La exdirectora de la estación de Sierra Nevada acepta dos años de cárcel por prevaricación

María José López, exconsejera de Cetursa-Sierra Nevada, la empresa pública que gestiona la estación de esquí, y un alto directivo acusado junto a ella de prevaricar y falsear documentos públicos para saltarse las limitaciones en los sueldos han aceptado una condena a dos años de prisión y cinco de inhabilitación especial para empleo o cargo público con el que evitarán que se celebre el juicio que estaba previsto para este próximo lunes en la Audiencia de Granada.

Un acuerdo entre las defensas de los dos procesados, la Fiscalía y la acusación particular que ha ejercido Cetursa ha permitido dictar ya una sentencia condenatoria y evitar que se celebre el juicio.

Las partes han acordado una modificación del escrito provisional de acusación de la Fiscalía que aunque mantiene que los hechos constituyen un delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público cometidos por funcionarios, incluye atenuantes.

La Fiscalía había solicitado para cada uno de los acusados una condena a nueve años de inhabilitación para cargo público y siete años y medio de cárcel, aunque ha aplicado ahora rebajas por dilaciones indebidas, una analógica de confesión y disminución del daño.

Así, la sentencia condenatoria establece una pena a cuatro años y tres meses de inhabilitación para cargo público y dos de cárcel, aunque también se ha acordado sin oposición del ministerio público que no tengan que entrar en prisión.

Una larga investigación

La causa empezó en noviembre de 2018 cuando la Fiscalía abrió diligencias por un informe remitido por la Consejería de Turismo y Deportes después de una inspección de la Intervención General de la Junta y de la Cámara de Cuentas.

Ese informe alertaba de cantidades cobradas de manera irregular vinculadas a conceptos de antigüedad que habrían permitido a los dos altos cargos superar las limitaciones presupuestarias aprobadas por la Junta para puestos de alta dirección y que fijaban un salario máximo en 2015 de 55.277 euros, 58.848 en 2017.

Según mantuvo inicialmente la Fiscalía, los dos procesados, "pese a tener conocimiento de las normas presupuestarias", de común acuerdo y de manera consciente, incumplieron "gravemente" la normativa en un plan preconcebido que buscaba modificar la estructura de Cetursa, empresa pública que gestiona Sierra Nevada, y cobrar más de lo permitido.

En ese objetivo, modificaron sus condiciones laborales sin informes perceptivos y, en julio de 2014, sumaron cláusulas de antigüedad que la Secretaría General de la Administración Pública anuló en septiembre de ese año.