El Govern de Illa cierra 'in extremis' el acuerdo sobre vivienda y evita un fuerte revés para la legislatura

Desde el mismo discurso de investidura, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fijado la política de vivienda como una prioridad de su Govern. El compromiso para construir 50.000 viviendas es seguramente el anuncio de mayor impacto de Illa, pero el Govern del PSC tiene también la necesidad de afrontar varios temas relativos a la regulación del sector, y es en este ámbito que sufre una mayor presión de los socios de investidura, tanto de ERC como de los Comuns. Es aquí donde se ha situado la actual batalla por el decreto de medidas para la vivienda que el Consell Executiu aprobó y que hay que ratificar en el pleno que comienza este miércoles. El Govern ha negociado hasta el límite y finalmente ha logrado cerrar in extremis los apoyos necesarios para que el decreto no sea tumbado. De esta forma se evita un duro revés para el Ejecutivo socialista catalán que podría haber supuesto un fuerte bache en la legislatura.

La batalla política

El principal caballo de batalla negociador del Govern, con la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, al frente, han sido los Comuns. Especialmente después de que Esquerra Republicana ya aceptó votar el decreto a cambio de que el Executiu lo tramite como proyecto de ley e "incorporando el redactado propuesto por ERC", según asegura un miembro de la dirección de los republicanos. Incluso la CUP ha decidido entrar en la ecuación negociadora como avanzó Público en una entrevista con la diputada Laure Vega. Pero la aritmética hace de los Comuns una pieza imprescindible que podría haber hecho descabalgar el decreto y los de Jéssica Albiach lo han hecho valer. Finalmente, el Govern ha hecho el pleno con las izquierdas y ha acabado pactando el decreto con los dos socios de la investidura e incluso con la CUP.

Las negociaciones empezaron hace algunas semanas y se han ido intensificando en los últimos días. Este martes han entrado en una fase frenética, ya que era necesario tener presente el límite temporal de este miércoles a las 11 de la mañana cuando, minuto arriba o abajo, está previsto que haya que votar el decreto del Govern. "Estamos en el tiempo de descuento", aseguraba el portavoz parlamentario de los Comuns, David Cid, este mediodía. Pero finalmente el acuerdo definitivo del Govern, tanto con los Comuns y la CUP como con ERC, ha llegado en una última reunión convocada a las cinco de la tarde de este martes en el Departament de Territori i Habitatge, en la que la consellera Paneque ha cerrado los flecos pendientes con las delegaciones de ERC encabezada por Ester Capella, la de los Comuns, con David Cid y Susana Segovia, la de la CUP con Laure Vega y la del PSC con Ferran Pedret al frente.

Las medidas que se incorporan

El texto definitivo que se tramitará en el proyecto de ley prevé la posibilidad de regular el alquiler de temporada y que los municipios de zonas tensionadas puedan prohibir este tipo de alquiler. También se limitarán a usos turísticos pero no se podrán utilizar para usos profesionales u otros aspectos, modalidades que ahora se utilizaban para esquivar los topes del alquiler en un fraude de ley que hacía pasar alquileres de larga duración como si fueran de temporada.

Para poder controlar estas infracciones, entre las medidas que se han acordado se incorpora a la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, la figura de inspector de vivienda, que tendrá competencias para "verificar el cumplimiento de los contratos, detectar fraudes y proponer sanciones". Los inspectores de vivienda estarán vinculados a la futura Comissió de Supervisió de Contractes d’Arrendament d’Habitatge, con la participación de la Agència de Consum y la Agència d’Habitatge.

De entrada, se modificará la ley de vivienda para dejar claro que el alquiler de temporada sólo serán aquellos destinados a "usos recreativos, turismo o por temporada de vacaciones, sea ésta de verano o cualquier otra". Según el acuerdo, la finalidad de la vivienda deberá hacerse constar en el contrato así como el lugar de residencia permanente de la parte arrendataria. Otro de los acuerdos es incorporar la definición de "contrato de fraude" a la ley de vivienda 18/2007 con las siguientes palabras: "Cualquier acuerdo contractual que, de forma intencionada, incorpore cláusulas o prácticas engañosas que vulneren los derechos de los consumidores o que desvirtúe el equilibrio contractual en materia de vivienda en los términos contenidos en el derecho aplicable".

Por lo que se refiere a la prórroga para las viviendas de protección oficial que estaba previsto que lo dejaran de ser a corto plazo, se establece un nuevo calendario. Para quienes están situados en zonas de mercado de vivienda tensionada, la protección oficial será de 30 años en el caso de promociones en suelo de reserva urbanística destinado a vivienda protegida y si se obtienen ayudas directas; 10 años en el caso de promociones en suelos sin reserva urbanística destinado a vivienda protegida y sin obtener ayudas directas; y 20 años para el resto de supuestos.

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Las reacciones de los grupos

La portavoz en el Parlament de ERC y exconsellera de Territori i Habitatge, Ester Capella, se mostraba satisfecha al salir de la reunión: "La vivienda es para vivir y no para especular, y hoy damos un paso más para sacar la vivienda de la lógica especulativa del mercado". Capella ha celebrado que lo firmado hoy es "es un buen acuerdo en la construcción del derecho a la vivienda como derecho fundamental", y ha destacado el trabajo realizado por los republicanos en el anterior mandato bajo la presidencia de Pere Aragonès. "Estamos donde ERC lo dejó hace un año, pero ahora somos muchos más", ha celebrado la exconsellera, con cierto reproche a que el PSC no apoyó la iniciativa de los republicanos en la legislatura pasada. Para Capella, el texto firmado supone "un paso más para detener la picaresca y quienes se han saltado durante mucho tiempo la limitación del precio del alquiler", dejando claro que la única vivienda excluida de las limitaciones del alquiler será la que se destine "al ocio o vacaciones".

Por parte de los Comuns, David Cid ha asegurado que "tenemos un acuerdo de máximos, y creo que hoy damos un salto adelante muy importante para acabar con el negocio de la vivienda y empezamos a poner fin a la barra libre del alquiler de temporada y por habitaciones". Cid ha remarcado que el acuerdo se ha trabajado en contacto con el Sindicat de Llogateres, y ha celebrado la movilización ciudadana que ha permitido que el PSC "se haya dado cuenta" de que era necesaria una regulación.

Finalmente en representación de la CUP, la diputada Laure Vega también lo ha valorado como una conquista de las protestas populares: "Creemos que este acuerdo es una conquista de los catalanes, del movimiento por la vivienda y de toda la gente que ha salido reiteradamente a la calle en las manifestaciones y en la lucha para evitar desahucios como el de Casa Orsola y tantos otros". 

Vega ha reclamado que no haya patrimonialización del acuerdo por parte de ningún grupo y no ocurra "como en el pasado, cuando un determinado grupo político se ha apropiado de lo que es una conquista social". "Nosotros no hablaremos de victoria ni de triunfalismos", ha remarcado. En este sentido, Vega ha explicado que la negociación no se ha realizado en una "lógica de aritmética política" sino para dar respuesta a "la fuerza de la calle" que reclamaba resolver los vacíos legales de la ley que regula el alquiler de temporada.