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El PSOE defiende en solitario la ley de amnistía como “una herramienta imprescindible para la convivencia”

El ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, explica los detalles y el objetivo de una ley que pretende cerrar heridas y resolver el conflicto político con Catalunya.

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El PSOE ha registrado en solitario este lunes la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. La intención de los socialistas era que estamparan su firma el resto de grupos políticos que van a apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Pero diferentes revisiones, especialmente por parte de ERC, han dado al traste con esos planes iniciales. No obstante, el PSOE no tiene dudas de que contará con una amplia mayoría parlamentaria, 178 votos, para que se apruebe.

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Así lo ha explicado en una rueda de prensa en la Cámara Baja el ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños. El dirigente socialista, uno de los protagonistas activos en las negociaciones con el resto de grupos, ha evitado mencionar las razones por las que en el registro solo está la firma del PSOE. “Tendrán que ser los otros grupos quienes respondan”, ha dicho. En todo caso ha insistido en que contará con los apoyos suficientes.

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Fuentes de Sumar han transmitido al respecto que era importante la rúbrica de todos los grupos. “Como lamentablemente no ha sido así, hemos preferido no firmar. En todo caso, esto es una formalidad y lo verdaderamente importante es que esta ley salga adelante con el apoyo de todos los grupos que también votarán sí a la investidura”, señalan desde el espacio que lidera Yolanda Díaz. Desde Sumar han transmitido cierta sorpresa por el movimiento en solitario del PSOE, del que no han recibido explicaciones.

En el caso del PNV, fuentes del partido han destacado que han revisado la ley de amnistía y en líneas generales están de acuerdo con el texto que se le ha hecho llegar. “El PNV no ha firmado la Proposición de Ley porque las partes negociadoras no lo han requerido”, añaden. Desde EH Bildu señalaban tras el registro que aún estaba valorándola y analizándola.

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Más allá de la escenificación del PSOE en solitario, Bolaños ha defendido la necesidad de esta ley. Una “herramienta imprescindible”, ha dicho, para mejorar la convivencia en Catalunya, para cerrar heridas y resolver un conflicto político desde la política, de donde nunca debió salir.

“Es una ley que presenta el PSOE absolutamente convencido de que es impecable desde el punto de vista constitucional”, ha añadido también Bolaños. En su declaración ha incidido en la idea de que la ley está reconocida en el derecho internacional como una herramienta útil y democrática, así como el en derecho de la Unión Europea.

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“Vamos a devolver a la política lo que nunca debió salir de la política. No solo es constitucional la ley en su contenido sino en su finalidad y motivación. El objetivo coincide con el objetivo de garantizar la convivencia democrática”, ha reiterado el ministro.

Bolaños ha apelado al espíritu de la Transición democrática, que “no se hizo negando el debate” ya que la Constitución “se defiende dialogando entre personas que piensan diferente”. El ministro ha puesto en valor que partidos que antes se negaban a debatir dentro del cauce democrático, planteen ahora sus planteamientos dentro del mismo.

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Desde las filas socialistas, ha dicho Bolaños, dicen comprender que haya preocupación en diferentes ámbitos por esta ley. “Pero al haberla leído se habrán tranquilizado. Nuestro país con esta ley va a ser más habitable, va a tener más convivencia. Les decimos a esas personas que miren al futuro con optimismo, va a cerrar heridas”, ha afirmado.

Preguntado expresamente por si la ley de amnistía va a afectar a nombres como los de Gonzalo Boye o Laura Borràs, Bolaños se ha limitado a señalar que la ley la aplicarán los jueces. “Tienen que ser los tribunales quienes juzguen los casos concretos de si estas personas u otras”, ha destacado.

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Previamente, tal y como indica la propia ley, ha puesto de relieve que afectará a personas como directores de colegios, policías o bomberos que quedarán amnistiados. Fuentes del Gobierno estiman que se aplicará a 309 independentistas y 73 policías.

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