Las cuentas pendientes con las víctimas del robo de bebés en España están sin saldar. La reanudación del primer juicio por robo de bebés, uno de los únicos 2 que están en curso, vuelve a traer el tema a la actualidad informativa y  Unidos Podemos quiere aprovechar la cobertura mediática para volver a presionar para que por fin la justicia española deje de abandonar a estas víctimas. David Carracedo Verde, el encargado en el partido de este tema,  se va a reunir con todos y cada uno de los encargados de los diferentes departamentos de los que dependen las medidas que deberían estarse llevando a cabo.

2.300 denuncias archivadas sin investigar

La semana que viene, el martes 11 a las 9 de la mañana, David Carracedo, diputado de Unidos Podemos, se reunirá con la fiscal general del Estado, María José Segarra, acompañado por Enrique Vila, abogado y presidente de la asociación SOS Bebés Robados, e Inés Madrigal, que fue una bebé robada entregada al nacer en 1969 a una mujer que no podía tener hijos, contra la voluntad de su madre biológica, y por cuyo caso se está juzgando al doctor Vela en estos días. 
En principio, se proponen escuchar lo que la fiscal general tenga que decirles sobre la fiscal coordinadora de estos casos que debería existir y sobre las recomendaciones del defensor del pueblo, del Parlamento Europeo y de Naciones Unidas que no se han cumplido. Después le preguntarán por la circular general, que la fiscalía envió en 2012 solicitando que se investigaran todas las denuncias, sin tener en cuenta si habían prescrito o no, y que no se ha aplicado en ningún caso. Como prueba de ello le documentarán las 2.300 denuncias archivadas  sin investigar, de las que tienen conocimiento, según las fuentes consultadas por Público.  Ninguna de estas denuncias se ha investigado, ni siquiera se toma declaración a los denunciantes, según denuncian los afectados. Los portavoces de las víctimas añaden que lamentan que en este país se investigue mucho más un robo de una moto o de un reloj que el de un niño.

Unidad policial específica fantasma

Carracedo ha solicitado una reunión también con el Ministerio del Interior para preguntar por la unidad policial específica para la investigación de bebés robados, creada en 2013,  de la que ninguna de las familias ha tenido noticia. De momento, no ha obtenido respuesta del ministerio como tampoco obtuvo respuesta a su pregunta parlamentaria al respecto, que se formuló por el conducto reglamentario el pasado mes de marzo, hace más seis meses.  

Plataforma de atención a las víctimas e investigación de perfiles genéticos a medias

El 19 de septiembre Carracedo se encontrará con la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia para pedir cuentas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de quien dependen las investigaciones de perfiles genéticos que se deberían de estar realizando. Hay que recordar que en los presupuestos de 2018, por iniciativa de Compromís y con enmienda de Unidos Podemos, se destinaron 100.000 euros a la plataforma de atención a las víctimas del robo de bebés y a la investigación de perfiles genéticos. En 2017, se aprobó también una partida por el mismo importe para la creación de una plataforma que permitiera los cruces de pruebas de ADN. Carracedo pretende que se justifiquen esas partidas y se amplíen para poder dar cobertura a todos los afectados. 

Memoria histórica: a las presas republicanas se les retiraron sus hijos y se dieron en adopción a familias franquistas

El 13 de septiembre, la comitiva de Unidos Podemos por los bebés robados, se reunirá con Fernando Martínez, el director general de la Memoria histórica, una dirección recién creada el pasado 28 de junio.  Conviene recordar que el periodista José Luis Gordillo, autor de la investigación ‘Los Hombres del Saco’, señalaba que en el año 41 una ley de Franco permitía que se retiraran a los menores a las presas republicanas en las cárceles. Tras arbitrar esta retirada, estos recién nacidos se podían entregar a otras familias al estar bajo la tutela sel Estado. “Querían que esos niños no se criaran en el ambiente de sus familias naturales, para erradicar la ideología del marxismo, que estaba considerado como una enfermedad mental”, relataba Gordillo. Además, de hablar de estos casos, el diputado de Unidos Podemos, David Carracedo se propone averiguar hasta qué punto está dispuesta esta dirección general a ayudar en las exhumaciones de bebés y en las pruebas de ADN que habría que hacer a unas 16.000 personas implicadas, según sus cálculos actuales.

El último bebé robado denunciado nació en 2001 en un hospital público de Huelva

Las cifras de bebés robados que se manejan son variables. José Luis Gordillo llegó a hablar de 300.000 casos. El juez Baltasar Garzón, en su auto de 2008, de 50.000. En cualquier caso, los números muestran que no fue una práctica aislada ni solo del franquismo. Continuó a partir del 78, ya con la democracia. El último caso denunciado es de un menor nacido en 2001, en un hospital público de Huelva. 
Las fuentes consultadas, de asociaciones de víctimas, sospechan que el modus operandi trascendió a la dictadura como cadena de favores y como negocio. Nos cuentan que hay casos de bebés robados en España exportados a otros países y que también hubo familias pro régimen franquista víctimas del robo de sus hijos. Hay quien sospecha también de la exportación del sistema a países como Irlanda, México o Guatemala, donde hay un gran número de casos denunciados. 

La esperanza está en Naciones Unidas

Enrique Vila, el abogado y presidente de la asociación SOS Bebés Robados ha conseguido llevar un caso de indefensión a Naciones Unidas. Naciones Unidas, con su resolución, podría obligar a España a cambiar la legislación. Actualmente los únicos dos casos de bebés robados que están en curso son por falsedad documental porque el delito de sustracción de bebés ha prescrito. Los jueces han admitido que cada vez que se renuevan el DNI, se repite el fraude.  Sin embargo, estos jueces no deberían verse obligados a buscar estos subterfugios para poder dar curso a estos juicios. Existe legislación internacional que niega la prescripción de la desaparición de personas, suscrita por España, como la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas, que en su artículo 25 está dedicado a la infancia. Sin embargo, los expertos afirman que la inclusión del delito de sustracción de menores en el código penal sería la solución para la situación de indefensión de estas víctimas, que solo reclaman justicia.