El Ministerio del Interior ha paliado en menos de dos años el 40% de los intensos recortes de personal que la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía sufrieron durante los mandatos de Juan Ignacio Zoido y de Jorge Fernández Díaz, que en seis años y medio aplicaron en sus plantillas un tajo de 14.470 efectivos que equivale a haber suprimido casi la décima parte (9,32%) de las mismas.

Dos respuestas parlamentarias al senador malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia certifican cómo entre el cierre de 2011, cuando Mariano Rajoy fue investido presidente del Gobierno, y el de mayo de 2018, cuando fue relevado por Pedro Sánchez tras la moción de censura, la Guardia Civil perdió 5.886 miembros y la Policía Nacional, otros 8.594.

Los recortes de personal alcanzaron a casi uno de cada ocho policías (11,85%) y a uno de cada catorce guardias civiles (7,12%), en una reducción de plantilla que se convirtió en una constante durante los seis años y medio del Gobierno conservador.

La única excepción se dio en 2017 en la Guardia Civil, que registró un aumento de 417 efectivos, aunque esa aparente recuperación quedó cortocircuitada al año siguiente, cuando las pérdidas alcanzaron los 745 solo hasta finales de mayo.

El cruce de esos datos con los de otra respuesta parlamentaria, en este caso del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, revelan como esos recortes de personal en las fuerzas de seguridad del Estado han comenzado a paliarse en los dos últimos años, durante la etapa del juez Fernando Grande Marlaska como ministro: entre finales de mayo de 2018 y el cierre de 2019, la plantilla de la Guardia Civil pasó de 76.806 efectivos a 78.469 mientras la del Cuerpo Nacional de Policía crecía de 63.873 a 68.013, sendos incrementos de 1.663 y de 4.140 que equivalen a revertir el 40% de los recortes: 5.803 incorporaciones donde había habido 14.470 bajas.

Según los últimos datos de Eurostat, publicados por Euronews, la tasa de presencia policial en España es de 361 agentes por cada 100.000 habitantes, un registro claramente superior a los 318 de la media comunitaria y, con la excepción de Italia (453), también a la de los principales países, como Francia (326), Alemania (297) o Reino Unido (212), los cuales, por el contrario y en general, sufren mayores tasas de delincuencia en delitos como el homicidio, el robo de coches y también el atraco.

La diferencia se debe, principalmente, al desfasado modelo policial español, que sigue basándose en el despliegue territorial en el caso de la Guardia Civil y en la presencia callejera en el de la Policía Nacional.

"Se ha frenado la sangría"

Tanto el SUP (Sindicato Unificado de Policía) como la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) coinciden en que, pese a la recuperación de las plantillas en los dos últimos años, esas cifras siguen lejos de las que marcan como óptimas los catálogos de puestos de trabajo de ambos cuerpos, que se sitúan en el entorno de los 76.000 efectivos en el primer caso y de los 90.000 en el segundo.

"Se ha detenido la sangría, y vamos recuperando plantilla", señala Ramón Cosío, portavoz del SUP, que coincide con Pedro Carmona, de la AUGC, en valorar ese aumento de los efectivos de manera positiva y al mismo tiempo insuficiente, ya que las cifras siguen lejos de las que marca el catálogo.

"No estamos ofreciendo un servicio en buenas condiciones al ciudadano", apunta Carmona, que destaca cómo numerosos cuarteles rurales cuentan con un único agente. "La plantilla se siente muy mermada", añade, al tiempo que advierte de la carencia de efectivos con la que este verano van a tener que cubrir la vigilancia de las playas y las zonas de ocio con la alarma sanitaria vigente.

"Reclamamos una tasa de reposición equilibrada, la seguridad es uno de los pilares del Estado de bienestar, como la educación y la sanidad", indica Cosío.

Recortes en la plantilla con la ‘policía patriótica’ operando

Heredia, por su parte, sostiene que el presidente del PP, Pablo Casado, "actúa cínicamente cuanto dice defender a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque su partido nunca lo hizo cuando gobernó en nuestro país".

Y, en este sentido, destaca que los recortes en las plantillas de las dos fuerzas de seguridad estatales coincidieron con las operaciones de la llamada ‘policía patriótica’ y, también, con un aumento de la delincuencias que las estadísticas no recogen porque el Gobierno de Rajoy "llegó a modificar los criterios para contabilizar delitos para tratar de reducirlos ficticiamente".

El senador socialista anotó que los recortes de plantilla del Gobierno de Rajoy fueron también paralelos a otros "drásticos en material, como por ejemplo chalecos antibalas, y en mejorar las instalaciones". En esa etapa, añadió, "se cerraron numerosos cuarteles de la Guardia Civil y se dispararon las bajas psicológicas en ambos cuerpos".

La curiosa evolución de las plantillas policiales en Catalunya

Por otro lado, llama la atención lo ocurrido con las plantillas de las fuerzas de seguridad en Catalunya, comunidad que durante la presidencia de Rajoy se convirtió en el principal foco de tensión territorial a cuenta de las consultas soberanistas del 9-N de 2014 y del 1-O de 2017.

Las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en esa comunidad entraron en fase menguante en 2013, con la tensión del debate identitario en claro ‘crescendo’, para perder 792 efectivos, algo más de un 11% del total de los 7.093 iniciales tras el último refuerzo en 2012, en un recorte que prácticamente ha sido revertido tras volver a sumar 6.960 al finalizar 2019.

Al final, resulta que, en la práctica, las políticas de Rajoy debilitaban la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado en Catalunya, mientras las de Pedro Sánchez la refuerzan, lo que, también en este asunto, pone sobre la mesa las obvias contradicciones entre la gestión efectivamente realizada por los conservadores y los mensajes propagandísticos que lanzan en torno a ella.

Esos recortes no impidieron que hace unas semanas el PP tuviera una visceral reacción tras el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, el oficial que coordinó el dispositivo policial del 1-O en Catalunya, que incluyó el desplazamiento de hasta 6.000 agentes de los dos cuerpos con un coste de 87 millones de euros. Los conservadores llegaron a calificar esa decisión como una "agresión" al instituto armado.