Prisión incondicional para Junqueras y siete exconsellers, y fianza para Santi Vila
La juez Lamela sostiene en su auto que los miembros del Govern “se valieron de la población” para alentar la insurrección pública, y ejecutaron un “plan preconcebido” y organizado durante “más de dos años” donde incumplieron las resoluciones del Constitucional, actuaron a través de movimientos populares hasta culminar con la declaración de independencia con la asunción de un cuerpo policial de 17.000 efectivos armados y su efectivo “intimidatorio”
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La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado la prisión incondicional para el vicepresidente cesado de la Generalitat, Oriol Junqueras, y ocho consellers también cesados, por su supuesta participación en los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos durante un proceso de dos años que culminó el pasado 27 de octubre con la Declaración Unilateral de Independencia proclamada por el Parlament catalán.
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Además de Junqueras van a prisión los exconsellers Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borràs (Gobernación), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo), Joaquim Forn (Interior) y Santi Vila (Empresa).
Este último es el único que puede eludir esta medida cautelar cuando deposite una fianza de 50.000 euros, probablemente mañana.
El precedente de Puigdemont
La juez central de instrucción 3 considera que existe en ellos un alto riesgo de reiteración delictiva, de destrucción u ocultación de pruebas y “tampoco puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados que les permite abandonar facilmente el territorio español y subsistir en el extranjero.
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La juez asume la tesis de la Fiscalía: los Mossos espiaron a la Guardia Civil el 1-O y el referéndum fue financiado con dinero público
En este punto, basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido", sostiene en alusión a Carles Puigdemont, el expresident de la Generalitat quien con cuatro exconsellers más se encontraría en Bélgica.
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El auto recuerda que los querellados afrontan penas que pueden llegar a los 25 años de prisión por rebelión; 15 años por sedición y 8 por malversación, que puede subir hasta 10 años en caso de falsificación de la contabilidad pública.
En el caso de Vila, la magistrada aprecia que no existe riesgo de reiteración delictiva porque “desistió voluntariamente de proseguir con el proceso soberanista el día 26 de octubre”, esto es, “un día antes de que la DUI fuera votada en el Parlamento, lo que pone de manifiesto su voluntad contraria a consumar el intento secesionista”. Por ello, fija para él la prisión eludible bajo fianza. Cuando salga, Vila tendrá prohibido salir del país, con la entrega del pasaporte, y la obligación de presentarse cada 15 días en un juzgado.
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Asume la tesis de la Fiscalía
La juez Lamela asume toda la versión de la querella interpuesta por el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, el pasado lunes.
La magistrada considera que Junqueras y los exconsellers ejecutaron un “plan preconcebido” y organizado durante “más de dos años” donde incumplieron las resoluciones del Constitucional y se valieron de la población “alentando actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado, ocupando al efecto carreteras, calles o edificios públicos y sometiendo a los agentes de la autoridad a un incesante acoso”.
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Los Mossos espiaron a la Guardia Civil
Un proceso que culminó con la declaración de independencia y con la asunción en exclusiva del mando de los Mossos, un cuerpo policial de 17.000 efectivos armados, “con el potencial efecto intimidatorio que los mismos representan”.
Durante el referéndum independentista del 1-O la juez destaca la actitud “pasiva” mostrada por los Mossos, que se mantuvieron al margen incluso cuando miembros de la Guardia Civil eran agredidos. “Incluso llegaron a espiar las acciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional alertando a los congregados en los colegios” de los lugares a donde se dirigían los agentes.
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El 1-O fue financiado con dinero público
Además, la juez asegura que la planificación, organización y celebración del referéndum del 1 de octubre “fueron financiadas con fondos públicos”.
Lamela destaca la importancia del papel que Junqueras y los exconsellers protagonizaron desde sus cargos públicos, “sin los cuales el proceso independentista no hubiera podido impulsarse”.
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Considera que urdieron una estrategia secesionista “perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Òmnium)” que llevaría a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y a la declaración de independencia.
La hoja de ruta fue incautada
El auto relata que este plan figura en un documento incautado a la mano derecha de Junqueras, Josep Maria Jover, y titulado “Enfocats” que “se corresponde perfectamente con todos los pasos ejecutados por el Gobierno de la Generalitat durante los más de dos años transcurridos”, incluida la DUI. Además, se han desobedecido de manera “sucesiva, sistemática y frontalmente” todas las decisiones del TC.
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El auto se centra también en el registro al despacho de Jover del 20 de septiembre, cuando una multitud rodeó el edificio de la consejería de Economía mientras una comisión judicial lo registraba.
Destaca que los agentes y la letrada del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona “permanecieron sitiados y retenidos en contra de su voluntad dentro del edificio”, ya que la multitud les impedía salir y los congregados puncharon ruedas y destrozaron diversos coches de la Guardia Civil. La letrada fue evacuada a través de un teatro contiguo, camuflada entre el público hacia las 23:45 horas, casi dos horas después de terminar el registro. A las 4 de la madrugada salió un primer grupo de la comisión y a las 7 del día siguiente los demás.
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Enfrentamiento con los alcaldes
También resalta en el auto cómo Puigdemont remitió una carta a los alcaldes de Catalunya pidiéndoles que pusieran a disposición locales para la celebración del referéndum del 1-O.
Algunos de ellos se negaron y el presidente de la Generalitat hizo un “llamamiento al enfrentamiento de los asistentes” a un mitin con estos alcaldes al decirles: "Miradles a los ojos y que os digan si os dejarán votar o no. Vosotros les pagáis y ellos os tienen que rendir cuentas".
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Añade además el llamamiento a la huelga general del día 3 de octubre, “que nada tuvo que ver con una reclamación de derechos o mejora de las condiciones laborales. Todo ello a favor del proceso político independentista”.
A las asociaciones ANC y Òmnium la magistrada las tilda de “asociaciones que actuaron como brazo civil del levantamiento auspiciado por las autoridades del Govern”, como las movilizaciones de los días 20 y 21 de septiembre, y el 1 de octubre.