El grupo parlamentario del Partido Popular, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha presentado en la Asamblea de Madrid una propuesta de ley que contempla la supresión del Consejo de la Juventud. Este organismo ya fue eliminado en 2010 durante el mandato de Esperanza Aguirre, pero fue restablecido en 2017 por Cristina Cifuentes cuando gobernaba en minoría.

La proposición de ley, titulada "Medidas para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid", a la que ha accedido Efe, incluye diversas modificaciones de normativas autonómicas. Sin embargo, el punto más relevante es la propuesta para suprimir el Consejo de la Juventud.

Según el texto de la proposición, el PP justifica esta medida argumentando la necesidad de racionalizar el gasto público y mejorar la eficiencia administrativa. Señalan que las funciones del Consejo de la Juventud pueden ser desempeñadas por un órgano sin personalidad jurídica propia, integrado en la estructura de la consejería con competencias en Juventud.

El Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid es una entidad pública que agrupa a más de 40 organizaciones juveniles y tiene como objetivo representar y defender los intereses de la juventud madrileña. 

Ayuso ha decidido suprimir el Consejo de la Juventud y ha encargado al Consejo de Gobierno la creación, en el plazo de un año, de un órgano colegiado que actúe como asesor y espacio de participación, con el fin de reflejar la diversidad de la juventud madrileña. Esta nueva entidad no tendrá personalidad jurídica propia.

"Un intento de silenciar a los jóvenes"

Tras anunciarse su eliminación, el Consejo de la Juventud ha emitido un comunicado en el que califica la decisión como un intento de "silenciar cualquier voz disonante dentro de un órgano en la Comunidad de Madrid". Además, subrayan que la "participación juvenil" es "crucial" en este momento para enfrentar desafíos como el empleo, la educación y la vivienda.

En su comunicado, el Consejo de la Juventud señala que esta noticia llega después de un período en el que han estado luchando por su presupuesto. Además, critica que la decisión de su eliminación no ha sido "comunicada ni consensuada" con ellos.

En este contexto, advierte que su extinción no solo "debilitaría la capacidad de los jóvenes para influir en las políticas públicas", sino que también podría "reducir la transparencia y la participación real en las decisiones que afectan directamente a su futuro".