Suspenden el juicio del caso Gürtel por los contratos en Fitur para practicar nuevas declaraciones

VALENCIA.- El juicio del caso Gürtel por los contratos de la Generalitat Valenciana para su expositor en Fitur, que celebraba su primera sesión de conclusiones, se ha suspendido para practicar nuevas pruebas, las declaraciones de nuevos testigos a propuesta de las defensas de Francisco Correa y Pablo Crespo.

Estas declaraciones se producirán los días 7, 8 y 11 de abril y se han solicitado después de que se anunciara que el fiscal ha imputado un nuevo delito, el de asociación ilícita, a los cabecillas de la red Gürtel y a los trabajadores de la empresa de la trama en Valencia, Orange Market.

El Ministerio Público entiende que el grupo de empresas de Francisco Correa fueron creadas "con la exclusiva finalidad de delinquir", que constituyeron una organización estable, permanente y jerarquizada.

En consecuencia, se eleva la petición de pena en tres años para Crespo (hasta un total de 14 años) y Correa (13) y en 18 meses para los empleados de sus empresas: Isabel Jordán (siete y medio), Mónica Magariños (seis y tres meses), Álvaro Pérez (once y medio) y Cándido Herrero (siete y medio).

Ante estas nuevas acusaciones, las defensas de los considerados cabecillas de la supuesta trama corrupta pidieron que fuesen rechazadas o que, en su defecto, se admitiese la práctica de nueva prueba, concretamente la declaración de 11 testigos, algunos de los cuales ya prestaron declaración en este mismo juicio.

Tras estudiar esta petición, que no fue trasladada al resto de defensas, la sala ha acordado admitir la modificación de la calificación fiscal, con el criterio de que la variación de la misma esté "basada en los hechos del presente procedimiento". Respecto a los nuevos elementos probatorios, se ha admitido "sólo a efectos del cambio de calificación".

Para las declaraciones de los testigos se han fijado los días 7,8 y 11 de abril, si bien las citaciones se especificarán en una resolución aparte. Según ha explicado la defensa de Pablo Crespo al término de la vista, la mayoría de testigos propuestos ya han declarado en este juicio, mientras que otros son "proveedores que vendrán a aclarar que (las empresas de Correa) eran una organización empresarial, no criminal.

A estos testigos únicamente se les podrá preguntar y sólo se podrán pronunciar sobre las nuevas acusaciones de asociación ilícita, de forma que su presencia no podrá ser utilizada para introducir otros asuntos.

La fiscal ha formulado su protesta ante la decisión de la sala de admitir nuevos testigos, una medida que "respeta, pero no comparte"

La fiscal ha formulado su protesta ante la decisión de la sala de admitir nuevos testigos, una medida que considera "garantista", que "respeta, aunque no comparte", según ha explicado posteriormente. Asimismo, ha defendido la existencia de una asociación ilícita en este caso, con independencia de lo que se pueda considerar en el resto de piezas del caso Gürtel que se enjuiciarán en la Audiencia Nacional.

También han efectuado alegaciones contra la decisión de la sala las defensas de Magariños, Pérez, Jordán, Herrero y Crespo; y en una de sus intervenciones, ésta última ha soliviantado a la presidenta de la sala (y del TSJCV), Pilar de la Oliva. Dirigiéndose al letrado de Crespo, Miguel Durán, la presidenta ha dicho: "pero si esta actuación está motivada por su petición ¿qué me dice usted?".

El juicio se retomará el próximo jueves a las 9.30 horas con las declaraciones de los testigos propuestos por las defensas de Crespo y Correa.

Esta suspensión no es la primera medida considerada "garantista" que adopta la sala, dado que la vista -que arrancó el 31 de marzo de 2015 con un año de retraso debido al conflicto de competencias que generó la dimisión como diputadas de las dos exconselleras procesadas- ya se suspendió al día siguiente a petición de las defensas, para que pudiesen examinar nueva documentación, y se retomó el 19 de junio.

En el banquillo de los acusados se sientan trece personas, entre ellas dos exconselleras de Turismo: Milagrosa Martínez y Angélica Such, así como cinco empleados públicos, entre ellos el jefe de gabinete de Martínez, Rafael Betoret, condenado en la pieza separada conocida como causa de los trajes de este mismo caso Gürtel.

También están procesados seis responsables y empleados de la trama Gürtel, como los supuestos cabecillas Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez "El Bigotes", Cándido Herrero e Isabel Jordán.