C’s cambia su voto en 24 horas y salva la figura del comisionado de Memoria de Díaz

El proyecto de la presidenta Susana Díaz para la creación del comisionado de Memoria Histórica, una figura no contemplada en la recién aprobada Ley de Memoria, ha superado esta tarde el veto del Parlamento autonómico por un voto de diferencia. IU había registrado una proposición no de ley para desautorizar y frenar el plan de Díaz, después de que ésta ofreciese “un cargo que no existe” al excoordinador de la coalición de izquierdas, Diego Valderas, en contra del criterio de la nueva dirección.

La formación de Antonio Maíllo había amarrado los apoyos necesarios del resto de fuerzas (PP, Podemos y Ciudadanos) para que la Cámara parase el proyecto de Díaz, aprobando una iniciativa que instaba al Gobierno andaluz a “abstenerse de provocar duplicidad de funciones, crear nuevos órganos, estructuras administrativas o políticas ajenas al articulado de la Ley que distraigan recursos y competencias al ámbito de aplicación de la misma a través de los cauces previstos”. Hasta esta mañana, IU contaba con los votos a favor de PP y Podemos, y la abstención de Ciudadanos, pero en el último minuto la formación naranja ha cambiado el sentido de su voto, pasando de la abstención al no, logrando así que el plan de la presidenta siga adelante.

Una vez superado el veto, Díaz podrá traer en septiembre al Parlamento su prometida proposición de ley para modificar la Ley de Memoria, que apenas tiene tres meses de vida, e introducir la figura del comisionado. La presidenta ha ganado esta batalla a quienes fueron sus socios de Gobierno en la legislatura pasada, IU, gracias ahora al apoyo inestimable de Ciudadanos, sus nuevos aliados.

Ayer mismo, el partido naranja había adelantado el sentido de su voto a Maíllo (también se lo confirmó a Público), garantizando que no votarían en contra, como les pedían los comunistas, pero sí se abstendrían para ser “coherentes” con lo que defendieron durante la tramitación de la Ley de Memoria, a saber: que estaban radicalmente en contra de la creación de nuevos órganos públicos (incluso de los que ya contempla la norma) y mucho más de la “duplicidad de funciones”. “El Gobierno andaluz ya cuenta con un director general de Memoria Histórica con potestad ejecutiva para desarrollar la ley, y por tanto es innecesaria la creación de un comisionado con las mismas o similares funciones”, advirtieron.

El Parlamento ha tumbado la iniciativa de IU por 55 votos en contra (PSOE y Ciudadanos) y 54 a favor (PP, Podemos, IU y una diputada díscola de la formación naranja). Otros diez puntos de la proposición no de ley (como la petición al Gobierno central de los archivos de la Guerra Civil en Andalucía o la documentación sobre el asesinato de García Caparrós) sí han salido adelante con el respaldo de los socialistas y el rechazo de los partidos conservadores. Estos últimos han votado todo lo relativo al contenido de la Ley de Memoria, pero han variado su voto, los unos (PP) para vetar el comisionado de Susana Díaz y los otros (Ciudadanos) para salvarlo. La coalición de izquierdas ha negociado hasta el último minuto con los dos grupos de derechas, logrando el apoyo del PP gracias a una enmienda in voce que ha modificado la redacción de la proposición no de ley, y tratando de convencer a C’s para, al menos, no se opusiera.

La formación naranja, socios de legislatura de Susana Díaz, afirma “rotundamente” que tiene “muy claro” su rechazo a la creación de la figura del comisionado de Memoria. “Si la presidenta trae esa iniciativa al Parlamento en septiembre, votaremos en contra”, afirmó ayer su portavoz, Juan Marín, que sin embargo ha evitado dar carpetazo al asunto este jueves. Ayer, en los pasillos de la Cámara, Marín y algunos de sus diputados debatieron ante algunos periodistas sobre cuál sería el sentido de su voto respecto a la creación de la figura del comisionado, evidenciando puntos de vista distintos y hondas contradicciones dentro del propio grupo.

Por ejemplo, el portavoz del partido defendía que no podían “cerrar la puerta a que la Ley de Memoria necesite más adelante la creación de nuevos órganos públicos para su desarrollo”, y por tanto no podían apoyar el veto de IU. Pero, al escucharle, dos diputados de su grupo, Julio Díaz y Sergio Romero, advertieron a Marín de que ellos mismos se habían opuesto a la creación de nuevos entes (incluso de los que ya recoge la ley) durante el proceso de tramitación de la misma. “La propuesta de IU está redactada con los mismos argumentos que nosotros hemos utilizado, si nos quedamos fuera, entraremos en contradicción”, le avisaba Julio Díaz a su jefe.

El debate terminó con la decisión de abstenerse, pero no apoyar el veto de IU, porque lo enmarcaban en “una estrategia de confrontación con el PSOE en la que ellos no quieren entrar”. “Esto es una pelea de la izquierda, nosotros no vamos a entrar ni dejaremos que nos utilicen. No vamos a hacer sangre del árbol caído, pero tampoco nos apartaremos de lo que hemos dicho hasta ahora. Nos abstendremos”, avisó Romero, diputado y portavoz de su grupo en materia memorialista. Horas después, la formación de izquierdas reconsideró su postura y decidió salvar el proyecto de Díaz, votando lo mismo que el PSOE.

Los líos de Ciudadanos

Ciudadanos tiene nueve diputados, es la cuarta fuerza de la Cámara, sin embargo sustenta al Gobierno socialista y eso le convierte en la parte vulnerable del Ejecutivo. El resto de grupos de la oposición, sobre todo el PP, promueven constantemente iniciativas que hacen incurrir en contradicciones a los naranjas, porque a la vez apoyan al PSOE pero ejercen de oposición. Los populares obligan a Ciudadanos a retratarse en temas con los que comparten principios, como presionar a la Junta para que elimine el impuesto de sucesiones, y esta vez los comunistas han aprovechado sus recelos respecto a los nuevos órganos que contempla la Ley de Memoria. En ambos casos se busca distanciar y abrir brecha entre los socios de Gobierno -PSOE y C’s- para torcer el brazo a Susana Díaz.

La bronca entre PSOE e IU a cuenta del comisionado de la Memoria Histórica surge hace dos semanas, cuando Susana Díaz telefonea a Antonio Maíllo para comunicarle que propondrá a su predecesor, Diego Valderas, para un cargo que aún no existe. Valderas, jubilado desde enero, está alineado ahora con los críticos dentro de IU que rechazan la hoja de ruta de Maíllo para confluir con Podemos. El nuevo líder de la coalición de izquierdas se opone a este nombramiento, cree que es un intento de la presidenta por interferir en las cuestiones internas de su partido, que se encuentra en la antesala de un congreso que elegirá a la nueva dirección. Aun así, Díaz hace público el anuncio y Valderas lo acepta en contra del criterio de su organización.

La coalición de izquierdas monta en cólera, lanza un duro comunicado en el que acusa a Díaz de “meter sus sucias manos” en IU, y exige a su excoordinador regional que rechace la oferta. La presidenta de la Junta llega al debate de política general en el Parlamento y omite el nombre de Valderas, pero anuncia que en septiembre traerá una propuesta de modificación de la Ley de Memoria para introducir la figura del comisionado, y que ésta sea votada y consensuada por todos los grupos de la Cámara. Además Díaz realiza una crisis de Gobierno, cambia a la mitad de sus consejeros para reimpulsar la agenda política en el ecuador de la legislatura, e introduce un cambio significativo en el organigrama de su Ejecutivo: traslada las competencias de Memoria Histórica del área de Cultura a Presidencia, encargando a su número dos la tarea de buscar el consenso en torno a la figura del comisionado.

IU responde a este movimiento registrando una proposición no de ley para que el Parlamento vete el proyecto y disuada a la presidenta de llevar la iniciativa a la Cámara. El ofrecimiento que Susana Díaz le hizo a Valderas, y que éste conocía desde hace cuatro meses (cuando la ley aún se estaba ultimando en el Parlamento), sorprendió incluso a miembros de la Consejería de Cultura, que ostentaban las competencias memorialistas. Era un proyecto personal de la presidenta que discurría al margen del debate sobre la ley, que tanto costó aprobar sin ningún voto en contra.

El Parlamento aprobó la Ley andaluza de Memoria hace tres meses con el consenso de todos los grupos y de las asociaciones memorialistas. Durante su tramitación se renunció a crear la figura del comisionado (que había existido hace 20 años, antes de la aprobación de la primera ley de Memoria), porque ya existía una Dirección General de Memoria Histórica con plenos poderes ejecutivos.