Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, se reúnen este lunes con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el marco de la campaña de denuncia contra lo que consideran un 'ofensiva penal contra el derecho a huelga y la libertad sindical', según han informado ambos sindicatos y el Ministerio de Justicia en nota de prensa.

En encuentro, que tendrá lugar a las 10.00 horas, llega tras la solicitud de ambas centrales en después de recopilar más de 80 expedientes sancionadores en los que hay implicados más de 260 trabajadores y sindicalistas, de los que alrededor de 40 están acusados de un delito contra el derecho de los trabajadores durante jornadas de huelga, hechos por los que la Fiscalía acumula más de 120 años de prisión en solicitudes de pena ante los juzgados de distintas provincias.

 Toxo y Méndez trasladarán  al ministro de Justicia su 'preocupación por la deriva autoritaria que han tomado las actuaciones de los poderes públicos contra el derecho de huelga' y exigirán que desde el Ministerio se actúe para evitar que ningún encausado entre en prisión 'por desarrollar la actividad sindical', afirman.

Piden la revisión del artículo 135.3 del Código Penal, relativo al delito de coacciones durante una huelga

Los secretarios generales ya han puesto esta situación en conocimiento del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, a quien el pasado viernes trasladaron su inquietud por 'las actuaciones penales desproporcionadas e injustificadas'  de la Fiscalía.

Para UGT y CCOO se está aplicando una 'restricción desproporciona' del ejercicio de este derecho recogido en la Constitución, que 'durante más de 35 años se ha venido ejerciendo de manera democrática y constitucional por parte de los trabajadores de este país y que se ha caracterizado en todo momento por la ausencia de violencia', explican las dos centrales en un comunicado conjunto.

Toxo y Méndez trasladarán al Gallardón la necesidad, a su juicio, de revisar el Código Penal después del 'amplio debate social' que generó su reforma, en que hubo un aumento notorio de la respuesta penal ante cualquier conflicto o situación relacionada con el ejercicio del derecho de manifestación y reunión. Piden que se reforme la legislación en lo que atañe a los 'conflictos de naturaleza estrictamente laboral' como el ejercicio de huelga y actividad sindical. En concreto, exigen que se revise la 'inaceptable' regulación del artículo 135.3 de este cuerpo legal, con el que el Ministerio Público está llevando a cabo las acusaciones y que hace referencia al delito de coacciones para promover una huelga.

E.P| Madrid

El coordinador federal de IU y presidente del grupo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Cayo Lara, llevará este asunto hasta el Congreso de los Diputados y centrará su pregunta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la sesión de control en el Pleno de la Cámara el próximo martes en el acoso al que, en su opinión, están siendo sometidos los trabajadores y los sindicalistas por ejercer su derecho a huelga y manifestación.

En concreto, Lara se referirá al procesamiento de los sindicalistas para los que la Fiscalía pide más de 120 años de cárcel por su participación en huelgas generales contra las últimas dos reformas laborales, con el objetivo de conocer la 'posición' del presidente ante esta forma de actuar.Consideran que Rajoy está ejerciendo una política de 'intimidación' a los trabajadores

La Izquierda Plural considera que el Ejecutivo está ejerciendo una política de 'intimidación' a los trabajadores españoles que 'luchan' y se 'movilizan' por sus derechos 'amenazándoles' con penas de cárcel, con el objetivo de 'retrotraer' al país 'cien años en la Historia' y devolver el derecho de huelga al Código Penal, tal y como explicó el pasado martes el portavoz adjunto de IU-ICV-CHA, Joan Coscubiela.

El socialista Antonio Trevín también sacará este asunto a colación durante la sesión de control al Gobierno, si bien en su caso su pregunta irá dirigida al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a quien exigirá explicaciones sobre el 'cambio en las instrucciones que ha dado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado' en relación con su actuación en manifestaciones y huelgas, y sobre si tiene relación con 'el incremento del número de sanciones y penas de cárcel por el ejercicio de dichos derechos'.

De hecho, el pasado martes la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, calificó de 'muy preocupantes' las penas de cárcel impuestas a trabajadores que ejercen su derecho a huelga o a manifestación en pro de sus derechos, y consideró que esta forma de actuar acerca a España a un 'estado policial'. Además, lamentó la dificultad con la que se aplican el mismo tipo de sentencias a 'otros presuntos delitos vinculados con políticos'.