El juez ordena sellar los pozos ilegales de la Casa de Alba y cita como investigado a Martínez de Irujo
El auto del magistrado señala que la extracción de agua sin autorización puede haber causado un "daño sustancial" al medio ambiente con un "impacto colateral" en el Parque Nacional de Doñana.
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El juez que investiga un presunto delito contra el medio ambiente en una finca de la Casa de Alba, junto a Doñana, ha ordenado a la Guardia Civil que precinte ocho pozos sin autorización y la retirada de las bombas utilizadas para la extracción de agua. Además, ha citado a declarar como investigado a Luis Martínez de Irujo Honhenlohe-Langenburg, como representante legal de la empresa Eurotécnica Agraria que gestiona la finca de la familia aristocrática en el término municipal sevillano de Aznalcázar.
El magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), Pablo Aragón, ha emitido el auto tras el informe pericial del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, encargado por la Fiscalía, que concluye que la extracción de agua de los pozos sin autorización de la finca Aljóbar, propiedad de la Casa de Alba en las proximidades de Doñana, ha podido causar daños ambientales por valor de más de seis millones de euros.
En el auto, al que ha tenido acceso Público, se señala que los hechos investigados serían constitutivos de un posible delito contra el medio ambiente, tipificado en el artículo 325 del Código Penal, por la existencia de ocho pozos no autorizados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la finca Aljóbar, "que han sido objeto de precinto en fechas recientes por la autoridad administrativa (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) al volver a ser usados sin haber sido legalizados ni estar dotados de los preceptivos contadores volumétricos".
Según se recoge en el auto, el informe pericial de la Guardia Civil "viene a concretar o individualizar esos daños sustanciales al medio ambiente" que las extracciones ilegales de agua "han podido (o han causado) a ese acuífero y su entorno natural asociado". Sin embargo, el juez entiende que el "elemento típico (el daño causado), no acababa de acreditarse en estos autos" y que ello permite continuar la instrucción judicial con la declaración del representante legal de la empresa explotadora de la finca y la imposición, nuevamente, de las mismas medidas cautelares de precinto de los pozos que había levantado en mayo de 2023.
El magistrado destaca en el auto, emitido el pasado 31 de enero, que, tal como refiere el informe pericial, "se está ante un acuífero que solo se nutre de aguas pluviales y retornos de riego y cuyo descenso piezométrico se produce por los riegos" de las fincas agrícolas. Ese acuífero está conectado con el de Almonte-Marismas y el río Guadiamar, que "a su vez nutren al Parque Nacional de Doñana, cuyas aguas subterráneas y marismas son las responsables de reserva ecológica tan importante que constituye ese parque natural, cuyo deterioro en los últimos años es un hecho notorio indiscutible", añade el juez.
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Por tanto, el magistrado entiende que se deben seguir investigando estos hechos al haber indicios de un "daño sustancial" al medio ambiente con las captaciones de agua de la finca Aljóbar, "con impacto colateral en el Parque Nacional de Doñana y, en consecuencia, a su avifauna", teniendo en cuenta las conclusiones del informe pericial.
Como parte de las nuevas diligencias, el juez cita a declarar en el juzgado el próximo 20 de febrero a Luis Martínez de Irujo Hohenlohe, nieto de la fallecida duquesa de Alba, como representante legal de Eurotécnica Agraria, y ordena el precinto de los ocho pozos no autorizados y la retirada de las bombas y demás equipos instalados para extraer agua de ellos.
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El juez apercibe, además, a la empresa investigada de la posible comisión de un delito de desobediencia a la autoridad judicial si quebranta el precinto de los pozos o continúa extrayendo agua de ellos, y ordena al Seprona de la Guardia Civil a que proceda de inmediato a ejecutar estas medidas cautelares.
"Daños irreversibles" al ecosistema
La Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla remitió el informe pericial de la Guardia Civil el pasado 30 de diciembre al Juzgado de Sanlúcar la Mayor que investiga este caso desde hace año y medio. En su escrito, el Ministerio Público concluye que la extracción ilícita de agua de un acuífero, "que tiene un índice de sobreexplotación del 0,91% y un descenso importante del nivel piezométrico en los últimos cinco años, supone daños importantes para el ecosistema que pueden llegar a ser irreversibles, debido a las interconexiones naturales existentes entre las diferentes matrices (suelo, agua, biota)".
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El informe pericial sobre valoración económica del daño causado por la extracción ilegal de agua subterránea desde ocho pozos de la finca Aljóbar de Aznalcázar (Sevilla), donde la empresa Eurotécnica Agraria de la Casa de Alba cultiva naranjos y ahora también un olivar superintensivo, hace un somero análisis de las cantidades que han podido ser utilizadas entre los años 2014 y 2021 para el regadío de un terreno de 200 hectáreas, situado a las puertas del Espacio Natural de Doñana. "El valor del recurso extraído, teniendo en cuenta el rango de las necesidades hídricas del cultivo de cítricos y el beneficio obtenido por el cultivo de cítricos de forma irregular, oscila entre 5,83 millones y 6,18 millones de euros", concluye.
La Guardia Civil estima que en los años analizados se pudieron extraer de forma ilegal del acuífero entre 3,8 y 6,6 millones cúbicos de agua, a lo que se añade la pérdida de valores de los servicios ecosistémicos en el área afectada que ha podido causar también esa práctica fraudulenta y que calcula entre 62.539 y 113.353 euros. En total, el informe pericial calcula que la valoración total del daño causado por los pozos sin autorización de la finca Aljóbar se sitúa entre los 6,10 y los 6,49 millones de euros.
En el informe se analiza también la posible afección a Doñana y se señala que, en este caso, "la importancia de la sobreexplotación del acuífero adquiere un carácter muy relevante", puesto que la circulación del agua subterránea predominante es de norte a sur, "y se encuentra hidráulicamente conectado con el sistema acuífero Almonte-Marismas y el aluvial del río Guadiamar, nutriendo el Parque Nacional de Doñana".
"El agua subterránea de Doñana es el responsable de mantener de forma ininterrumpida las zonas húmedas, charcas, lagunas, etc. y de inundar las marismas durante parte del año, y sin ellas no hubiera sido posible desarrollar la importante reserva ecológica que representa Doñana, siendo uno de los patrimonios naturales más importantes de la Unión Europea", recalca el informe de la Guardia Civil que ahora ha tenido en cuenta el juez para llamar a declarar como investigado a un miembro de la familia aristocrática de la Casa de Alba.
En el informe pericial se advierte, asimismo, de los posibles daños sobre la biodiversidad en la zona afectada: "Si existe menos volumen de agua en las épocas de otoño e invierno, puede aumentar notablemente la presencia de nutrientes y este exceso puede conducir al dominio de algas verdiazules o plantas flotantes, lo que implica la pérdida de biodiversidad, generación de sustancias tóxicas por parte de las cianobacterias y la generación de condiciones anoxias en la columna de agua que favorece lo que se conoce como la eutrofización".
El informe del Seprona destaca que "el deterioro del Parque Nacional de Doñana cada vez es más notorio"
En cuanto a posibles afecciones sobre la fauna, el informe del Seprona destaca que "el deterioro del Parque Nacional de Doñana cada vez es más notorio y está perdiendo la capacidad de refugio para multitud de aves amenazadas, como es el caso de los gansos o las garzas, que han visto mermadas las poblaciones en los últimos años". "Esta situación -añade- implica que los hábitats para estas especies se vuelvan inhóspitos y ponen a prueba la resiliencia de las poblaciones de aves presentes en la zona".
Según este informe pericial, el regadío con aguas subterráneas con altos contenidos en sales puede provocar la salinización de los suelos. "La evaporación elimina parte de la humedad del suelo, formándose un depósito de sal en el suelo, con una serie de repercusiones directas sobre las plantas, como disminución de la capacidad de absorber nutrientes y, por tanto, un descenso de la productividad", advierte el Seprona.
Una querella presentada en 2023
La Fiscalía presentó en septiembre de 2023 una querella por un presunto delito contra el medio ambiente contra la empresa Eurotécnica Agraria, en cuyo consejo de administración figuran Eugenia, Cayetano y José Martínez de Irujo Fitz-James Stuart, y Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, integrantes de una de las más importantes familias aristocráticas y la mayor propietaria de tierras agrícolas de España.
El pasado mes de noviembre, durante una inspección a la finca, la Guardia Civil comprobó que seguía extrayéndose agua de los pozos de Aljóbar sin autorización después de que el juez hubiese ordenado el levantamiento de su precinto cautelar, tras lo cual, en diciembre, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) volvió a ordenar sellarlos por la vía administrativa.
Este caso comenzó en la primavera de 2023 con la denuncia que presentó un vecino de la zona ante la Confederación Hidrográfica, donde dijo que había descubierto nueve pozos que estaban ocultos bajo lonas de color verde para camuflarlos entre los cientos de naranjos plantados en la finca Aljóbar. Ante la falta de respuesta, el hombre se puso en contacto con Ecologistas en Acción, que presentó a su vez otra denuncia, también ante la CHG, y que se ha personado como acusación particular en la investigación abierta en el juzgado de Sanlúcar la Mayor.
A raíz de esas denuncias y tras una inspección previa, agentes de la Guardia Civil y de la CHG se personaron en junio de ese año en la finca para sellar de forma cautelar ocho pozos que habían comprobado carecían de autorización. Pero les negaron el paso. Así que la Confederación Hidrográfica, a través de la Abogacía del Estado, tuvo que solicitar en el juzgado la autorización para proceder al cierre de los pozos, mientras se tramitaba el expediente por una supuesta captación ilegal de agua en un terreno que tan solo contaba con permiso para dos puntos de extracción destinados al riego y una balsa de acumulación.
Tres meses después, en septiembre, fue cuando la Fiscalía de Sevilla presentó la querella en los juzgados de Sanlúcar la Mayor por un presunto delito contra el medio ambiente en la finca Aljóbar, basándose en un informe de la CHG, en el cual se valoraban en 36.702 euros los daños ocasionados al dominio público hidráulico por los riesgos ilegítimos con más de 305.851 metros cúbicos de agua en solo media campaña agrícola.
De forma paralela a la instrucción judicial por un presunto delito contra el medio ambiente, la empresa de la Casa de Alba ha emprendido un proceso administrativo para intentar legalizar en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la situación de los ocho pozos cuyo uso se investiga por la vía penal, transformando de derecho privado a concesión de aguas públicas esas extracciones.
De acuerdo con la solicitud que presentó en la CHG, Eurotécnica Agraria se compromete a reducir de 200 a 161,62 las hectáreas autorizadas para un riego por goteo de naranjos y olivar superintensivo, incorporando los ocho pozos que carecen de permiso, pero sin superar el caudal máximo concedido. Además, asegura que informará a la Confederación Hidrográfica en el primer trimestre de cada año de los volúmenes de agua extraídos y que dispondrá de un libro de control con el consumo mensual.
La empresa difundió un comunicado en 2023 en el que, además de asegurar que la extracción de agua no había superado en ningún momento el volumen máximo autorizado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivier, precisó que Luis Marínez de Irujo era el miembro del consejo de administración responsable de la explotación de la finca y que Eugenia Martínez de Irujo nunca había participado en esa gestión. En todos los autos y notificaciones de esta instrucción judicial figura siempre, sin embargo, con el encabezamiento de una querella "contra" Eugenia Cecilia Martínez de Irujo y Eurotécnica Agraria.
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