Las proposiciones de ley que el PP ha presentado con Ciudadanos y con Vox para ampliar las zonas regables (más de 1.400 hectáreas) en el entorno de Doñana llegan tan solo unos meses después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenara, a finales de junio de 2021, a España por no cuidar como es debido los acuíferos del parque nacional.

En concreto, según recoge una comunicación del tribunal, la sentencia se produjo porque España no tuvo "en cuenta las extracciones de agua ilegales y las extracciones de agua para el abastecimiento urbano" y tampoco previó medidas "para evitar los tipos de hábitats protegidos" amenazados por el traslado de agua para Matalascañas, una localidad turística cercana.

El fallo se firmó 12 años después de que la Comisión Europea y el Europarlamento recibieran varias quejas y peticiones que denunciaban el deterioro de los hábitats del Espacio Natural Protegido de Doñana. "En efecto –se recoge en la comunicación del Tribunal– en dicho Espacio Natural, fuera de estas zonas de conservación, se encuentran también las zonas de cultivo de frutos rojos (sobre todo fresas) más importantes de Europa, zonas que en una medida considerable se riegan mediante la extracción de agua subterránea".

"Esta extracción –añade el Tribunal en su comunicación– rebasa la recarga de agua subterránea en determinadas áreas, de modo que en esos lugares el nivel de las aguas subterráneas lleva descendiendo desde hace muchos años". La Comisión Europea consideró que "esta situación constituía un incumplimiento del Derecho de la Unión; una infracción de la prohibición de deterioro" y, por ello, interpuso un recurso por incumplimiento contra España ante el Tribunal de Justicia.

Aunque el Tribunal no consideró probado un deterioro mayor en el estado de las masas de agua subterránea, sí asume que existe "sobreexplotación": "La Comisión no ha acreditado que las masas de agua subterránea que se encontraban ya en mal estado se hayan deteriorado aún más, suponiendo un incremento adicional del déficit ya existente y, por tanto, una mayor sobreexplotación en relación con la situación anterior".

Cierre de pozos ilegales

La amenaza ahora, según recoge un reciente estudio de la ONG conservacionista WWF, "además de estar asediada desde el oeste por la agricultura intensiva bajo plástico", por miles de hectáreas de frutos rojos, para Doñana es que los "cultivos de tomates, frutales, leñosos o algodón se expandan sin control desde el norte y transformen las últimas marismas, usando para ello el agua del río Guadiamar que es extraída ante de que  llegue al Parque Nacional".

En ese informe la ONG asegura que "el total de superficie regada fuera de la cartografía del inventario de derechos se ha estimado en 4.602 hectáreas en el año 2019 y en 4.729 hectáreas en el año 2020". "Como término medio, en torno a un 60% de esta superficie regada fuera de la cartografía del inventario de derechos corresponde a cultivos leñosos (olivar y cítricos fundamentalmente), un 10% a cultivos herbáceos y un 30% a cultivos bajo plástico", afirma WWF.

La ONG añade que "el volumen de extracción de aguas subterráneas estimado para el riego de esta superficie fuera de la cartografía de derechos se ha estimado en 20,39 hectómetros cúbicos para el año 2019 y en 21,13 hectómetros cúbicos para el año 2020, siendo los principales consumidores los cultivos intensivos bajo plástico, con más del 50% del total".

En el entorno de Doñana, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, entre 2019 y 2020 ha cerrado al menos 170 pozos y se ha revisado el sellado de otros 250.