PP de Galicia Catorce ejemplos de cómo Feijóo usa 'chiringuitos' y entidades públicas para recolocar a sus afines
Exconselleiros, exdiputados, exalcaldes, exconcejales y exdirectivos de empresas próximas al PP encuentran abrigo, cargo y elevados sueldos en los organismos instrumentales de la Xunta de Galicia
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A Coruña, Actualizado:
La Administración autonómica gallega funciona en ocasiones como una tupida red clientelar en la que las entidades instrumentales de la Xunta se utilizan para recolocar con gruesas nóminas a quienes han perdido sus escaños, alcaldías, consellerías o concejalías tras servir al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo.
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La siguiente es una relación de catorce altos cargos de esas entidades ocupados por personas que ocupaban puestos ejecutivos o de representación en las instituciones democráticas autonómicas y locales o en empresas afines al PP, y a quienes el Ejecutivo autonómico ha premiado abriéndoles de par en par sus bien remuneradas puertas giratorias después de que agotaran sus mandatos.
Podrían ser más y podrían ser menos. Porque esta información no pretende poner en duda la valía técnica, política o profesional de esas personas, ni cuestionar que merezcan sus puestos y el salario que ganan, ni criticar la conveniencia de crear entidades instrumentales para gestionar lo público (Feijóo maneja a través de ellas el 15% del presupuesto de la comunidad). Lo que sí se pretende es alertar de la reiteración en el uso de esos organismos como si fueran chiringuitos, en el sentido peyorativo del término, es decir, instrumentos financiados con dinero de todos que unos pocos utilizan para devolver favores o pagar servicios prestados al poder.
Jesús Vázquez Almuiña
Médico de profesión y ex alcalde de Baiona, su primo lo sustituyó en la Alcaldía cuando Feijóo lo nombró conselleiro de Sanidade en el 2015. Su gestión estuvo marcada por la continuidad de los recortes en personal y medios en la sanidad gallega y por la progresiva privatización y desmantelamiento del sistema público. Tras las elecciones autonómicas de julio del 2020, Feijóo decidió no renovarle la confianza cuando formó gobierno en septiembre, pero en noviembre lo destinó a uno de los puestos mejor remunerados de la administración pública en Galicia: presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo con un salario de más de 87.085 euros anuales.
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Agustín Hernández Fernández de Rojas
Ingeniero de Caminos y presidente del Consello Económico e Social (CES). Fue conselleiro de Medio Ambiente Territorio e Infraestructuras entre el 2009 y el 2014, cuando Feijóo le pidió que acudiera en socorro del PP compostelano después de que el alcalde de la ciudad, Ángel Currás, fuera imputado en la operación Pokémon. A su vez, Currás había sustituido a otro compañero de partido, el regidor Gerardo Conde Roa, condenado por un delito contra la hacienda pública. Hernández ocupaba el puesto 25 de la lista del PP en las municipales y accedió a la Alcaldía en abril del 2014 tras la dimisión en bloque de la junta de Gobierno local, para perderla un año después en las municipales del 2015. Se mantuvo cuatro años como concejal hasta que en el 2019 Feijóo lo puso al frente del CES, que se define como "foro permanente de diálogo entre las organizaciones socioeconómicas y las instituciones autonómicas". Hernández cobra 77.463,44 euros al año.
Teresa Gutiérrez López
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, fue concejala del equipo de Agustin Hernández en el Ayuntamiento de Santiago hasta el 2019. Ahora cobra 73.911,54 euros al año como directora de la Entidad Pública Empresarial Augas de Galicia. Era empleada de la Empresa Públicas de Obras e Servizos Hidráulicos, que la Xunta cerró en el 2012 pero garantizando a sus directivos que pasarán a ser personal no laboral de la Administración autonómica con los mismos sueldos que cobraban, considerablemente superiores a los de los funcionarios que obtuvieron su plaza con una oposición. No sería el caso de Gutiérrez, cuyo currículum oficial asegura que en el año 2005 "accedió por oposición" al organismo hidráulico autonómico.
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Javier Domínguez Lino
Presidente de la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), la empresa pública participada por Naturgy pero propiedad al 51% de la Xunta y que gestiona la incineración y reciclaje de las basuras que se producen en Galicia. Licenciado en Dirección y Administración de Empresas, Domínguez Lino era concejal del PP en Poio (Pontevedra), donde en tres ocasiones intentó sin éxito hacerse con la Alcaldía. Tres meses antes de las municipales del 2015, Feijóo lo puso al frente de Sogama con un salario de 73.684 euros anuales.
Rocío Mosquera Álvarez
Licenciada en Medicina y Cirugía con especialidad en aparato digestivo. Es gerente de Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios. Fue gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas) y consejera de Sanidade de la Xunta en la etapa de los mayores recortes de Feijóo en materia de sanidad pública, y en la que el Ejecutivo autonómico emprendió una purga sin precedentes en las jefaturas de servicio de los hospitales públicos para situar en ellas a médicos afines al Partido Popular. Como gerente del Sergas y como conselleira se enfrentó a numerosas polémicas, como la negativa a facilitar tratamientos contra la hepatitis C a enfermos que luego fallecieron, la oposición amañada en el hospital de Santiago en favor de su marido, Manuel Bustamante, y la privatización del aparcamiento del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, construído con fondos públicos. La presión social obligó a Feijóo a cesarla en el 2015, pero menos de dos años después la colocó a dedo al frente de Galaria en noviembre del 2017, en un proceso tampoco exento de polémica. Un mes después del nombramiento, el Diario Oficial de Galicia publicó la orden en la que se anunciaba la supuesta convocatoria pública para cubrir esa plaza, que en realidad ya estaba asignada. Según la Xunta, Galaria presta "servicios asistenciales de alta tecnología, explota infraestructuras sanitarias promovidas por la comunidad autónoma y desarolla actividades de consultoría en el ámbito sanitario". Mosquera tiene asignado un sueldo de 68.454,16 euros.
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Isidro García Téllez
Director general de Sogama. Ingeniero Industrial y natural de Huelva, fue director del complejo industrial de Ence en esa ciudad y hasta el 2011 director de Relaciones Institucionales de la empresa papelera, que durante años contaminó la ría de Pontevedra con mercurio, cuya agresiva política comercial en la compra de madera ha llenado Galicia de eucaliptos y cuyo consejo de administración abrió sus puertas giratorias con sueldos de seis cifras a la ex ministra de Medio Ambiente Isabel Tocino y al ex conselleiro de Medio Ambiente Carlos del Álamo, cuando cesaron en sus cargos. En el 2012 García Tellez fue nombrado director general de Sogama, que la Xunta concibe "como un instrumento operativo al servicio de la política ambiental de Galicia". Gana 64.309,44 euros al año.
Ana Isabel Vázquez Reboredo
Licenciada en Filología Inglesa. Concejala del PP en Pontevedra entre julio del 2011 y julio del 2015, en el 2016 fue nombrada directora gerente de la Fundación Cidade da Cultura, la colosal, costosísima y fracasada apuesta cultural de Manuel Fraga en el Monte Gaiás, cerca de Santiago. La Fundación tiene por objeto crear y gestionar en el Gaiás "un espacio multifuncional, multidisciplinar y aglutinador, propicio para la interacción cultural". Vázquez Reboredo cobra por esas tareas 60.515, 76 euros anuales.
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Perfecto Rodríguez Muíños.
Licenciado en Derecho. Alcalde de la localidad pontevedresa de Ponte Caldelas por el PP entre el 2003 y el 2015. Feijóo lo nombró director gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar tras perder las elecciones municipales de ese año. En el organismo que ahora dirige, que la Xunta define como "la fórmula jurídica escogida para una gestión moderna e innovadora de los servicios sociales", Rodríguez cobra un salario de 60.515,76 euros anuales.
Alejandro López Dobarro
Secretario de prensa del Partido Popular de España en Argentina desde el año 2007. Feijóo lo nombró delegado de la Xunta en Buenos Aires en julio del 2009, apenas dos meses después de acceder a la Presidencia del Gobierno gallego. López Dobarro cobra 60.287 euros brutos al año en un organismo al que el Consello de la Xunta encomienda "defender y garantizar en Argentina una presencia institucionalizada del Gobierno de Galicia, de su cultura, de su lengua, de su economía y de la cooperación exterior".
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Nava Castro Domínguez
Licenciada en Filología Hispánica. Directora de Turismo de Galicia. Sueldo de 60.287 euros. Hija de José Castro, alcalde franquista de Ponteareas (Pontevedra) desde 1968 hasta el año 2000, sustituyó a su padre después de que este fuera condenado a tres años de cárcel por corrupción. Castro abandonó el PP y montó su propio partido para presentar a su hija de candidata, pero poco después ésta se reintegró en el PP para ocupar el escaño que dejó libre en el Parlamento de Galicia Pablo Crespo, uno de los principales imputados en la operación Gürtel. También fue diputada en el Congreso.
Alfonso Cabaleiro Durán
Periodista. Fue director de Cope Galicia, de la Radio Galega y de TVE en Galicia, entre otros medios. Fue secretario de Comunicación de Manuel Fraga y protagonista involuntario de un video viral en el que el entonces presidente de la Xunta lo abroncaba en público por distraerle durante una entrevista. También fue secretario de Comunicación de Feijóo, quien en el año 2013 lo nombró director gerente de Galicia Calidade, la marca con que la Xunta certifica la determinados productos y servicios. Cabaleiro cobra 54.151,72 euros al año y acaba de ser nombrado consejero de la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), donde los sueldos rondan entre los 50.000 y los 70.000 euros.
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Moisés Blanco Paradelo
Diplomado en educación infantil. Fue presidente del PP de O Barco de Valdeorras, vicepresidente de la Diputación de Ourense y, entre el 20012 y el 2020, diputado autonómico. A prinicipios de año, después de perder su escaño, ganó una oposición para ocupar el puesto de subdirector de relaciones con los grupos de desarrollo rural de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) con un salario de 54.151,56 euros. Los criterios del concurso eran lo suficientemente flexibles como para que Blanco, profesor de música en un colegio religioso, fuera el mejor puntuado de los cuatro candidatos que se presentaron a un puesto técnico en el que se supone que deben contar con experiencia y currículum relacionados con las funciones que se les econmiendan. El mérito más cercano del ex diputado en ese ámbito era haber sido portavoz en la comisión de Medio Rural del Parlamento gallego. (Foto: PP de Galicia)
Covadonga Rodríguez
Subdirectora de la Fundación Pública Galega Camilo José Cela. Hija de Dositeo Rodríguez, ex conselleiro de Presidencia con Manuel Fraga, ex candidato del PP a la Alcaldía de Compostela y miembro del Patronato de la Fundación Cela cuando su hija accedió a la Fundación. Ambos fueron absueltos, junto a la esposa de Cela, Marina Castaño, y otros miembros dela institución, de un delito de malversación por haber pactado una indemnización de 150.000 euros para el ex gerente, Tomás Cavanna. No existen datos sobre el salario de Covadonga Rodríguez, pero los sueldos de los directivos de las fundaciones de la Xunta oscilan entre los 40.000 y los 60.500 euros.
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José Manuel Traba Fernández
Biólogo. Trabajó para la Cofradía de Pescadores de Fisterra y en el 2002 se convirtió en alcalde de la localidad por el PP tras el fallecimiento del anterior regidor. En el 2011 fue detenido por la Guardia Civil en el marco de la Operación Orquesta, por la que varios alcaldes y concejales de la Costa da Morte fueron acusados de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y falsedad documental. Traba fue exonerado de todos los cargos, y volvió a ganar las elecciones ese año, aunque perdió el Ayuntamiento en el 2015. Según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ahora es asesor en el gabinete de la directora de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Santé Riveira. Agader no facilita los sueldos de sus asesores ni en qué área específica asesora cada uno, pero según CSIF la agencia destina 276.162 euros al año a los seis asesores de la directora. Si esa cantidad se repartiera equitativamente, a cada uno, y también a Traba, le corresponderían 46.027 euros al año (Foto: Xunta)