En mayo de 2017, el Congreso puso en marcha una subcomisión para alcanzar un acuerdo con el que abordar la reforma de la ley electoral. Casi dos años después, el órgano no ha logrado sacar adelante ninguna medida que afecte a la estructura del régimen electoral general, a pesar de las numerosas propuestas que los diferentes grupos han presentado durante este tiempo.

La falta de consenso ha sido la tónica dominante de los trabajos que han desarrollado los miembros de la subcomisión, que sí que han impulsado algunas iniciativas que, no obstante, están lejos de la ambición con la que se afrontó en un principio la creación del órgano. 

En estos casi dos años, los grupos han logrado impulsar una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para reconocer el derecho de sufragio a las personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo. El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad esta iniciativa en octubre del pasado año, después de que los grupos consensuaran el dictamen de la ponencia en la subcomisión.

El otro logro del órgano se ha conocido este viernes, y es la presentación de una propuesta para suprimir el voto rogado y facilitar el sufragio de los ciudadanos españoles residentes en el exterior. Sin embargo, esta proposición de ley no cuenta con el consenso de todos los grupos. La iniciativa está firmada y fue registrada por el PSOE y Unidos Podemos, mientras Cs está a la espera del posicionamiento de la Junta Electoral Central sobre varias medidas recogidas en la propuesta.

Los grupos que registraron la iniciativa han decidido prescindir del apoyo del PP después de que los de Casado presentaran su propia propuesta, que abogaba por sustituir el actual voto rogado por un "certificado de acreditación" que para los socialistas suponía el mantenimiento del sistema vigente "por la puerta de atrás y con otro nombre".

Sin embargo, más allá del reconocimiento del sufragio a las personas discapacitadas y de lograr un consenso (en principio suficiente) para derogar el voto rogado, la subcomisión no ha ni siquiera profundizado en propuestas que afecten a la estructura básica del sistema electoral.

Esta situación no se debe a la ausencia de iniciativas; cada uno de los grupos ha puesto sobre la mesa multitud de reformas, pero no ha sido abordadas por la falta de consenso. El último intento para llevar una propuesta consensuada al órgano salió de un principio de acuerdo entre Unidos Podemos y Ciudadanos. Aunque no se llegó a plantear medidas concretas acordadas entre los dos grupos, sí que se reunieron para constatar la necesidad de alcanzar una fórmula que mejorase la proporcionalidad entre votos y escaños.

En este sentido, los de Pablo Iglesias llevaron a estas reuniones una batería de medidas destinadas a mejorar la proporcionalidad. El grupo confederal proponía sustituir el actual sistema de conversión de votos en escaños (la denominada ley D´Hont) por la fórmula Sainte-Lagüe, utilizada en países como Noruega o Alemania, y que prima a los partidos más pequeños en detrimento de los mayoritarios.

Bajar la edad mínima de sufragio a los 16 años

Con este sistema, según cálculos de Unidos Podemos, con el mismo porcentaje de voto alcanzado en las últimas elecciones generales, el PP pasaría de sus 137 escaños a 122, y el PSOE de 85 a 84. Por el contrario, el grupo confederal habría obtenido 77 diputados (ahora tiene 71), y Ciudadanos, 44 (en la actualidad tiene 32 escaños).

También proponían desde Unidos Podemos bajar la edad mínima para ejercer el sufragio de los 18 a los 16 años. A su juicio, el sistema actual deja fuera a "un millón de personas que tienen un sentido formado en los asuntos públicos y que tienen derechos y obligaciones comparables a los de las personas adultas". 

Ciudadanos puso sobre la mesa dos reformas concretas: el desbloqueo de las listas electorales y la reducción de dos a uno del número mínimo de escaños por provincia. El principio de acuerdo entre Unidos Podemos y los de Albert Rivera llegó una vez descartadas aquellas medidas que pudieran suponer una reforma constitucional, ya que los grupos eran conscientes de que no existía un consenso suficiente para abordar modificaciones en la Carta Magna.

La intención de estos dos partidos era la de atraer al PSOE a un acuerdo sin el PP, pero los socialistas rehusaron la invitación argumentando que cualquier reforma de la LOREG debía contar con los conservadores porque, explicaron entonces, "cuando hablamos de las reglas del juego constitucional" es necesario obtener amplias mayorías para dotar de estabilidad a la medida para que no se entre en una dinámica de reforma de la ley electoral en cada legislatura.

El PP también planteó sus propias modificaciones del régimen electoral. Los de Pablo Casado plantearon una reforma para que en los municipios gobernara la lista más votada. En concreto, se contemplaba dar la mayoría absoluta de concejales a quien gane con el 35% o más de votos y cinco puntos de ventaja sobre el segundo, o con el 30% o más y diez puntos de diferencia.

Los trabajos de la subcomisión para la reforma electoral, a la que se le ha encargado la elaboración de un informe sobre posibles modificaciones, se han prorrogado en numerosas ocasiones. La última "fecha de caducidad" del órgano era diciembre del pasado año, pero el Pleno del Congreso acordó prorrogar su actividad hasta el 30 de junio de este año.