Las 'huchas' de Vox: Anticorrupción investiga cinco millones de euros obtenidos de donativos anónimos

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación a Vox por un presunto delito de financiación ilegal de partidos políticos recogido en el artículo 304 bis del Código Penal, penado con hasta cuatro años de cárcel y multas de entre el triple y el quintuple de las aportaciones recibidas fraudulentamente. 

La investigación, adelantada por El independiente, y confirmada por este diario, se centra en la querella que el PSOE presentó el pasado mes de diciembre y que ponía el foco en varios comportamientos del partido de Santiago Abascal que podrían ser constitutivos de financiación ilegal. 

Los socialistas indican en su querella que, al menos desde el año 2020 hasta la actualidad, en las mesas informativas que la formación política Vox despliega a lo largo de todo el territorio español incorporaba una serie de elementos de captación de ingresos económicos a modo de "huchas" o "cajas de caudales".

Se trata, según señala el PSOE, de "algo absolutamente irregular", junto con el sistema de oferta de elementos de merchandising, "con el objetivo de captar fondos en metálico de un modo absolutamente opaco". "La cuantía alcanzada en los últimos años con esta forma de captación de fondos irregular podría alcanzar los cinco millones de euros, según los datos obtenidos de las cuentas anuales que la formación política publica en su página web", informó el PSOE el pasado mes de diciembre cuando presentó la querella. 

Ahora, la Fiscalía ha estimado que dicha querella es merecedora de investigación prejudicial e inicia una investigación que, si logra detectar indicios delictivos, se convertiría, previa interposición de una querella por la Fiscalía, en una investigación judicial. 

La recepción de donaciones anónimas en huchas y la realización de ventas promocionales o productos de merchandising no estarían apoyados en una mínima contabilidad que justifique los ingresos, se desprende de la querella del PSOE. Así, por ejemplo,  los 1,8 millones de euros que el partido ultra ha podido ganar por ventas promocionales sin justificar, según un informe del Tribunal de Cuentas, en realidad podrían ser "donaciones ilegales encubiertas", indica la querella socialista.

"Los ingresos procedentes de merchandising o actividades promocionales también parecen carecer de toda trazabilidad, confundiéndose con los ingresos de donaciones anónimas que se anotan de forma conjunta como tales, por un valor inferior a 300 euros para evitar identificar a una persona, siguiendo las directrices internas de Vox que han sido publicadas por diferentes medios de comunicación", añaden desde el PSOE.

Según indica la Ley de Financiación de Partidos respecto a los beneficios derivados de las actividades promocionales es que estos "precisarán la identificación del transmitente cuando la transmisión patrimonial al partido político sea igual o superior a 300 euros".

Sin embargo, Vox estaría ingresando pequeñas cantidades, no superiores a 300 euros, como parte de los ingresos por venta de merchandising y por la captación de fondos en las huchas, evitando identificar a los donantes, según los socialistas.

El crédito húngaro de Vox

Otra de las cuestiones que el PSOE denunció y que ahora la Fiscalía Anticorrupción va a investigar es si el préstamo que Vox pidió al banco húngaro Magyar Bankholding (MBH) de 9,2 millones para las elecciones de 2023, según el partido ultra ha admitido, se dedicó íntegramente a dichos comicios o si por el contrario fue a parar a financiar otras partidas, lo que constituiría un delito.

El banco en cuestión es la segunda entidad bancaria de Hungría y uno de sus máximos accionistas es un amigo íntimo del presidente del país, el ultraderechista Viktor Orbán. Vox escondió la identidad del banco en sus cuentas de 2023, tanto las ofrecidas a sus afiliados como las que colgó en su página web, contraviniendo así la ley de financiación de partidos.

Esta norma orgánica prohíbe expresamente que las organizaciones políticas españolas acepten fondos por parte de gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos.

Sin embargo, según establece la ley, no constituiría delito penal si la irregularidad en la obtención de fondos se produce para financiar una campaña electoral, indican fuentes jurídicas a este medio. En ese caso, el partido sería sancionado por vía administrativa.

El Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador del sector público, sancionó a Vox el verano de 2024 con una multa de 233.000 euros por haber recibido donaciones ilegales para financiar una querella contra el expresident catalán Quim Torra y abonar la fianza de un joven procesado, en 2019.

Las cuentas del partido ultra correspondientes a 2019 presentaban varios puntos flacos en colisión con la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos, que prohíbe que los partidos reciban donaciones finalistas, es decir, aportaciones económicas destinadas expresamente a un fin concreto.