Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF se concentraron este jueves a las puertas de la sede central del Servicio Andaluz de Salud y exigieron a la Consejería que modifique la polémica a orden que fija los precios de los conciertos sanitarios y permite –previo pago de la Junta a las empresas de hasta 60 euros por consulta– la externalización por primera vez de la Atención Primaria en Andalucía.

La concentración fue nutrida y sirve como un toque de atención al Gobierno de Moreno que sirve para calibrar el ambiente previo a las manifestaciones convocadas por las mareas blancas para el próximo 25 de marzo en las provincias andaluzas. En ella se corearon lemas como: "Moreno Bonilla, queremos más plantilla"; "sanidad pública y de calidad"; "menos directores y más trabajadores"; "la sanidad no se vende, la sanidad se defiende".

Esta es la descripción que hacen las centrales de la situación de la Primaria en Andalucía: "Más de 10 días de espera para una consulta, una presión asistencial como nunca ha existido, cada vez menos médicos de familia, un aumento de las tareas burocráticas, déficit de personal en todas las categorías, aumento de las agresiones, cada vez peor la asistencia a crónicos y cada vez peores condiciones laborales y asistenciales y la consejera no hace absolutamente nada por generar un cambio más que necesario en la Atención Primaria".

Las direcciones de UGT y CCOO tienen cerrado un acuerdo con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que no implica la derogación de la orden de la polémica –sí acota sus efectos– y sus representantes reclamaron a Salud que cumpla con lo pactado. "Exigimos al Gobierno andaluz que lo que pone por escrito en los acuerdos se lo haga cumplir a su consejera de Salud", dijo Antonio Macías, de UGT.

El acuerdo consta de varias patas en lo que se refiere a la Atención Primaria y la orden de precios de los conciertos. Por un lado, dedicar al menos el 25% del presupuesto (en 2020, según los últimos datos disponibles, estaba en el 17%) de salud a la Atención Primaria.

Por otro, según el texto enviado a los medios, garantizar "la preservación de la no externalización de la Atención Primaria salvo en situaciones de emergencia sanitaria sin posible cobertura por los servicios públicos". Es decir, esta redacción evita la retirada de la mención expresa a la Atención Primaria, que por primera vez recoge la orden que fija los precios de las derivaciones a la sanidad privada.

Por último, "cualquier infraestructura, medio diagnóstico o dotación sanitaria que haya sido financiada con fondos públicos, será destinada en exclusividad a la utilización por el sistema sanitario público andaluz".

Externalización

En la concentración, a la que acudieron dirigentes del PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, el presidente del sector de sanidad de CSIF en Andalucía, Victorino Girela, habló de "colapso y la asfixia" y señaló que la orden de precios era "indignante", "ofensiva" y "peligrosa".

El secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Andalucía, José Pelayo Galindo, afirmó: "se adquieren compromisos, pero ahora la Consejería tiene que negociar cosas reales que se han perdido". "Queremos revertir la externalización en la sanidad pública, porque desde que está el PP llevamos cuatro ejercicios presupuestarios donde la externalización ha aumentado un 30%", agregó.

Desde que llegó al Gobierno, el PP ha incrementado en términos absolutos el gasto año tras año en conciertos sanitarios. De 410 millones al cierre de 2018, se había pasado a 523, un 27% más, al cierre de 2021, según los datos de Salud. En términos relativos, sin embargo, el gasto en conciertos respecto del total del gasto sanitario, debido al aumento del presupuesto global (sobre todo por la pandemia) destinado a Salud, ha aumentado apenas unas décimas, del 4,40% de 2018, cuando el PSOE dejó la Junta, al 4,49% de 2021. Esta cifra es aún de las más bajas del país, por lo que el margen que tiene el PP para mejorar el negocio de las empresas en este terreno es muy amplio.