Presidencia e Interior obstaculizaron avances en transparencia de la Casa Real desde que Felipe VI llegó al trono

La transparencia monárquica tiene sus límites. Unos límites que no se dibujan necesariamente desde La Zarzuela, sino que son establecidos, vía administrativa, por organismos gubernamentales que actúan como escudo ante las peticiones de información ciudadana que afectan, de una forma u otra, a la Casa Real. Usted puede preguntar, pero debe saber que existe un amplio porcentaje de probabilidades de que sus inquietudes caigan en saco roto. 

La normativa sobre transparencia de las instituciones públicas en España pasa de refilón por La Zarzuela, algo que choca frontalmente con las promesas de claridad que Felipe VI formuló al hacerse cargo del trono en junio de 2014. 

En realidad, la Casa Real no tiene que ni preocuparse en revisar las consultas ciudadanas que se formulan sobre sus quehaceres, sus dineros o sus prácticas: la propia ley aprobada en 2013 establece que "la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno será el órgano competente para tramitar el procedimiento mediante en el que se solicite el acceso a la información que obre en poder de la Casa de Su Majestad el Rey". 

"La Ley de Transparencia de 2013 limita su alcance respecto a los órganos constitucionales, como la Casa Real, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o los parlamentos. Primero, solo tienen la obligación de informar sobre sus actividades 'sujetas a Derecho Administrativo'. Segundo, si un ciudadano no está conforme con la respuesta recibida tras presentar una solicitud de información a alguno de estos órganos, la Ley de Transparencia establece que deben reclamar en los tribunales", destaca Miguel Ángel Gavilanes, periodista de CIVIO, la primera organización en España especializada en vigilar a los poderes públicos.

El anuncio sobre el patrimonio de Felipe VI –que asciende a 2,5 millones de euros– o el decreto aprobado esta semana por el Gobierno para realizar algunas modificaciones en el ámbito de la monarquía –entre las que sobresale la fiscalización de la Casa Real por parte del Tribunal de Cuentas– chocan con las prácticas habituales de silencio y opacidad que marcan el día a día de la institución monárquica. 

Según datos recogidos por Público, tanto el Ministerio de Presidencia como el Ministerio del Interior no han acatado aún varias resoluciones dictadas por el Consejo de Transparencia a favor de demandas de información tramitadas al amparo de la citada ley de 2013.

Se trata de aquellos casos en los que el Gobierno, a través de la Secretaría General de Presidencia o del Ministerio del Interior –cuando las solicitudes refieren al coste de los dispositivos de seguridad de los miembros de la Casa Real o el número de efectivos destinados a esa tarea–, responden de forma negativa a las preguntas tramitadas por la ciudadanía o,  directamente, optan por el silencio administrativo. 

De acuerdo a los datos proporcionados por el Consejo de Transparencia ante una petición ciudadana, entre 2014 –año en el que Felipe VI asumió como rey de España– y 2020 se registraron 504 solicitudes de información relacionadas con la Casa Real, de las cuales 76 fueron directamente inadmitidas, cinco fueron atendidas de formas parcial y otras 36 tuvieron "otras finalizaciones", una categoría bastante abierta que implica "desistimiento del ciudadano", "competencia de otras unidades" o "finalización anticipada porque no se realiza ninguna consulta". Además, había otras 18 peticiones aún pendientes de resolución.

Cuando el solicitante recibe una respuesta negativa se abre el camino de los posibles recursos ante Transparencia, una vía que no siempre se recorre por parte de los autores de las preguntas. "Respecto a las reclamaciones, los órganos constitucionales no están obligados a someterse al Consejo de Transparencia cuando alguien reclama alguna respuesta, aunque en el caso de Casa Real sí que han decidido permitirlo", explica Gavilanes.

Según figura en una tabla sobre el "seguimiento de resoluciones" que realiza dicho consejo, entre octubre de 2020 y marzo de 2022 se han abierto al menos 11 expedientes relacionados con peticiones de información sobre la monarquía que fueron rechazadas o ignoradas por el Ejecutivo.

De acuerdo a ese informe, en tres casos "no consta cumplimiento" de dichas resoluciones por parte de la Secretaría General de Presidencia, mientras que en otros tres expedientes ha sido Interior quien no ha atendido aún los dictámenes del Consejo de Transparencia. 

El  caso más reciente corresponde a una solicitud de información ciudadana formulada en mayo de 2021 sobre el "número de efectivos o relación de puestos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que desempeñan sus funciones para la Casa de S.M. el Rey". La consulta no requería ningún tipo de aclaración sobre las características de los dispositivos de seguridad, sino que se limitaba a cuestiones puramente administrativas.

Sin embargo, el Ministerio del Interior respondió de forma negativa, alegando que "la gestión de los recursos humanos disponibles constituye un factor determinante de la capacidad operativa de las distintas unidades policiales". Alegó además que las informaciones sobre "las plantillas de personal y de
medios y de equipo de las Unidades", gozaban del carácter de reservado al amparo de la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista, aún vigente.

En un documento enviado en octubre de 2021 al Consejo de Transparencia a raíz del recurso formulado por la persona solicitante, Interior dibujó además los límites de la transparencia cuando afectan a la Casa Real: en ese sentido, defendió que "sí puede producirse un daño, real y previsible, derivado del acceso a la información que se solicita, es decir, el daño en la eficacia de los dispositivos de seguridad, ya que se trata de información notable que puede revelar fortalezas o vulnerabilidades, existiendo un interés superior sobre el que se conozca la información y que prevalece frente a ese perjuicio". 

"Rango constitucional"

El pasado 10 de marzo, el Consejo de Transparencia dictó una resolución favorable a los intereses del solicitante y con un tirón de orejas para Interior. De esa manera, el organismo subrayó que "no cabe entender que el carácter reservado" abarque también "de modo genérico a las 'Unidades' de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". 

El Consejo advierte que esa interpretación de Interior sobre el carácter reservado de la información solicitada supone "una excepción contraria al principio general de nuestro derecho", al tiempo que afecta el "deber general de transparencia de los poderes públicos dimanante del principio democrático" y comporta "una limitación de un derecho de rango constitucional, como es el
derecho de acceso a la información pública".

En esa línea, consideró que "la eventual aplicación de determinados límites legales a la información solicitada sólo se podrá considerar conforme a derecho si se cumplen los requisitos de proporcionalidad y justificación expresa exigidos por nuestro ordenamiento y precisados por la doctrina del Tribunal Supremo", algo que, según consta en el dictamen, no ocurre en este caso. 

Silencio sobre el emérito

El Gobierno ha actuado de igual manera ante las peticiones de información tramitadas vía Ley de Transparencia que afectan a cuestiones relacionadas con la salida del país del rey emérito.

Desde agosto de 2020 –fecha en la que se produjo el viaje de Juan Carlos I a Emiratos Árabes Unidos, donde continúa instalado– el Ejecutivo declinó responder a cuestiones vinculadas al emérito en al menos diez casos.

Entre esas solicitudes denegadas figuraban algunas preguntas formuladas por Público a través del Portal de Transparencia. Una vez  más, el Gobierno ofició de escudo de la monarquía.