Tras la tormenta electoral de Madrid llega la "calma" al Gobierno de coalición, que ha retomado la negociación de una de las principales reformas que alejaban al PSOE y a Unidas Podemos: la ley de Vivienda. Esta norma es uno de los puntos del acuerdo que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron de cara a la investidura del líder socialista, un punto que concretaron en el pacto presupuestario alcanzado a finales del pasado año, donde ambas partes se comprometían a llevar un proyecto de ley al Consejo de Ministros antes de que finalizara enero.

Casi cuatro meses después, la ley no solo no ha visto la luz, sino que ha visto incumplidos de forma sucesiva unos plazos que se han ido renovando con cada retraso. La fecha límite del acuerdo presupuestario se situaba en enero, pero el Ministerio de Transportes la retrasó en dos ocasiones (una de ellas esgrimiendo el argumento de la celebración de las elecciones catalanas) y, finalmente, se asumió que no habría avances hasta después de las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid.

Lo cierto es que apenas tres días después de los comicios, el pasado viernes el Ministerio de Transportes y el de Derechos Sociales y Agenda 2030 retomaron las reuniones para tratar de desencallar la negociación. Sin embargo, fuentes conocedoras de este encuentro apuntan que no se produjo ningún avance relevante en la primera toma de contacto tras el 4M.

La situación sigue siendo prácticamente la misma: hay brotes verdes en algunos de los temas tratados (prohibición de los desahucios, creación de un impuesto a las viviendas vacías, incremento de los parques públicos de vivienda social...), pero la negociación sigue lastrada por la lejanía entre el PSOE y Unidas Podemos en materia de regulación de alquileres.

Mientras el Departamento dirigido por Ione Belarra insiste en la necesidad de fijar un tope a los alquileres (en el acuerdo de coalición se especifica el compromiso para regularlos), el de José Luis Ábalos continúa apostando por los incentivos fiscales para los propietarios que voluntariamente escojan rebajar sus rentas, una fórmula que, defienden, ofrece mayor seguridad jurídica que la intervención del mercado del alquiler.

Teniendo en cuenta que este desencuentro ha llevado las negociaciones a un punto muerto en varias ocasiones, ambas partes se centraron en sus últimas reuniones (antes de las elecciones madrileñas) en tratar de buscar una vía de salida a través de avances en otros puntos de la ley.

Desahucios e impuesto a la vivienda vacía

En esta línea, han avanzado en la creación de un impuesto a las viviendas vacías, una tasa que se materializará a través de un recargo del IBI. Desde hace algún tiempo, Transportes está trabajando en una propuesta para definir primero y de forma clara qué se entiende como vivienda vacía y, luego, facilitar las actuaciones de los ayuntamientos para poder incrementar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) hasta el 50% en los casos que se determinen (una tasa que se está definiendo con el Ministerio de Hacienda).

También han habido progresos en materia de prohibición de desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. La idea con la que se trabaja es la de trasladar el mecanismo adoptado durante el estado de alarma a la futura norma en términos similares, como había pedido Unidas Podemos.

Esta fórmula consistiría en que los juzgados se vean obligados a solicitar un informe preceptivo en los procesos de desahucios a los servicios sociales, que a su vez determinarán si existe una situación de vulnerabilidad y, en ese caso, las comunidades autónomas tendrán la obligación de ofrecer una alternativa habitacional digna (esta fórmula se está perfilando con el Ministerio de Justicia).

Durante la campaña madrileña, Unidas Podemos insistió en la necesidad de aprobar la ley de forma urgente y en un contexto electoral de una comunidad cuya ciudadanía sufre sobremanera los precios abusivos del alquiler. Pablo Iglesias situó la regulación de los alquileres como una de sus medidas estrella y prometió la elaboración de una norma autonómica en esta materia si llegaba al Gobierno.

Por su parte, el candidato socialista, Ángel Gabilondo, se comprometió a pagar el primer mes de alquiler de todas las personas menores de 30 años si era investido como presidente del Ejecutivo autonómico. El avance de la derecha y de la ultraderecha en Madrid podría ser un punto de inflexión para que el Gobierno dé prioridad a su agenda social, en la que la ley de Vivienda tendría un papel muy importante.

De momento, si hay alguna reflexión en este sentido, no se ha materializado en las negociaciones entre el Ministerio de Transportes y el de Derechos Sociales, que en las próximas semanas tratarán de desencallar una ley que ya se ha quedado al margen de sus propios plazos.