El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano que decide los nombramientos y ascensos de la carrera judicial. Está formado por 21 miembros, incluyendo a su presidente, que es también presidente del Tribunal Supremo. Tanto los vocales como el presidente se nombran cada cinco años y deben acordarse por tres quintos del Congreso –210 votos,– lo que hasta ahora ha requerido que PP y PSOE se pusieran de acuerdo para los nombramientos.

El actual Consejo se conformó el 4 de diciembre de 2013, cuando el PP de Mariano Rajoy ostentaba una holgada mayoría absoluta, lo que se tradujo en once miembros propuestos por los populares, por los siete del PSOE, uno de IU y otro del PNV. Un reparto de fuerzas que poco tiene que ver con las mayorías representadas actualmente en las cortes. El presidente Carlos Lesmes es también un magistrado afín al PP.

El líder de los populares, Pablo Casado, consciente de que el reparto actual le beneficia, se ha negado a renovar este órgano constitucional. La actual mayoría conservadora ha permitido que, en este tiempo de interinidad, Lesmes haya renovado a 46 altos cargos de la cúpula judicial. Eran decisiones que hubiera correspondido al próximo Consejo y que condicionarán a la Justicia en los próximos 20 años. Es como si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuviera en funciones y nombrase a los ministros de los próximos cinco años, sabedor de que habrá otra persona al frente del Ejecutivo.

El presidente interino del CGPJ ha impulsado para los altos cargos de la cúpula judicial a magistrados de su confianza. Incluso en el Supremo tienen un sobrenombre: los GAL, el "Grupo de Amigos de Lesmes". Fueron los GAL de la Sala Primera los que dictaron recientemente un auto que impide que el Supremo aborde la venta de pisos sociales de Madrid a fondos buitre, realizada por la anterior alcaldesa Ana Botella. Entre ellos se encontraba su exjefe de gabinete Berberoff.

Todavía faltan por nombrar a tres magistrados de la poderosa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, es la sala por la que pasan todos los casos de corrupción. "Hoy, las cinco salas del alto tribunal tienen una mayoría de tendencia conservadora y los políticos que negocian ahora los pactos no saben que no podrán gobernar con un Tribunal Supremo de cara" explicaban recientemente fuentes progresistas del CGPJ a Público.

El PP culpa a Podemos de la falta de acuerdo

Sánchez reveló este lunes que el Ejecutivo entabló en el mes de mayo negociaciones con el Partido Popular para la renovación de las principales instituciones del Estado (el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo o la cúpula de RTVE, entre otras), antes de que los conservadores volasen este consenso. "Se había llegado a un acuerdo al 99% que, incomprensiblemente, el PP rompió en agosto", afirmó el socialista.

El jefe del Ejecutivo lleva meses insistiendo al líder de la oposición de la necesidad de llevar a la práctica la renovación de estos órganos, porque, a su juicio, "las instituciones necesitan una dosis extra de legitimidad". El PP, por su parte, no admite que el pacto estuviera tan cerrado, aunque sí la intención inicial, y asegura que lo que cambió es la actitud de Unidas Podemos en agosto, cuando estalló el escándalo por la huida del rey Juan Carlos de España.

La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, aseguró este martes en RTVE que su formación  no podía llegar a acuerdos con el Gobierno para la renovación del Poder Judicial porque Podemos "quiere romper el orden constitucional". Sin embargo, ante las preguntas de los periodistas, Pastor no supo explicar por qué un partido que se autodenomina constitucionalista está bloqueando desde hace casi dos años la renovación de un órgano constitucional.

Es precisamente lo que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, le afeó al secretario general del PP, Teodoro García Egea, durante la ultima sesión de control a Ejecutivo. Iglesias acusó al número dos de Casado y a su partido de creerse que "las instituciones de este país son suyas", en referencia a la negativa del PP de renovar los órganos constitucionales. "Por eso crearon una estructura mafiosa de polilcías para perseguir a sus adversarios poíticos y para tratar de tapar sus escándalos de corrupción", en referencia a la operación Kitchen y el uso de los recursos del Ministerio del Interior.

Cerco judicial al PP

La operación Kitchen es uno de los nuevos frentes del PP en la justicia y que contribuye a la lista motivos por los que a Casado no quiere renovar el Poder Judicial después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón levantara este lunes el secreto de sumario. Se trata de una presunta trama delictiva que tuvo lugar durante la primera legislatura del Gobierno de Mariano Rajoy por el espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y que involucra al entonces presidente del Ejecutivo y a algunos de sus colaboradores más cercanos como los exministros Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal, a los que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación.

No es la única, las dimensiones de macrocausas como Gürtel o Púnica, tramas corruptas que florecieron con el PP en distintas administraciones, y que afectan de lleno a destacas figuras del partido, son enormes. En el caso de Gürtel, la condena a la formación conservadora por beneficiarse de la trama corrupta y la moción de censura de Pedro Sánchez contra Rajoy, que tuvo lugar hace dos años, dejó una herida en los conservadores que está lejos de cerrarse. 

Por lo que respecta a la trama Púnica hay cerca de una quincena de piezas separadas: tenía ramificaciones en León y Murcia, sin olvidar la pieza sobre la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid. Las nuevas revelaciones, de julio de 2020, sobre la financiación interna en la etapa de la expresidenta de la Comunidad de Madrid y 'madrina polítitica' de Casado, Esperanza Aguirre, apuntan a un periplo que se alargará, como mínimo, otro año. 

Un 'modus operandi' que se repite

No es la primera vez que el PP trata de impedir la renovación de la cúpula judicial, ya lo hizo Mariano Rajoy tras la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004. "El CGPJ se va a convertir en la oposición al Gobierno". Esta frase parece actual, pero fue pronunciada por el vocal Enrique López en el año 2004, quien actualmente es consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y miembro de la directiva de Casado.

Así fue. López y el CGPJ –del cual era portavoz– se convirtieron en el ariete del Gobierno socialista de Zapatero durante el año y diez meses que estuvieron en funciones. Y esta fuerza sirvió a los populares para negociar con ventaja ante el PSOE. "Si aceptan modificar el sistema de elección de los vocales del CGPJ, entraremos a negociar; si no, va a ser difícil llegar a un acuerdo", explica una fuente del PP. Ese fue el argumento utilizado por el portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida, en una reciente entrevista.

"Nosotros lo que decimos a Pedro Sánchez es: 'Vinculemos la renovación a la reforma del sistema de elección que nos parece razonable y por tanto que sean los jueces los que elijan a los miembros del CGPJ'", señaló en Onda Cero. Sin embargo, este cambio requiere de una reforma legal que nunca se ha producido cuando el PP ha gobernado con mayoría absoluta.