El PSOE y las izquierdas alcanzan un pacto fiscal al límite pero el impuesto a las energéticas sigue en manos de Junts y PNV

La cuadratura del círculo a veces es imposible. En anteriores ocasiones durante esta legislatura, el Gobierno de coalición progresista lo ha llegado a conseguir y con el pacto fiscal ha estado a punto de suceder. El PSOE llegó este lunes a un acuerdo in extremis a izquierdas y derechas sobre diferentes asuntos tributarios, siendo especialmente relevantes los impuestos a la banca y las energéticas.

Ambos tienen ahora posibilidades de continuar tras el 31 de diciembre (cuando expiraban al tratarse de impuestos extraordinarios) si no hay más sobresaltos, aunque todavía es una incógnita la posición de Junts y el PNV sobre el acuerdo para prorrogar el impuesto a las energéticas alcanzado a última hora de la noche de este lunes entre el PSOE y un frente formado por ERC, EH Bildu y BNG.

Pero, ¿qué es lo que se acordó, exactamente, este lunes? Son dos cosas distintas, aunque forman parte de un mismo cóctel fiscal. Por una parte, se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda y, por otro, las izquierdas soberanistas de la Cámara y el PSOE se comprometieron a sacar adelante un Real Decreto-Ley para prorrogar durante un año el impuesto a las energéticas. El Ministerio de Hacienda, sin embargo, informó más tarde de que mantendrá el pacto con Junts y no gravará a las energéticas que se comprometan con la descarbonización. Es difícil conjugar ambos acuerdo y serán necesarias muchas explicaciones.

En cualquier caso, este lunes se escribió un capítulo más de la historia de enredos en la que se ha convertido la trasposición de la directiva europea para imponer un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales. "Empezamos negociando una directiva y luego se convirtió en una reforma fiscal", deslizó la diputada de Esquerra Republicana (ERC) Pilar Vallugera en una de sus intervenciones al principio de una comisión que se fue enredando y terminó prolongándose ocho horas. Se levantó la sesión cerca de la una de la madrugada.

Todo el lío empezó varios días atrás, cuando Junts per Catalunya y Partido Nacionalista Vasco (PNV) negociaron con el PSOE una serie de enmiendas que incluían mantener, aunque con modificaciones, el impuesto a la banca, pero dejar caer el de las energéticas. Es decir que en la comisión no se votara solo la trasposición de la directiva europea, sino más medidas de calado fiscal. A su vez, los socialistas llegaron a un acuerdo con Sumar para incluir, también vía enmienda, un paquete con reformas fiscales como la subida del IVA al alquiler turístico, un impuesto al lujo y el fin del régimen fiscal de las SOCIMI.

En principio, Sumar decidió sacrificar el impuesto a las energéticas para poder sacar adelante el paquete fiscal arrancado al PSOE. Sin embargo, desde el primer momento Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu, Podemos y también Bloque Nacionalista Galego (BNG) avisaron que no entraba en sus planes aprobar el dictamen de la comisión ―el texto que se vota, posteriormente, en Pleno― que comportara la caída del impuesto a las empresas eléctricas.

Tanto es así que la Comisión de Hacienda en la que tenía que tener lugar esta votación se suspendió hasta en dos ocasiones: el lunes y el jueves de la semana pasada. Se ha celebrado, en última instancia, este lunes. Y no exenta de incertidumbre, recesos hasta casi la media noche, conversaciones a las puertas de la Comisión y en los despachos y confusión en las votaciones. 

Finalmente, lo que se ha acordado en comisión es un dictamen que incluye el impuesto a las multinacionales, un aumento de dos puntos en el IRPF para las rentas más altas, más carga fiscal para el tabaco, un impuesto a la banca con una subida en su tramo más alto y un cambio legislativo para evitar que las empresas de hidrocarburos gocen de beneficios fiscales. Todo ello deberá ratificarse este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados.

El impuesto a las energéticas, por su parte, irá vía decreto. Así lo han confirmado, cuando menos, fuentes de ERC, EH Bildu y BNG. Vallugera ha querido dejar claro antes de la votación que el Gobierno se "compromete" a prorrogar el impuesto a las energéticas. Sin embargo, ya pasada la una de la madrugada, ha llegado un nuevo giro. El Ministerio de Hacienda ha mandado un comunicado explicando que "mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización".

Se trata de una información que puede analizarse de varias maneras. Al especificarse que no se gravará a las energéticas "que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización", el PSOE puede estar intentando allanar el camino para un impuesto a las energéticas light asumible para Junts. Sin embargo, eso podría alejar los votos de Podemos. Al término de este lunes frenético e intenso, todo está abierto. 

Negociaciones endiabladas

Desde el ala socialista del Gobierno y el Ministerio de Hacienda que lidera María Jesús Montero, vaticinaban que la negociación a varias bandas tenía pocas opciones de salir adelante. "Está muy complicado pero lo vamos a intentar", señalaban de manera insistente fuentes gubernamentales la semana pasada. El fin de semana de conversaciones no había dado sus frutos y el lunes ya poco antes de comenzar la Comisión de Hacienda los socialistas comenzaban a resignarse. 

La diputada socialista, Alicia Álvarez, lo dejaba entrever de esta manera durante la Comisión. "Sé que podemos estar en mayor o menor acuerdo, todos hacemos renuncias para llegar a consensos, nosotros somos los primeros. Quisiéramos ser mucho más ambiciosos. Pero solo con el acuerdo podremos sacar adelante reformas, hará más fuerte nuestro país", señaló al final de su intervención. 

Los socialistas recordaban, según fuentes consultadas durante estos días, que la aritmética parlamentaria es la que es. Y que hay grupos que "parece que no son conscientes" de la situación y se sitúan en "posiciones de máximos". Hay un factor que también ponían encima de la mesa en el Gobierno de Pedro Sánchez. No lo han ocultado, ni siquiera el propio presidente. Se trata del Congreso de ERC, que condiciona, según los socialistas las conversaciones concretamente con este grupo. 

También miraban en el PSOE al papel de Podemos, partido del que creen que se "equivocan en el diagnóstico" porque piensan, erróneamente según los socialistas, que no habrá Presupuestos. Por ello, explican, juegan sus cartas con planteamientos "que no son viables". Concretamente, más allá de la reforma fiscal, mencionan las exigencias del partido morado sobre la ruptura con Israel y la reducción de los precios del alquiler como condicionante para aprobar las cuentas públicas. Precisamente la secretaria general de Podemos destacó que el impuesto a las energéticas "sin garantías de que Junts también lo apoyará es poco más que papel mojado".

Unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se desligan, insisten en Moncloa, de estas conversaciones sobre el paquete fiscal. En este sentido no tiran la toalla y el acuerdo de este lunes puede servir como un soplo de aire fresco de cara a la complejidad de sacar acuerdos de corte económicos entre grupos de diferentes ideologías. Siempre y cuando salga adelante.