación Intersindical Galega (CIG), el sindicato al que están afiliadas las dos trabajadoras, los despidos se deben a las denuncias que vienen realizando sobre las carencias del centro y por los reiterados incumplimientos de la Fundación sobre sus condiciones laborales y en materia de seguridad.

Tanto la Inspección de Trabajo como la Consellería de Política Social de la Xunta han advertido a la residencia de que debe cumplir con sus obligaciones legales en esas materias, tal y como recoge la documentación a la que ha tenido acceso Público.

La empresa comunicó los despidos la primavera pasada. Las trabajadoras acudieron a los tribunales y una de ellas ya ha visto como el Juzgado de lo Social número 3 de Ourense declaraba el despido improcedente en una sentencia datada el pasado día 7.

Según la jueza, los hechos de los que la acusaron para despedirla "no tienen la gravedad suficiente como para dar lugar al despido". Su falta fue que se retrasó a la hora de cambiar a un residente porque estaba dando de comer y acostando al resto. Ese interno fue además el último en abandonar el comedor ese día.

La sentencia declara improcecente la rescisión unilateral del contrato de trabajo, pero da a la Fundación cinco días hábiles para elegir entre readmitir a la gerocultora o mantener el despido ilegal e indemnizarla con 10.159,11 euros.

La trabajadora, que cobraba un salario bruto de 1.338 euros mensuales incluida la prorrata de las pagas extra, llevaba ocho años trabajando en la residencia, tiene dos hijos, su marido trabaja con un contrato temporal que expira en breve y ella ya ha manifestado su deseo de seguir en su puesto.

Público se ha dirigido al obispo de Ourense para saber si va a readmitirla, pero la institución ha derivado la pregunta a la gerente de la Fundación, Nuria Iglesias, quien advirtió de que la intención de la Fundación no es esa.

"Seguimos considerando que cometieron una negligencia muy grave que la senttencia ha avalado en los hechos probados, y la idea no es readmitirlas”, indicó la gerente, que añadió que el departamento legal también valora recurrir el fallo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para no tener que indemnizarlas.

"Nuestras compañeras necesitan el trabajo, y aunque ellas también recurran la sentencia, no pueden estar ocho meses o un año sin trabajar esperando a que les den la razón", asegura por su parte Cristina Reinoso, delegada de la CIG en el comité de empresa de la Fundación y quien ayer se reunió con el alcalde de O Carballiño, el socialista Francisco Fumega, para reclamarle su apoyo.

"No sólo le pedimos que vote en el patronato a favor de la readmisión, porque él sólo tiene un voto de tres, sino que se implique en el caso y convenza al obispo para que no haga efectivos los despidos", añade.

Público también ha intentado ponerse en contacto con Fumega, pero el regidor no ha respondido a los mensajes y llamadas de este diario.

Las trabajadoras llevan meses alertando de las carencias que padece el centro y el acoso y las coacciones a las que aseguran las somete la gerencia por denunciarlas. El pasado5 de agosto, interrumpieron un pleno del Ayuntamiento profiriendo consignas contra el alcalde, y el colgaron una pancarta del balcón de la Casa Consistorial en la que se leía "Obispado, no mires para otro lado".

El pasado junio, la Inspección de Trabajo comunicó a la CIG que se había personado en la residencia y que, tras entrevistarse con la gerente y examinar la documentación que se le reclamó, la requirió para que se subsanaran las deficiencias halladas en materia de jornadas y horarios de trabajo del personal y de riesgos laborales.

En concreto, la Inspección exigió que pusiera a disposición de las trabajadoras los equipos de protección individual y el material que reclaman, que mejore su formación práctica y que cumpla su obligación de vigilar la salud de la plantilla en función de los riesgos derivados de su actividad, ya que en el caso de varios empleados esa vigilancia "se encuentra caducada o no ha sido aún efectuada".

Mes y medio después de la Inspección de Trabajo se personó en la residencia la inspección de la Consellería de Política Social de la Xunta, que también constató varios "incumplimientos de la normativa aplicable en materia de servicios sociales", exigiendo su enmienda y advirtiendo a la gerencia del inicio de "las actuaciones oportunas conducentes" a la subsanación de las ilegalidades detectadas.

Según la CIG, la Fundación Hermanos Prieto ha perdido ya "más de veinte sentencias por incumplimiento del convenio" colectivo y ha decidido "poner en marcha una política de sanciones disciplinarias" que, en opinión del sindicato, incluye despidos ilegales bajo excusas disciplinarias como los que han afectado a dos de las trabajadoras que se significaron en las protestas.