El Tribunal Supremo ha acordado abrir un procedimiento contra el diputado de Unidos Podemos Alberto Rodríguez por un presunto de delito de desorden público relacionado con un altercado con policías locales que tuvo lugar en la madrugada del 25 de diciembre de 2006 en La Laguna (Tenerife).

En un auto, la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional recuerda que es competente para investigar si el diputado participó en los hechos al ser aforado. Además, ha nombrado al magistrado Julián Sánchez Melgar para que instruya la causa y con el fin de que Rodríguez "pueda ser oído".

"Está acreditada al estar completa la fase de instrucción y formulada acusación contra la persona que después resultaría aforada", explican los magistrados.

Según recoge el auto, en la madrugada del día de Navidad de 2006, tras una identificación realizada en un control de la Policía local de La Laguna en un dispositivo contra el consumo de drogas, los policías sufrieron, presuntamente, un "hostigamiento" de Rodríguez y otro acusado. Los policías, según dice el auto, fueron "increpados por las personas que allí se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas, provocando que arrojaran botellas, vasos y otros objetos", ocasionando desperfectos en un vehículo.

Hace unos meses, en una entrevista con El País, Rodríguez explicó que en "ningún caso" insultó a los agentes, y que simplemente le detuvieron cuando informaba telefónicamente a sus amigos de lo que había ocurrido. Continuaba afirmando que su hermano perdió la visión en un ojo a raíz de la agresión de uno de los agentes. 

En 2014, el Juzgado de lo Penal número 3 de Santa Cruz de Tenerife dictó una sentencia de conformidad respecto a dos acusados, dejando pendiente la celebración del juicio contra otras dos personas que no alcanzaron ningún acuerdo al conocerse que uno de ellos, Alberto Rodríguez, había sido elegido diputado. Tras la elección, se mandó testimonio al Tribunal Supremo para el enjuiciamiento del aforado.

Por último, en el auto de seis páginas, los magistrados añaden que el procedimiento contra el resto de los investigados pendientes de juzgar debe continuar en el Juzgado de Santa Cruz de Tenerife, que fue el que remitió testimonio del caso al Supremo.