Oriol Pujol irá a juicio al rechazar la Audiencia de Barcelona su pacto con la Fiscalía

La magistrada de la Audiencia de Barcelona que enjuiciará el caso de las ITV ha acordado que los cuatro acusados que alcanzaron un acuerdo previo con el fiscal, entre ellos el exdiputado de CiU Oriol Pujol, deban ir a juicio igualmente porque el pacto no ha sido ratificado por los otros dos procesados.

En un auto, la magistrada ha estimado el recurso del exnúmero dos de la Diputación de Barcelona Josep Tous, al que se adhirió el empresario Sergi Alsina ─amigo íntimo de Oriol Pujol─ y ha acordado que, antes de celebrarse el juicio, no se puede oficializar la conformidad de los demás implicados, por los que los seis deberán ir a juicio.

Oriol Pujol, su esposa Anna Vidal, y los empresarios Sergi Pastor y Ricard Puignou alcanzaron el pasado mes de julio un acuerdo con la Fiscalía por el que el exdiputado de CiU aceptó dos años y medio de cárcel, al reconocer que cobró comisiones de empresarios afines por utilizar su influencia política para favorecer sus negocios en el llamado caso ITV. El acuerdo, al que no se sumaron ni Tous ni Alsina, contempla penas de multa para Anna Vidal, Sergi Pastor y Ricard Puignou.

La magistrada ha rechazado ahora la petición de estos cuatro acusados para que, tras la comparecencia en el inicio del juicio, se dictara sentencia en los términos acordados con la Fiscalía y se declarara firme, para que el juicio prosiguiera únicamente con los otros dos acusados. La decisión de la magistrada no comporta a la práctica la anulación del acuerdo de los cuatro acusados con la Fiscalía, ya que se mantendrá vigente pese a que tengan que participar en el juicio, según han explicado fuentes judiciales.

La Fiscalía había pedido incluso que si oficializaba la sentencia condenatoria por conformidad al arrancar el juicio, los cuatro acusados con los que alcanzó el acuerdo pudiesen comparecer en el juicio como testigos. Ante esta situación, Tous recurrió, alegando que las conformidades de los otros cuatro acusados, especialmente la de Ricard Puignou, constituía una conculcación de su derecho de defensa, ya que el juicio con jurado popular se iniciaría con una confesión de uno de los coacusados de los mismos hechos por los que se le incrimina a él: pagar honorarios a Alsina para obtener la influencia política de Oriol Pujol.

El fiscal se opuso a esta petición alegando que, una vez acordadas las conformidades, sería "contrario a la lógica y al principio de economía procesal" la demora de una sentencia de conformidad a la constitución del Jurado, cuando éste debería disolverse si se produjera la conformidad una vez constituido.

El ministerio público sostuvo además que la conformidad de cuatro de los acusados no suponía la vulneración del derecho de defensa de los otros dos procesados ya que, si bien participaron en parte en la comisión de unos mismos hechos, la concreta actuación que se les atribuye merece una "calificación jurídica diferenciada". Además, argumentó el fiscal que la condena de algunos de los procesados -en virtud del pacto de conformidad,- frente a una posible absolución de otros, no supone "necesariamente el dictado de sentencias contradictorias".

Por el contrario, la magistrada entiende que, al no haber mostrado su conformidad los seis acusados, el juicio debe continuar para todos ellos, ya que no es posible la admisión de conformidades de alguno de ellos en un procedimiento con jurado popular, "con el consiguiente dictado de sentencias separadas en el mismo proceso", una anterior y otra posterior resultante del veredicto del jurado. En la resolución, la magistrada ha rechazado en cambio la petición de Tous, también respaldada por Alsina, de anular las escuchas telefónicas que les incriminan en la causa, al concluir que estaban justificadas "por el interés colectivo en el bien afectado".

Con el acuerdo suscrito por Oriol Pujol y la Fiscalía ante la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona -que instruyó el caso-, el exdiputado de CiU logró rebajar a dos años y medio de cárcel, más un decomiso de 311.000 euros y una multa de 55.000, la pena de cinco años y dos meses que le solicitaba Anticorrupción, que también pedía tres años de cárcel para su esposa.