El Supremo celebra la vista por el recurso de Greenpeace contra el secretismo oficial de España en la venta de armas

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha celebrado este martes la vista por el recurso de casación interpuesto en 2020 por Greenpeace contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó las pretensiones de la ONG de acceder al contenido de las actas de la JIMDDU [Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso], del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

La ONG pretendía conocer la exportación de armas de España a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, estados que emplean ese material bélico para cometer crímenes de guerra. 

El Ministerio de Comercio denegó la solicitud de Greenpeace, basándose en que es materia clasificada como secreto de Estado desde que en 1987 el expresidente Felipe González la clasificó de esa forma. 

La organización pacifista interpuso entonces un recurso contra la negativa del Gobierno en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que acabó inadmitiéndolo. Contra esa decisión, Greenpeace interpuso un recurso de casación ante el Supremo, que hoy ha celebrado la vista, con la representación legal de la ONG frente a la de la Abogacía del Estado. 

Según fuentes jurídicas, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han formulado preguntas que han incidido en la Ley de Secretos Oficiales. La cuestión fundamental es si en base a la ley franquista en vigor puede el Estado denegar el acceso a la información sobre el comercio de armas a terceros países.  

Las razones del Estado para denegar los datos

La Abogacía del Estado ha invocado aspectos de "seguridad nacional", remarcando que "las reservas militares de cada nación se consideran un Secreto de Estado", por lo que "si España procediese a facilitar el listado de productos adquiridos por Arabia Saudí para este fin, existiría un evidente riesgo de provocar un conflicto internacional, con un operador clave en Oriente Medio, a lo que se le une la desconfianza que se generaría en la comunidad internacional ante la difusión de información sensible para la seguridad interna e internacional de terceros países por parte de España, de manera oficial". 

El Estado advierte del riesgo de un conflicto internacional si hace pública la venta de armas a Arabia Saudí

La representación legal del Estado ha invocado además los "intereses económicos y comerciales" de las empresas españolas exportadoras de armamento, remarcando que el acceso a la información sobre las ventas a Arabia Saudí "dañaría la posición competitiva de la entidad solicitante de la licencia, debilitaría su posición en el mercado y produciría un perjuicio económico al revelar y hacer accesibles conocimientos exclusivos de carácter técnico o comercial de la empresa amparada por el secreto empresarial".

Los argumentos de Greenpeace 

La abogada de Greenpeace, Lorena Ruiz-Huerta, exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, indica a Público: "Que el Tribunal Supremo haya celebrado una vista sobre el recurso de casación de Greenpeace demuestra el interés del Supremo en este caso y nos ha permitido exponer los argumentos que tenemos para pedir que se nos ampare".

España invoca "intereses económicos y comerciales" para seguir manteniendo en secreto la venta de armas

En primer lugar, dice la abogada, "el acceso a la información es parte integrante del derecho fundamental a la libertad de información, consagrado en el artículo 20 de la Constitución". 

En este sentido, "los secretos de Estado, que es el motivo que esgrime el Gobierno para no darnos la información, no pueden utilizarse con carácter general para denegar toda la información relativa a la venta de armas. En este caso, se están vendiendo armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos contra el tratado de comercio de armas europeo, que lo prohíbe para los casos de países que vulneren los derechos humanos", dice Ruiz-Huerta.

Greenpeace denuncia que "toda la legislación que regula las exportaciones de armas es de facto papel mojado, porque no se pueden conocer los argumentos del Gobierno para autorizar las exportaciones, lo que impide verificar que las mismas cumplan la legalidad nacional e internacional en materia de protección de los derechos humanos". 

Lorena Ruiz-Huerta alega, además, que invocar los motivos económicos de las empresas para vulnerar el derecho fundamental a la información "no debería ser lícito".