El Partido Popular ha registrado en el Senado la petición de una comisión de investigación sobre la elaboración y autoría de la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante "la gravedad que supone no aclarar un posible fraude".

En el texto se apunta a que Sánchez "no quiere dar explicaciones" sobre este asunto y su negativa a comparecer ante las Cámaras supone "un desprestigio" para ellas. La petición está firmada por 24 senadores conservadores y la senadora de Foro Rosa Domínguez.

El objetivo de esta comisión será "determinar si ha habido plagio o no" en la elaboración de la tesis doctoral del presidente del Gobierno, así como "aclarar si se ha respetado la normativa" establecida para la obtención del título de Doctor, ya que entienden que "son muchas las irregularidades detectadas" en el trabajo académico.

El presidente del Senado, Pío García-Escudero, ya envió este miércoles a Sánchez la solicitud del PP para que comparezca ante el Pleno de la Cámara para explicar su tesis doctoral. Estas peticiones llegan tras la negativa expresada el martes por Sánchez de acudir al Pleno para tratar estos dos asuntos. La Mesa del Senado se reunirá de nuevo la semana que viene, el día 16, y se sabrá entonces si hay alguna respuesta de Moncloa.

Sánchez ofrece un pleno general 

Como se informó el pasado martes, el Gobierno ha ofrecido la posibilidad de un Pleno con el presidente sobre política general en el que se puedan plantear estos dos temas entre otros muchos, pero el PP insiste en que quiere dos sesiones monográficas.

El Ejecutivo llegó a ofrecer una fecha para esa comparecencia genérica, el próximo 23 de octubre, día en el que el PP sostiene que Sánchez debe hablar de su tesis doctoral. Pese a la negativa del Gobierno, el asunto no está cerrado porque el orden del día de ese Pleno lo fijará García-Escudero el próximo martes y está por ver si decidirá incluir el polémico asunto o dar tiempo a que se resuelva la polémica. En cualquier caso, la potestad para fijar el orden del día de las sesiones es suya, oída la Junta de Portavoces.

De hecho, fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que el presidente del Senado puede fijar un Pleno que incluya la comparecencia de Pedro Sánchez sobre su tesis doctoral o sobre inmigración aún en contra de su voluntad, lo que abriría la puerta a un conflicto de competencias entre estos dos poderes del Estado.

El Ejecutivo comunicó este martes al Senado que el presidente no atenderá las peticiones del PP amparándose en que el Reglamento del Senado no le obliga a comparecer. Fuentes del Gobierno agregan que el Tribunal Constitucional ha dejado claro que el Ejecutivo debe atender las llamadas del Legislativo, pero de acuerdo con los Reglamentos de las Cámaras, pero el reglamento del Senado no dice nada al respecto.

Sin embargo, el PP apela al artículo 110 de la Constitución, que señala que "las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno". Si el presidente no atiende al Senado, amenazan con crear una comisión de investigación sobre el asunto y llamarle a declarar allí, donde las comparecencias son obligatorias.

Los conservadores están por tanto decididos a mantener la comparecencia de Sánchez y, dada su mayoría absoluta, cabe la posibilidad de que García-Escudero incluya el asunto en el orden del día del Pleno del 23 de octubre.

De momento, el Gobierno ha ofrecido a cambio celebrar un debate sobre el estado de las autonomías, que según el Reglamento del Senado tiene que organizarse una vez al año, entre febrero y junio, en el seno de la Comisión General de Comunidades Autónomas. Podrían participar en él, junto a Pedro Sánchez, todos los presidentes autonómicos.

Así las cosas, el Legislativo y el Ejecutivo se podrían dirigir hacia un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC) si el Senado llama a comparecer al presidente y éste no acude.

El TC tiene ya entre manos un enfrentamiento entre estos dos mismos poderes, aunque en el protagonismo en este caso era del Congreso frente al Gobierno en funciones de Mariano Rajoy. Durante la legislatura fallida, entre las elecciones de 2015 y las repetidas de 2016, el Ejecutivo del PP se negó a someterse al control del Congreso y éste llevó el asunto al Constitucional, que todavía no ha resuelto el conflicto.