El periodista Ignacio Cembrero, a juicio por vincular a Marruecos con Pegasus

Ignacio Cembrero, periodista de El Confidencial, se enfrenta este viernes a un nuevo juicio tras una denuncia del Reino de Marruecos, esta vez, a cuenta del espionaje masivo con Pegasus. La cita será a las 9.30 horas en el Juzgado de Primera Instancia número 72 de Madrid, y llega después de la audiencia previa el pasado noviembre en la que no hubo acuerdo entre las partes.

Marruecos busca que Cembrero se retracte de sus afirmaciones en las que vinculaba al reino alauita con el espionaje de los teléfonos móviles de periodistas, activistas y políticos de varios países mediante el software Pegasus, del que él mismo fue víctima.

En su denuncia, el país vecino reconoce que el marco jurídico europeo no permite a un Estado como tal querellarse por daños al honor, de modo que ha recurrido a una vetusta figura del Código Civil, de origen medieval, y prácticamente en desuso. Se trata de la acción de jactancia, usada para impedir que se hable de una cuestión controvertida que puede perjudicar a un tercero mientras haya una situación de incertidumbre.

Aunque hay indicios, apuntados incluso por el Parlamento Europeo, no hay pruebas concluyentes de que fuera Marruecos quien orquestara el espionaje destapado en 2021 por el consorcio internacional de medios Forbidden Stories, que publicó una lista de 10.000 números de teléfono que fueron infectados con Pegasus y entre los que se encontraban jefes de Estado, políticos, activistas y periodistas como el propio Cembrero.

El diario británico The Guardian reveló también que había 200 teléfonos españoles más que habían sido espiados, entre ellos, los de altos cargos del Gobierno español y el de Cembrero. Incluso el Ejecutivo denunció en aquellas fechas ante la Audiencia Nacional que habían sido infectados con Pegasus los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Las informaciones coincidieron con la crisis diplomática entre Marruecos y España tras la acogida en secreto del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, para tratarse de covid en un hospital español.

Cuatro juicios por denuncias marroquíes

Cembrero recuerda que esta la cuarta vez que Marruecos trata de silenciarle recurriendo a los tribunales españoles y que se trata de una estrategia de "acoso y hostigamiento" que solo busca "coartar la liberta de expresión". El régimen de Mohamed VI ya le denunció por enaltecimiento del terrorismo ante la Fiscalía y la Audiencia Nacional en 2014, aunque el caso quedó archivado. Más tarde, le demandó por lo civil un alto cargo de los servicios secretos marroquíes que alegaba daños al honor, pero tampoco salió adelante.

El periodista se muestra tranquilo ante la cita y agradece el apoyo que ha recibido durante el proceso por parte de compañeros de profesión, sindicatos, asociaciones de periodistas y partidos políticos de casi todo el arco parlamentario. Sin embargo, ha señalado la falta de interés público o privado por parte del PSOE o de cargos socialistas.

Ese "apabullante silencio" socialista que Cembrero ha señalado en un reciente artículo es achacable a la tensa, frágil y complicada relación con Marruecos que ha marcado gran parte de la legislatura. De hecho, el juicio llega solo dos días después de conocerse la fecha de la esperada cumbre bilateral entre Marruecos y España, que tendrá lugar en Rabat el 1 y 2 de febrero, según anunció el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Si perdiera el juicio, Cembrero tendría que retractarse, pero también serviría al país vecino para limpiar levemente su imagen, ya que habría una sentencia judicial que constataría que no hubo espionaje por parte de Marruecos. Además se le impondrían al periodista los costes procesales, que estima "muy elevados", dado el despacho de abogados que Marruecos ha contratado. 

El letrado de Marruecos es Ernesto Díaz-Bastién López, que ejerció la defensa del dictador chileno Augusto Pinochet cuando el juez Baltasar Garzón pidió al Reino Unido su extradición, en 1998, para juzgarle en España por violaciones a los Derechos Humanos. También defendió al traficante sirio Monzer Al Kassar, en una cárcel de EEUU desde 2008 por una condena a 30 años por venta de armas y tráfico de droga. También se le conocen vínculos con la mafia rusa en España