El Gobierno de coalición termina el año 2023 con lo que ya se podría considerar una costumbre desde el año 2020: la negociación de un paquete de medidas para proteger las rentas y el poder adquisitivo de las familias en un contexto de inflación y de incertidumbre económica.

Esta iniciativa ha recibido nombres como el de escudo social o el de decreto anticrisis, y ya es tradicional que a final de año los dos socios en el Ejecutivo pugnen por las propuestas que quieren desplegar o por aquellas medidas de protección que quieren retirar. En esta ocasión, además, se da una circunstancia especial: esta será la última negociación entre el PSOE y Sumar por una política económica con Nadia Calviño como miembro del Gobierno.

La vicepresidenta y ministra de Economía se convertirá el próximo 1 de enero en la primera mujer en presidir el Banco Europeo de Inversiones, y abandonará un Consejo de Ministros en el que ha protagonizado importantes batallas con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, pugnas ideológicas por marcar la hoja de ruta económica del Ejecutivo.

El jueves de la semana pasada, Sumar remitió a los socialistas una propuesta detallada con las medidas que, a su juicio, debe contener el próximo decreto anticrisis, y este lunes han arrancado las negociaciones. Las dos partes son conscientes de que la medida tiene que estar aprobada antes de que acabe el año (momento en el que expiran prácticamente todas las políticas de protección en vigor) y, en principio, el último Consejo de Ministros se celebrará el día 26, martes de la próxima semana.

En la propuesta de los de Díaz se articulan cinco grandes "principios" que, según defienden desde el equipo económico de Sumar, deben nutrir el decreto. El primero es la protección de las rentas de las familias y la necesidad de mantener su poder de compra en un claro momento de inflación; en este apartado proponen mantener en el 5% el IVA en los alimentos, la electricidad y el gas, y también el límite del precio de la tarifa de ultimo recurso (TUR) en el gas y en la bombona de butano.

Transporte, alquileres e hipotecas

El segundo principio tiene que ver con la sostenibilidad ambiental. Bajo este epígrafe Sumar propone mantener las subvenciones al transporte público y recuperar el impuesto especial sobre la electricidad. La recuperación de este tributo se haría en dos tramos: se mantendría en el 0,5% (su tipo actual) para los hogares (menores consumidores de energía) y se elevaría hasta al 5,11% para las empresas, que consumen más energía.

Otro de los puntos es la protección de las familias en materia de vivienda. En la última prórroga del decreto anticrisis decayó la prórroga automática de los contratos de alquiler en vigor y el límite del 2% en la renovación de las rentas (un tope que se ha aplicado durante 2023). La ley de vivienda establece que durante 2024 el límite para que los arrendatarios puedan subir sus cuotas a los arrendadores es del 3%; en Sumar dan por válido este porcentaje, al coincidir con la subida general de los salarios acordada en la negociación colectiva por patronal y sindicatos.

Los de Díaz también piden permitir la portabilidad de las hipotecas entre las fijas y las variables, después de que la subida de intereses marcada por el Banco Central Europeo haya encarecido sobremanera la letra de muchas familias acogidas al tipo variable en su régimen hipotecario.

En Sumar también quieren agilizar la concesión de ayudas a las personas más vulnerables y eliminar las trabas burocráticas que dificultan su acceso. Con esta premisa, proponen que, en base a los datos recabados, sea la Administración Pública la que conceda las ayudas del ingreso mínimo vital, el bono social térmico y el bono social eléctrico, y no sean las familias las que tengan que solicitarlo.

Los de Díaz piden que se amplíe la cobertura del bono social eléctrico (algo ya recogido en el acuerdo de coalición rubricado entre Pedro Sánchez y Díaz), así como aumentar en un 7% el IMV y las pensiones no contributivas en 2024. Otra propuesta es la de recuperar el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, que paga el sector y no los clientes.

Nueva disputa por los impuestos a las eléctricas y a la banca

El último punto, quizá el de mayor discordia entre ambas partes, hace referencia a la fiscalidad que a juicio de Sumar es necesaria para financiar las medidas de protección del decreto. En concreto, los de Díaz piden mantener los impuestos extraordinarios a la banca y a las eléctricas, una propuesta que choca con los planes del PSOE.

Los dos tributos expirarán a finales de año (aunque su recaudación continuará durante 2024 porque las empresas cierran sus beneficios en diciembre), pero PSOE y Sumar habían acordado reformularlos durante el próximo año.

Para los de Díaz, esta reformulación debe servir para convertir estos gravámenes extraordinarios en impuestos permanentes y estructurales, dado que, a su juicio, sigue existiendo un contexto en el que las grandes empresas continúan percibiendo ingresos muy elevados mientras las familias pierden poder adquisitivo.

Sin embargo, trasladan en Sumar, los socialistas estarían planteando la retirada de estos dos tributos (pese a que se habla de su continuidad y de hacerlos permanentes en el acuerdo de coalición de Gobierno). Este lunes el portavoz de la plataforma y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, compareció en rueda de prensa junto al portavoz económico del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, Carlos Martín (este último desgranó alguna de las propuestas remitidas al PSOE en materia económica).

Más allá del decreto anticrisis, Urtasun pidió que el Gobierno elevara su acción de apoyo a Palestina con su reconocimiento como Estado de la mano de países europeos como Bélgica, aunque no haya un acuerdo de los 27 de la UE. También pidió que España presionara y ayudase a la Corte Penal Internacional para investigar los crímenes de guerra de Netanyahu (como han hecho la propia Bélgica o Irlanda). "Sería un broche muy positivo de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea", defendió.

La ampliación del Puerto de València es otro de los asuntos que generan tensión en la coalición. Sumar se ha mostrado en contra y este lunes Urtasun aseguró que "va en contra del sentido común de los tiempos", al tiempo que avanzó que su formación "va a seguir movilizada contra esta medida".